El Gobierno ha contestado a una pregunta escrita del diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez Mezquita, en la que se interesaba por saber la fecha prevista para la reforma de la ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, y si se iba a desclasificar toda la información relativa al golpe de Estado del 23F de 1981. En su escrito Ibáñez Mezquita fundamentaba su interés debido a las informaciones y fotos que han publicado recientemente “diferentes medios” sobre el rey emérito Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey, que ponen al descubierto “el uso incorrecto e ilegal de fondos reservados para ocultar sus relaciones”. Unas informaciones que según recuerda el diputado de Sumar, “incluyen conversaciones sobre asuntos de Estado” entre ambos e “información sensible sobre el golpe de Estado del 23F”.
En su respuesta el Gobierno no concreta fecha para dicha reforma de la ley y asegura que “al margen de la desclasificación de la documentación que pueda quedar clasificada”, los hechos sobre el golpe de Estado del 23F “fueron investigados, juzgados y condenados, poniéndose a disposición del instructor y del tribunal que los juzgó la documentación y el material probatorio existente”.
No obstante el Ejecutivo afirma, sin especificar cuándo, que “contempla proceder a la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales para dotarnos de un marco avanzado y garantista que sustituya una ley preconstitucional, vigente desde 1968, para actualizar y adaptar nuestra normativa sobre protección y seguridad de la información a los mejores estándares de las legislaciones de los países democráticos de nuestro entorno, logrando una mayor homologación de nuestra legislación, combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia”.
Por Carmen Moraga
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este martes que siente “absoluta tranquilidad” y que mostrará “transparencia” ante la decisión del juez Peinado, que ha preguntado a su esposa, Begoña Gómez, si está casada en régimen de gananciales con el líder socialista. Peinado también ha pedido información sobre sus cuentas bancarias dentro de la investigación que lidera contra la pareja del presidente.
“Si se quieren investigar las cuentas de mi esposa pues perfecto, se demostrará que es una mujer pulcra y honesta”, ha dicho Sánchez. “Si el señor juez quiere comprobar por escrito que mi esposa y yo estamos casados pues tampoco hay problema”, ha zanjado el presidente, que ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante los medios en el marco de la reunión del G20 en Brasil.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este martes en el Senado al PP de “utilizar la tragedia” de la DANA en la Comunidad Valenciana para adjudicar a dedo un contrato por 3,9 millones de euros a un constructor vinculado con la financiación ilegal del PP en el caso Gürtel. Marlaska también ha mencionado un segundo contrato, en este caso a una empresa en la que había trabajado su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, por 290.000 euros.
“¿Saben quiénes utilizan realmente una tragedia? Ustedes, con ese contrato de emergencia de casi cuatro millones de euros con una empresa relacionada con Gürtel; con un contrato de más de 200.000 euros con una empresa del jefe de gabinete del señor Mazón”, ha dicho el ministro del Interior durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. Marlaska ha añadido que “eso sí que es utilizar una tragedia”.
La portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha defendido este martes que la Generalitat cumple la normativa de contratación y que este tipo de adjudicaciones son “imprescindibles para paliar la emergencia”. Camarero ha contestado de esta forma al ser preguntada por la información adelantada por elDiario.es sobre la adjudicación a dedo de la reparación de la presa de Bueso a la empresa Becsa —de la que es accionista uno de los condenados en el caso Gürtel— y uno de los cuatro lotes de limpieza de accesos a polígonos a STV Gestión —empresa en la que el secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, fue responsable de Relaciones Institucionales.
El Gobierno ha contestado a una pregunta escrita del diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez Mezquita, en la que se interesaba por saber la fecha prevista para la reforma de la ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, y si se iba a desclasificar toda la información relativa al golpe de Estado del 23F de 1981. En su escrito Ibáñez Mezquita fundamentaba su interés debido a las informaciones y fotos que han publicado recientemente “diferentes medios” sobre el rey emérito Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey, que ponen al descubierto “el uso incorrecto e ilegal de fondos reservados para ocultar sus relaciones”. Unas informaciones que según recuerda el diputado de Sumar, “incluyen conversaciones sobre asuntos de Estado” entre ambos e “información sensible sobre el golpe de Estado del 23F”.
