La UCO indaga el pelotazo de Zaplana en las ITV, que cambió de interventor dos horas antes de la reunión clave

El pelotazo de la privatización de las ITV supuso unos beneficios, solo para la familia Cotino, de 43 millones de euros. De la operación nacen las indagaciones del 'caso Erial', que investiga una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha interrogado a un interventor que participó en la primera fase de la millonaria adjudicación, según ha publicado el diario Las Provincias.

El funcionario, ya jubilado, asegura que la privatización no contaba con informe alguno que la justificara y declara que jamás en su carrera había presenciado una mesa de contratación con un vicepresidente. Una circunstancia que el informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre el proceso de adjudicación que consta en el sumario considera “inaudita”. El presidente de la mesa era precisamente el jefe de gabinete de Zaplana, investigado en la causa por cobrar en el extranjero 3,5 millones de euros en presuntas comisiones.

El interventor, encargado de fiscalizar el proceso de adjudicación, también ha declarado ante los agentes del instituto armado que la operación fue perjudicial para la Generalitat Valenciana y ha reiterado, tal como señalaba Antifraude, las presuntas irregularidades en los criterios de la oferta económica.

El miércoles 5 de noviembre de 1997, durante la última sesión de la mesa de contratación del concurso de las ITV, se adjudicaron cinco lotes, uno de los cuales fue para la familia Cotino. Sedesa, la empresa familiar, ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión de 25 años, prorrogables a 75.

Sin embargo, dos horas antes de la celebración de la mesa de contratación, el interventor fue cambiado sorpresivamente por otro funcionario. Fue la reunión clave del proceso de adjudicación que decidió las empresas que se repartieron el pastel de las ITV. Además, el acta de la sesión ni siquiera está firmada por el presidente o por el vicepresidente de la mesa de contratación “que, no obstante, aparecen como asistentes a la sesión”, según el informe elaborado por Antifraude. 

Así, el nuevo interventor que avaló la mesa de contratación, Ricardo Camarena Gil, sustituyó al funcionario que figuraba en las tres primeras sesiones del 17 y 23 de julio y del 6 de agosto. Camarena, tal como informó este diario, ha mantenido cargos societarios en una decena de empresas incluyendo constructoras y fotovoltaicas. El funcionario, que fue interventor de la Diputación de Valencia durante el presunto saqueo orquestado por el expresidente Alfonso Rus, declaró como testigo en el 'caso Taula'.

“Asombrosa inmediatez” de la adjudicación

La adjudicación de las ITV, teniendo en cuenta el volumen de ofertas, se hizo con una “inusual celeridad”, señala el informe de la Agencia Antifraude incluido en el sumario del 'caso Erial'. “De acuerdo con la experiencia de la práctica administrativa es de reseñar la asombrosa inmediatez y celeridad que concurre en el presente procedimiento de contratación”, destaca Antifraude, que también insiste en que “resulta peculiar que en el mismo día se realizaran, de forma simultánea, varios trámites administrativos complejos”.

La mesa no pidió “asesoramiento de carácter técnico” y además la existencia de la figura del vicepresidente es “inaudita” ya que, según Antifraude, no existe en la legalidad vigente. “En opinión de esta Agencia solo podría venir a servir para aumentar la representación y control político de la Mesa”, concluye el informe.