La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT PV) estudiará con su servicio jurídico la viabilidad de recurrir, tanto administrativa como judicialmente, la orden de Educación por la que se catalogan los puestos de trabajo del profesorado de enseñanzas de régimen especial de centros públicos con el requisito de la capacitación en valenciano, al considerar “insuficientes” las medidas previstas en su sistema transitorio para el profesorado interino.
El sindicato ha explicado en un comunicado que estudiará la posible negociación con la Administración para que, “en todo caso y cualquiera que sea la situación a lo largo del tiempo, los trabajadores afectados, sea profesorado de carrera o interino, tengan garantizado su empleo”.
“Principalmente, lo que nos mueve desde UGT Enseñanza PV a plantear estos recursos o la posible negociación con la administración es la preocupación que desde el sindicato observamos a la vista de las actuaciones que la conselleria del señor Marzà ha realizado con el profesorado interino, en aplicación de la primera fase del proceso de catalogación de los puestos de trabajo docente en los centros públicos de maestros, profesorado de Educación Secundaria y técnico de FP”, ha indicado.
UGT PV considera “injusto, indignante y vergonzoso” el tratamiento que Educación ha tenido con el profesorado interino de las enseñanzas de régimen general de sus centros públicos que carece del requisito de capacitación en valenciano, especialmente desde que finalizó la moratoria el pasado septiembre.
Según ha indicado UGT, “este profesorado fue literalmente despedido de su trabajo, sin respetar su derecho al trabajo y sin indemnización alguna, muchos de ellos con más de 15, 20 y 25 años de servicios, sin permitirles finalizar dignamente su carrera profesional y acceder en las mejores condiciones posibles a su jubilación”.
Ese colectivo, ha agregado, “se verá incrementado en 440 docentes más de enseñanzas de régimen especial si a 1 de septiembre de 2022, no tienen el requisito lingüístico, hasta alcanzar un total de casi 1.700 docentes”.
“Lo más censurable, que debe por tanto ser objeto de rectificación, son dos aspectos: el primero, que se contemple el derecho al trabajo en las localidades de predominio lingüístico castellano de este profesorado con carácter limitado y extraordinario, circunscrito al periodo extraordinario que finaliza el curso 2021-2022”, ha agregado.
“Frente a ello, este derecho se mantiene de forma indefinida entre el profesorado de carrera, lo que supone una clara discriminación entre colectivos prohibida por la Constitución y la normativa europea que antes señalábamos sobre igualdad de trato y de derechos entre todos los trabajadores, sean éstos temporales, interinos, fijos o indefinidos”.
Se trata, incide el sindicato, de una “vulneración de derechos que desde UGT no estamos dispuestos a tolerar y a asumir, ya que este derecho a la movilidad limitada a los centros y puestos de trabajo de localidades de predominio lingüístico castellano se debe garantizar también al profesorado interino de manera indefinida”.
El segundo aspecto a su juicio “censurable” es “la penalización que se establece para el profesorado que tampoco obtenga la capacitación en valenciano en este segundo periodo extraordinario: la expulsión del sistema educativo valenciano, el despido de estos trabajadores de la enseñanza, con independencia de la edad, antigüedad y servicios profesionales que tengan prestados para el sistema educativo, o de su situación personal o profesional”.