Los constructores Francisco Antonio Gigante Madrigal, con antecedentes penales por estafa y falso testimonio; su hijo David, condenado por lesiones, y su segundo vástago del mismo nombre que su padre, sin condenas a sus espaldas, participaron en una “estructura de generación de fondos en efectivo” dirigida por el empresario Joaquín Pastor Rico a la que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue la pista en el marco de las pesquisas del 'caso Azud'. Los Gigante, naturales de Ciudad Real, figuran como investigados en la macrocausa de corrupción y sirvieron de mera pantalla para ocultar el pago de gastos electorales para las campañas del 2007 del PP y del PSPV-PSOE.
Así, la firma Gigante Edificaciones y Obras SL ejerció, según un informe de la UCO al que ha tenido acceso elDiario.es, de “sociedad interpuesta sin funciones reales” para generar “dinero en efectivo” o “desvincular los pagos” del presunto corruptor Jaime Febrer a los dos partidos políticos, en una operación que benefició tanto a los populares como a los socialistas valencianos, con epicentro en el fallido pelotazo urbanístico del Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Espartal en la localidad alicantina de Xixona. Quien realmente apoquinaba el dinero era el empresario Jaime Febrer a través de Espacios Urbanos de Jijona SL.
El testigo Dionisio M. C., responsable de cuentas de las empresas Serviform y Key, declaró ante los investigadores del instituto armado que aquel año recibió un encargo por parte del entonces gerente del PSPV-PSOE, Paco Martínez, para trabajos electorales de la formación. La firma Key, que también ha llevado a cabo campañas para el PSOE, acabó cobrando los trabajos “tres o cuatro meses después”, abonados “por una tercera empresa”.
La empresa también elaboró trabajos electorales para Unió Valenciana, un partido proveniente de la extrema derecha anticatalanista y más tarde absorbido por el PP. Sin embargo, el testigo sostiene que “nunca ha tenido relación con ninguna persona vinculada a Unió Valenciana ni a ningún otro partido político que no sea el PSOE y a través de Paco Martínez”, también conocido en las filas socialistas como Paco Peseta. El entonces gerente del PSPV-PSOE, con el que se reunió varias veces en la antigua sede de los socialistas en la calle de Blanqueries de Valencia, le proporcionó los datos de la facturación de 102.080 euros, que asumió la empresa Gigante Edificaciones y Obras SL.
Dionisio M. C. explicó que “muchos partidos políticos financian campañas de otros para obtener beneficios electorales”. El resultado de aquellos comicios revalidó la mayoría absoluta del PP en el País Valenciano en su antepenúltima legislatura al frente del Palau de la Generalitat, con Francisco Camps de presidente autonómico.
La sociedad de Francisco José Gigante Navarro también abonó 261.000 euros a la firma de José Luis Vera, un letrado históricamente vinculado a los socialistas valencianos e investigado en el 'caso Azud'. Por otro lado, los Gigante pagaron 33.367 euros a la mercantil Cronosport SL, a la que el PSOE abona la modesta cantidad de 3.701 euros. El informe de la UCO incorporado al sumario destaca el pago de 72.629 euros de la agencia de publicidad Crespo Gomar a Cronosport SL.
Esta última firma es propiedad de Alberto Gomar, hijo del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia durante el mandato del socialista José Manuel Orengo, quien contaba con José Luis Vera como asesor. La empresa publicitaria se vio implicada en un caso de presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista Valencià, finalmente archivado por prescripción. El informe de la UCO anota que Crespo Gomar SL está “vinculada según fuentes abiertas con la financiación de este partido político”.
Las agendas de Febrer
Las agendas del empresario Jaime Febrer han permitido a los investigadores de la UCO reconstruir las reuniones y comidas entre el presunto corruptor del 'caso Azud' y destacados dirigentes socialistas, incluido el entonces secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla. La cronología arranca en marzo, con varios encuentros y ágapes entre Febrer y José Luis Vera. A finales de aquel mes de marzo figura una reunión en el Hotel Inglés entre Febrer, Vera y Rafael Rubio, entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia e investigado en el 'caso Azud'.
El 10 de abril del 2007 asisten tres comensales a una mesa del restaurante Eladio de Valencia: Febrer, Vera y Alfonso Grau, entonces mano derecha de la alcaldesa popular Rita Barberá (también imputado en el 'caso Azud'). Al día siguiente, el letrado José Luis Vera remite un SMS al empresario Jaime Febrer con el número de teléfono móvil de José María Vidal, entonces asesor del gabinete del ministro socialista Jordi Sevilla y actual presidente del Consell Audiovisual valenciano. El 12 de abril Febrer y Vera repiten mesa en el mismo restaurante con un nuevo comensal: el secretario general del PSPV-PSOE y candidato a las autonómicas del 2007, Joan Ignasi Pla.