En su respuesta el Gobierno no concreta fecha para dicha reforma de la ley y asegura que “al margen de la desclasificación de la documentación que pueda quedar clasificada”, los hechos sobre el golpe de Estado del 23F “fueron investigados, juzgados y condenados, poniéndose a disposición del instructor y del tribunal que los juzgó la documentación y el material probatorio existente”.
No obstante el Ejecutivo afirma, sin especificar cuándo, que “contempla proceder a la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales para dotarnos de un marco avanzado y garantista que sustituya una ley preconstitucional, vigente desde 1968, para actualizar y adaptar nuestra normativa sobre protección y seguridad de la información a los mejores estándares de las legislaciones de los países democráticos de nuestro entorno, logrando una mayor homologación de nuestra legislación, combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia”.
Por Carmen Moraga
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión cautelar de las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, paralizadas desde hace cinco meses tras un recurso del Gobierno central. Cuatro magistrados han pedido al pleno que levanten las medidas cautelares después de cinco meses de tramitación, pero la mayor parte del tribunal ha apostado por mantener la suspensión hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.
En el caso de la ley LGTBI, el recurso del Gobierno ataca la limitación que establece para que las asociaciones puedan, por ejemplo, personarse en causas judiciales en defensa de las víctimas. En el caso de la segunda norma, el ejecutivo entiende que la exigencia de un proceso de acompañamiento psicológico y un informe facultativo favorable para los menores transexuales que quieren iniciar un tratamiento para su transición supone una “patologización” de los menores.
Por Alberto Pozas
Dos mujeres han interrumpido este martes la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Senado al grito de “aborto es sagrado”, por lo que han sido expulsadas de la tribuna de invitados por orden del presidente de la Cámara. El grupo Femen ha reivindicado la protesta de sus activistas: “La acción se enmarca como protesta ante el evento antiabortista de la Red Política de Valores. Defendemos que el aborto es un derecho fundamental e intocable de todas las mujeres. Esa cumbre atenta contra los derechos de las mujeres”.
Femen se suma así a las críticas al presidente del Senado, Pedro Rollán, y con él a toda la Cámara, por permitir una cumbre internacional ultra contra el aborto en sus instalaciones el próximo mes de diciembre. La oposición pidió el pasado mes de octubre que se retirara el permiso para celebrar las jornadas, pero el PP la blindó con su mayoría absoluta.
Precisamente este martes diferentes grupos del Senado han insistido en reclamar al presidente de la Cámara, Pedro Rollán, que impida que se celebre la cumbre.
Por Aitor Riveiro
La Agencia Tributaria ha abierto este martes 19 de noviembre el plazo de solicitud de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la DANA. El último día para pedirlas será el 31 de diciembre.
Se han habilitado puntos de atención especial para los damnificados, que podrán obtener información o solicitar asistencia en la realización de trámites tributarios en todas las Administraciones de la AEAT de la provincia de Valencia.
La Agencia recuerda que resolverán las dudas sobre este procedimiento en el teléfono 917575800, así como en el chat de la sede electrónica o solicitando una cita telefónica a través de esa misma web.
Por Virginia Sarabia
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha justificado este martes las negociaciones 'in extremis' de anoche en la comisión de Hacienda del Congreso y los problemas del Ejecutivo para sacar adelante su reforma fiscal este próximo martes. A preguntas del PP, Montero ha asumido las discrepancias en la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, pero las ha justificado: “Nosotros discutimos para acordar, ustedes para destruir”.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha reprochado a Montero que el Gobierno “fría a impuestos” a los españoles. “Su frankenstein se rompe para salvar a Sánchez” mientras “sus socios están en una competición a ver quién fríe más a impuestos a los españoles”, le ha reprochado. La vicepresidenta ha reconocido la diferencia entre el PP y el Gobierno al respecto, y ha reprochado a la oposición defender una “política del sálvese quién pueda” que implica “no tener capacidad de destinar 14k millones para atender la catástrofe de València”, frente a una “política fiscal responsable donde aportan más lo que más tienen para garantizar seguridad, atención a catástrofes e igualdad de oportunidades con un robusto sistema del bienestar”. “En esto somos claramente distintos”, ha concluido.
