El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha revocado la sentencia que obligaba al sindicato CGT a asumir las costas en el juicio a la exjefa de los funcionarios en la época del PP que pasó las respuestas de un examen a una amiga de Vox. El sindicato ejerció como acusación particular en el caso de Ana Brugger, exdirectora general de Función Pública en el Gobierno Valenciano, acusada de pasar en 2018 una respuesta de un examen de oposición a una amiga, María Gonzálvez, asesora de Vox en les Corts Valencianes y que también figuraba como acusada y ha sido absuelta.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia aprovecha el escrito para plantear sus dudas sobre las acusaciones y la posterior actuación, afeando a las partes que no recurrieran. La acusación particular, ejercida por la CGT, denunció un delito de falsificación documental, mientras que la Fiscalía formuló su escrito de conclusiones provisionales entendiendo los hechos como constitutivos de un delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos y de abuso en el ejercicio de sus funciones. El tribunal de la Audiencia Provincial consideró que los hechos no se ajustaban a estos tipos delictivos. La Audiencia Provincial sí consideró que es un hecho probado que la ex alto cargo y funcionaria, aprovechando que estaba en el aula vigilando el desarrollo de la prueba, consultó en el móvil y escribió unos datos esquematizados en unos folios que entregó a su conocida, pero por su presentación como guion, uso de abreviaturas y letra apresurada, esa información no estaba destinada para ser presentada como respuesta de una opositora al examen.
En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es el TSJ también aprecia indicios de delito, pero apunta que “ no cabrá profundizar en esta cuestión al no haber sido objeto de recurso”. “Si la Sra. Brugger tuvo conocimiento de ellas [las preguntas] nada más ser entregadas a los opositores, fue precisamente por su condición de funcionaria publica encargada de la vigilancia del examen, en definitiva hizo uso de una información privilegia. Posición privilegiada que además le permitió, a diferencia de lo que ocurre con los restantes opositores, servirse de su teléfono móvil para a través de internet averiguar las respuestas del examen, elaborando seguidamente un cuadro resumen que entregó a su amiga, con la clara finalidad de que esta obtuviera la ventaja económica que supone lograr un puesto de trabajo en la administración pública. Sin embargo, no cabrá profundizar en esta cuestión al no haber sido objeto de recurso. Pero hace ver que el proceso no era del todo infundado, alejándonos de la idea de ”pena de banquillo“ a que alude nuestra jurisprudencia”, indica la resolución.
“No negamos que la calificación jurídica de los hechos se presenta como difícil, aunque realmente tras la instrucción llevada a cabo resulta clara la incorrección de la calificación por la que opta la acusación popular”, expresa el tribunal en el escrito.
La sección sindical alega que no recurrió por falta de fondos e interpreta a partir del escrito que habría prosperado el recurso de haberlo interpuesto el Ministerio Fiscal. “La maniobra para nosotros es clara: ni hacer ni dejar hacer para salvar al corrupto, y a la CGT se le intimidó con la condena en costas para que no recurriera sobre el fondo del asunto”, asegura el sindicato en un comunicado.
La CGT, que celebra haber ganado el recurso y evitar el pago de las costas, considera esta resolución una muestra de los fallos del sistema judicial español. “La corrupción sistémica como explicación de las decisiones injustas que se están adoptando por los órganos del sistema judicial en casos graves y claros de corrupción. La inoperancia inducida, la desidia orquestada, la legislación a medida para salvar al corrupto, la falta de asignación de recursos intencionada y, en general, las graves irregularidades en el funcionamiento de la Administración de Justicia nos están llevando a la ausencia de condenas en casos de corrupción que consideramos inadmisible”, concluye el sindicato.