El 17 de abril, el letrado constituye la mercantil Vera Llorens SLU. Nueve días después, Vera remite a Febrer un borrador del contrato entre su nueva empresa y Gigante Edificaciones y Obras SL, una firma que le acabaría abonando 261.000 euros. Las reuniones, principalmente entre Vera y Febrer (aunque a varias asiste también Rafael Rubio), se van sucediendo durante el mes de mayo en paralelo a los pagos de la empresa de Gigante Edificaciones y Obras SL por las campañas electorales.
El viernes 25 de mayo del 2007, dos días antes de las elecciones autonómicas, es un día especialmente ajetreado para el presunto corruptor del 'caso Azud'. El empresario Jaime Febrer se reúne a las 11.00 con José Luís Vera. A las 13.00 es el turno del entonces vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Y media hora más tarde, Febrer cierra la mañana reuniéndose con Josep Maria Cataluña, exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE y en aquel momento vicepresidente del consejo de administración de Bancaja.
Tanto Rubio, Vera, Cataluña como Vicent Sarrià —actual diputado socialista en el Congreso que asistió a dos comidas, en los restaurantes La Petxnia y Riff, con el empresario y sus compañeros de partido cuando era parlamentario autonómico y secretario de organización de la ejecutiva de Joan Ignasi Pla— recibieron regalos navideños de Jaime Febrer en la antigua sede del PSPV de la calle de Blanqueries.
La completa cronología de la UCO destaca los correos electrónicos enviados por Vera a Febrer sobre el convenio entre el Ayuntamiento de Xixona y la empresa pública estatal Acuamed, cuyo director de relaciones institucionales era el dirigente del PSPV-PSOE Joan Navarro, también imputado en la causa. Durante la operación del PAI El Espartal surgió un “grave problema” por la falta de recursos hídricos, según explica un auto de la jueza instructora que figura en el sumario. La presunta trama optó por conseguir los recursos hídricos a través de Acuamed para que la desaladora de Mutxamel-Campello abasteciera de agua al municipio de Xixona.
Medio millón para la alcaldesa del PP
José Luis Vera actuó como intermediario entre la empresa de Febrer y el Ayuntamiento de Xixona. El abogado “ideó” con el dirigente socialista Joan Navarro un convenio, que no era más que “un instrumento que podía ser firmado con rapidez por la alcaldesa [del PP] sin necesidad de los informes de intervención y acuerdos del pleno”, indica el auto.
La entonces primera edil popular, Rosa María Verdú Ramos, tuvo “un papel preponderante” en la tramitación del proyecto urbanístico. Sin embargo, la alcaldesa del PP perdió en 2007 la vara de mando en el Ayuntamiento de Xixona, siendo sustituida por el socialista Ferran Verdú. “Por razones de cambio del equipo de gobierno”, destaca el auto de la instructora, “la postura del Consistorio fue totalmente contraria al desarrollo del PAI El Espartal”.
Antes de que el proyecto urbanístico del empresario Jaime Febrer se fuera al traste después de tantas gestiones inconfesables, la alcaldesa popular se llevó a su bolsillo casi medio millón de euros de la presunta trama (concretamente 495.756 euros). En paralelo, según la UCO, el presunto corruptor asumió “gastos de naturaleza electoral” para la candidatura perdedora de Rosa María Verdú por trabajos que en realidad realizó la conocida agencia Grupo Engloba, perteneciente al empresario José Adolfo Vedri e investigada en su momento en el marco del 'caso Taula'. Los pagos de Febrer para la campaña del PP de Xixona ascenderían a 282.905 euros.
Además de los gastos por trabajos electorales (como el cartel que ilustra esta información), la primera edil popular recibió a través de una “empresa pantalla” una parte del pastel —casi medio millón de euros— del proyecto urbanístico fallido. La primera propuesta de Jaime Febrer fue rechazada: Rosa María Verdú y el concejal Francisco Doménech Asensi “exigieron” un nuevo proyecto que incluyera terrenos propiedad de la firma Invemi SA, cuyos socio eran precisamente familiares directos de ambos políticos. Así, en la propuesta definitiva se añadían 2,2 millones de metros cuadrados pagados a familiares de las cargos municipales del PP.
Los terrenos fueron adquiridos por una “empresa pantalla” para que la alcaldesa popular no apareciera “vinculada directamente al PAI”, sostiene la jueza instructora. Sus terrenos valían unos modestos tres euros por metro cuadrado, al estar en zona no urbanizable, pero la trama se los compró por 18 euros (el resto de vecinos propietarios de las parcelas vendió el metro cuadrado a 14 euros). Otros terrenos fueron adquiridos a una mercantil de la familia del concejal Francisco Domenech Asensi, a 15 euros el metro cuadrado.
El fallido pelotazo urbanístico escondía una operación más amplia de presunta financiación de la campaña electoral del PP de Xixona y de los socialistas valencianos, en la oposición desde 1995. Mientras que en la localidad alicantina el socialista Ferran Verdú ganó las elecciones (malogrando, además, el PAI de El Espartal), en las autonómicas el PP revalidó su mayoría absoluta: Francisco Camps obtuvo 1,2 millones de votos y 54 diputados frente a los 838.987 votos y 38 parlamentarios que sacó Joan Ignasi Pla. Una década más tarde estalló el 'caso Azud'.