Montero ha asegurado que “el Gobierno se desvive en el diálogo, el acuerdo, la discusión y el debate entre formaciones que pensamos distinto”. “A veces puede haber intensidad en el debate”, ha reconocido, para añadir: “Pero usamos la intensidad en el debate para aprobar cosas que brindar a los ciudadanos. Ustedes usan el ruido, ka bronca y la deslegitimación para nada, para hacer política inútil, la que aparta a lo ciudadanos del ejercicio de las instituciones”, ha zanjado.
Informa Aitor Riveiro
Los municipios de Aldaia, Sedaví y Alfafar, afectados por la DANA, han exigido a las compañías de seguros que, de una vez, atiendan la necesidad urgente de la retirada de los garajes, por problemas de seguridad pública. “Están mirando para otro lado”. Inciden en que este tema no se puede alargar, “de lo contrario, estaremos meses con los garajes llenos de barro, lodos y vehículos siniestrados, un hecho absolutamente insalubre”.
Las comunidades comienzan a alertar de la peligrosidad por la aparición de insectos y moho. “Exigimos que mancomunen el servicio de grúa para la retirada de los vehículos en los garajes”. Cabe recordar que cada asegurado paga por este servicio a su aseguradora y ahora las compañías no están prestando este servicio de grúa que está originando un grave problema en los garajes colectivos. “Los ayuntamientos hemos sacado a la calle los pocos recursos que tenemos, no disponemos de grúas para abordar la magnitud de esta tragedia, las compañías tienen la obligación, la capacidad y los medios”.
Por Carlos Navarro
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este mediodía de “espectáculo bochornoso” y “pasteleo” la larga negociación en el Congreso del lunes por el impuesto a las energéticas, que a su entender se produjo “para contentar a siete escaños”, los de Junts.
“Ayer vimos un espectáculo bochornoso hasta bien entrada la madrugada, de pasteleo de los impuestos de todos los españoles y de los presupuestos de todos para contentar a esos siete escaños”, ha dicho la también líder del PP madrileño, siempre muy crítica con los pactos entre PSOE y Junts, primero por la ley de amnistía y más recientemente, para modificar el sistema de financiación de Catalunya.
Ayuso también ha dicho confiar en que, en la próxima conferencia de presidentes, los jefes de los Ejecutivos autonómicos se centren “en ayudar a reconstruir la Comunidad Valenciana, que no se trata de seguir asfixiando al resto de España, sino de que se frene el concierto y el cupo independentista para salvar por siete votos todas las negociaciones que estamos viendo en el Congreso” y que se sepa reorientar la contribución de todos los españoles allá donde se es más necesario.
Por Víctor Honorato
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha confiado este martes en que la exención al impuesto a las energéticas para las empresas que inviertan en descarbonización puede acercar a los grupos a facilitar su aprobación, que pende del apoyo de Junts, que hasta ahora se ha mostrado en contra de apoyarlo.
“Vamos a ver si lo sacamos adelante. Me parece compatible que pueda haber un impuesto a las energéticas excepto a las que utilizan sus beneficios para invertir en descarbonización. Esto lo pueden aceptar hasta quienes quieren contra viento y marea que no haya un impuesto. Es compatible”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso. No obstante, para aprobar ese impuesto el PSOE necesita por otro lado los votos de Podemos, que está en contra de que se rebaje con exenciones.
López ha comentado la sesión del lunes en la Comisión de Hacienda, con una negociación de varias horas, hasta la madrugada. “La complejidad de lo que han decidido los ciudadanos nos obliga a negociar. A veces es más fácil, a veces es más complicado cuando entran en juego otros intereses políticos, otras valoraciones ideológicas y esto hay que trabajarlo mucho más. Pero repetiré lo mismo: esta legislatura tiene vocación de acabar”, ha dicho.
Informa Alberto Ortiz