Los puestos de asesores en los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes son de libre designación pero se rigen por la legislación laboral. Se trata de un proceloso territorio intermedio entre el común trabajador por cuenta ajena y el cargo de confianza, con tareas técnicas pero siempre sensible a las fluctuaciones internas del partido.
Tres exasesores de Compromís en las Corts Valencianes han demandado a la formación por despido improcedente. Los extrabajadores, todos ellos militantes del partido, asistieron a la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación sin que se alcanzara un acuerdo entre las partes.
Uno de los trabajadores incluso reprocha una supuesta vulneración de derechos fundamentales (en concreto, a la libertad de expresión e ideológica) y reclama una indemnización por daños morales. Un argumento similar al que plantearon los extrabajadores de Podemos que demandaron al partido por “despido ideológico” durante la etapa de Pilar Lima al frente de la formación morada.
Dimas Montiel, que trabajaba en el grupo parlamentario desde 2011, fue despedido el 13 de junio de 2022 por la “situación económicamente negativa” de la formación. En un principio, Compromís recurrió a despidos voluntarios ante el acuerdo de los partidos con representación en la cámara para que al inicio de cada legislatura se constituyera un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social vinculado a cada periodo parlamentario de cuatro años y que suponía un notable gasto extra. Sin embargo, tal reforma del funcionamiento de los grupos parlamentarios nunca entró en vigor.
En aquella primera tanda de “reestructuración” del grupo parlamentario, cuatro trabajadores fueron despedidos (algunos se sumaron al despido voluntario). En 2023, con la nueva legislatura tras las pasadas elecciones autonómicas, otros dos trabajadores también fueron despedidos.
Dimas Montiel sostiene en su demanda que su despido se debió a “posicionamientos internos ligeramente discrepantes con la dirección”. También destaca como supuesta causa del despido la publicación de una tribuna de opinión crítica con la deriva interna de Compromís, firmada por él y por otros cargos de la formación.
Así, Montiel considera que su despido se debió a una “represalia” por representar una “voz discordante” en Compromís. La carta de despido, afirma la demanda, era “totalmente genérica e indeterminada”. El exasesor, representado por el sindicato Comisiones Obreras, solicita que el despido sea declarado nulo y que se le readmita manteniéndole la antigüedad y el puesto de trabajo.
En septiembre de 2023, tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, otros dos trabajadores del grupo parlamentario fueron despedidos. Ambos recurrieron su despido cuestionando la causa económica alegada en la carta de despido. Los exasesores sostienen que, tras su despido, el grupo parlamentario contrató a nuevos trabajadores e incluso aumentó el sueldo a algún técnico.
Los tres asesores despedidos que han recurrido militan en Més (una de las patas de la formación, heredera del antiguo Bloc). Sin embargo, rechazan que se trate de una cuestión interna de Més y alegan que fueron contratados originalmente (y, finalmente, despedidos) por el grupo parlamentario de Compromís, que aglutina a los diferentes partidos de la coalición valencianista. También afirman que se cometieron supuestas irregularidades y defectos de forma en el proceso de despido. Los tres exasesores ya tienen fecha de juicio.
Compromís, por su parte, declina comentar la situación al estar el proceso judicializado. La formación asegura que respeta el derecho de los tres extrabajadores a cursar las reclamaciones laborales que consideren. “Ante la reestructuración, ha habido trabajadores que no han demandado y otros que sí, evidentemente cumpliremos escrupulosamente con la legislación sin perjuicio de que las partes puedan llegar antes a algún acuerdo”, indican fuentes de Compromís.