La investigación de las agresiones del 9 d'Octubre en València: 1.200 videos analizados por la Brigada de Información apuntalan el procesamiento de 28 ultras

Los ultras que protagonizaron las brutales agresiones del 9 d'Octubre del 2017 en Valencia están cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha dictado el auto de procedimiento abreviado que concluye la fase de instrucción, tras casi tres años de investigación, y formaliza la imputación judicial que pasa de provisional a definitiva. “Existen numerosos indicios racionales de criminalidad” contra los 28 ultras investigados, señala el auto.

El juez rechaza la petición de la acusación particular, ejercida por las organizaciones que componen la Comissió 9 d'Octubre, para que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional identifique a los miembros de la ultraderecha que bloquearon la plaza de Alfons el Magnànim obligando a desviar la manifestación hacia la plaza de América. El magistrado recuerda que la Policía ha visualizado e investigado más de 1.200 documentos gráficos y reconoce que otras personas partícipes de hechos penalmente relevantes “no han podido ser traídas al proceso como investigados”. 

El juez recuerda que la manifestación atacada por la ultraderecha es un “acto festivo y familiar” al que “acuden familias desde múltiples lugares de la Comunidad Valenciana”. Las agresiones se enmarcan en un “contexto político determinado” por la celebración del referéndum en Catalunya: “Estos hechos habían crispado extraordinariamente la situación política en el conjunto del Estado y tal crispación fue utilizada por los investigados”.

El auto recoge la cronología de las agresiones sufridas por manifestantes de izquierdas a plena luz del día, ante decenas de cámaras que inmortalizaron su violenta actuación de la extrema derecha y con un dispositivo policial a todas luces insuficiente. A las 17.30 de aquella jornada, un grupo de 50 o 60 miembros de la peña Yomus accedió a la plaza de San Agustín desde la calle de Guillem de Castro, alguno de ellos con el brazo en alto.

Los trabajadores del diario La Jornada que se disponían a montar un mesa informativa fueron localizados por uno de los investigados que “requirió” al grupo violento “para que agrediesen a los periodistas y les quitaran el material que llevaban porque, según proclamó a gritos, se trataba de propaganda de la CUP”. El ultra les dijo que les iba a “cortar el cuello” mientras gesticulaba simulando portar un arma blanca. Los ejemplares del periódico que acabaron en un contenedor de basura han sido tasados en 1.607,37 euros

Durante los “primeros conatos de enfrentamiento y carreras”, una pareja de jóvenes fue brutalmente agredida en la intersección de la avenida del Oeste con la calle de Nuestra Señora de Gracia, un ataque que grabó en directo una cámara de La Sexta. El auto alude a la actuación en solitario de Vicente D., el joven antifascista vestido con un polo azul que se enfrentó a los ultras y logró parar momentáneamente la agresión.

Los ultras pidieron, sin éxito, la imputación del joven, quien “valiéndose únicamente de sus manos y piernas y a pesar de que el grupo de los agresores era ciertamente numeroso”, según escribe el juez instructor, pudo repeler el ataque. La gallardía de Vicent D. consiguió alejar a los agresores durante unos segundos, tiempo suficiente para que las dos víctimas “pudieran ponerse en pie y huir”, señala el auto.

La joven agredida, que sufrió lumbalgia postraumática, contusiones y ansiedad, sigue en tratamiento a consecuencia de las secuelas derivadas del estrés postraumático y sufre sensación de vulnerabilidad. La víctima de los ultras declaró que continúa teniendo miedo de salir a la calle, especialmente de noche, y se mantiene “hiperalerta” por el miedo a ser “vigilada por el grupo agresor”. Así, evita pasar por la zona donde se produjeron los hechos y no participa en manifestaciones. El joven que la acompañaba sufrió, entre otras lesiones, traumatismo craneoencefálico con hematoma a nivel frontal derecho y ha necesitado tratamiento ansiolítico.

Casi al mismo tiempo, un fotoperiodista de El País fue agredido y varios investigados intentaron robar el material gráfico del profesional. Dos objetivos de su cámara, valorados en 1.600 euros, resultaron dañados por la brutal agresión, repelida de nuevo por el joven antifascista del polo azul antes de la llegada de agentes antidisturbios. “Al intentar levantarse, varios de los investigados le lanzaron una mesa y un cartel de una terraza de un bar próximo, llegando otros dos, posteriormente a darle puñetazos y patadas”, indica el auto en referencia al fotógrafo atacado.

La tradicional manifestación de la tarde del 9 d'Octubre “solo pudo iniciarse como consecuencia de la acción policial”, añade el juez, y durante todo el recorrido por la calle de Colón los manifestantes fueron increpados, “llegando a producirse conatos de agresión física que fueron evitados por las unidades policiales” desplegadas. Uno de los investigados en la causa amenazó a un periodista que cubría la manifestación (“te rajo el cuello”, le dijo). Otro de los ultras tiró al suelo el teléfono móvil con el que el periodista grababa el desarrollo de la tensa manifestación. El recorrido de la manifestación fue modificado sobre la marcha al haberse desplegado decenas de ultras en el monumento a Jaume I de la plaza de Alfons el Magnànim donde estaba revisto el acto final de la marcha progresista.

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València enumera el historial delictivo de los investigados, entre los que hay condenados por violencia de género, tráfico de drogas y agresiones, entre otros delitos, e incluso sus tatuajes con símbolos neonazis. Los agresores actuaron a plena luz del día y con decenas de cámaras grabando el ataque, un material gráfico que ha servido a la Policía para identificar a los militantes de la extrema derecha y de los grupúsculos anticatalanistas investigados en la causa. Las partes personadas deben ahora presentar escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral o pedir el sobreseimiento de la causa.