La burbuja universitaria privada que denuncian los rectores de las universidades públicas puede ser económicamente rentable pero no está contribuyendo a mejorar la educación superior valenciana. Según el U-Ranking, las privadas más grandes de la Comunitat Valenciana, crecidas al abrigo de la gestión del PP, están entre las peores de España en productividad.
La Universidad Cardenal Herrera-CEU, con centros en otros puntos de España, está en el octavo de 10 puestos. La Universidad Católica de Valencia, aún peor: en el noveno. El U-Ranking, una clasificación de la Fundación BBVA y el IVIE, el instituto de investigación económica participado por la Generalitat, mide la calidad de la docencia, la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico. El ránking corrige los resultados en función del tamaño de los centros.
Las universidades públicas valencianas están en la mitad alta de la tabla, encabezadas por la Politécnica de Valencia (1,4 puntos, segundo puesto) y con la Universidad de Valencia y la Jaume I de Castellón bastante más atrás (1,1, quinto puesto). Algunos rectores de estas universidades han alertado de las consecuencias de la burbuja de la educación universitaria privada“.
“Compromete la igualdad de oportunidades” en un escenario de “presupuestos cada vez más reducidos”, dijeron los responsables de la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elche. Ambos denunciaron la oportunidad de apoyar los proyectos para instalar en Sant Joan y El Campello, a pocos kilómetros de las universidades de Alicante y Elche, dos nuevos centros, la Universidad Católica San Antonio y la Universidad Internacional Mare Nostrum.
Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante, reclamó medidas de la Generalitat, o de “su incapacidad de intervenir y corregir evidentes fallos de mercado podría interpretarse que son instituciones al servicio de intereses especiales o de sí mismas o, peor aún, de nadie”.
Una burbuja del PP
La burbuja privada ha contado con la complicidad del PP valenciano. El caso más paradigmático es la creación de la Universidad Católica de Valencia (UCV), impulsada por el sector cristiano del PP y en cuyo patronato ha estado el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, dimitido por su implicación en el caso Nóos.
La universidad vinculada con la Iglesia Católica, tuvo la autorización del ex presidente Francisco Camps de su Facultad de Medicina sin que esta cumpliera con los requisitos impuestos por el Consejo de Coordinación Universitario, ya que la UCV no había presentado ni el plan de estudios ni tenía fijado el cupo de alumnos.
Otro ejemplo del favoritismo del Consell por las privadas, fue en 2010 cuando la universidad CEU-Cardenal Herrera consiguió antes el grado de Ciencias de la Salud que la universidad pública de Castellón, la Jaume I. Todo, debido a que la Conselleria d’Educació no había dado la financiación suficiente para iniciar el grado, según criticó en su momento el rector de la universidad pública y el diputado de Compromís, Josep M. Pañella.
“No podemos permitir que la burbuja universitaria del sector privado acabe con años de planificación del sistema universitario público valenciano”, alertaba Vicent Climent, rector de la UJI, en la conmemoración del XXIII aniversario de la universidad castellonense. El gobierno salido de las autonómicas de mayo decidirá.