La modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que prepara la Generalitat Valenciana contemplará la eliminación de la posibilidad que el agente urbanizador pueda promover la reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable, por lo que se reforzará la gestión directa de las administraciones locales.
“El diseño de una ciudad no puede venir motivado por los intereses particulares de los propietarios de suelo o de la ocurrencia del último que llega a un pueblo a promover alguna actuación”, ha remarcado este lunes la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras mantener una reunión de trabajo con el grupo de expertos y profesionales 'Espai Territori' para abordar el nuevo modelo de territorio y perfilar las modificaciones de la Lotup.
Salvador ha subrayado que su departamento y el grupo de expertos ha trabajado en un modelo urbanístico basado en criterios “de mejora la democracia del urbanismo” con el objetivo de hacerlo “más moderno” y que “atienda a la perspectiva de género con una mirada especial hacía el mundo rural”.
“Lo que queremos es ordenar y crear un nuevo modelo que sea sostenible y para las personas y en el que se recupere la función social”, ha defendido.
A su juicio, la Comunitat viene de “un modelo basado en la especulación” que ha dejado en todo el territorio de la Comunitat “Programas de Actuación Integrada (PAIs) 'fantasmas' y una mala planificación que ha llevado a una ingente cantidad de demandas por responsabilidad patrimonial por la mala gestión del gobierno anterior”.
Por ello, ha avanzado que la modificación de la Lotup contemplará la eliminación de la posibilidad de que el agente urbanizador pueda promover la reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable con el objetivo de reforzar la gestión directa que compete a las administraciones locales que es la que “tiene la voluntad de servicio público”. “En esencia, se recupera un urbanismo sostenible y un crecimiento armónico en el territorio”, ha destacado.
Para Salvador, lo que no puede ser es que el diseño de una ciudad “esté motivado por los interese particulares de los propietarios de suelo o de la ocurrencia del último que llegaba a un pueblo a promover alguna actuación”.
De este modo, ha destacado que se revierte “el poder” a la gestión directa de la administración local que es “la que vela por el interés general”.
PAIs fantasmas
Por otro lado, la modificación de la norma urbanística también recoge dos fórmulas para buscar “una solución” a los conocidos como 'PAIs fantasmas'.
Por una parte para aquellos que en estos momentos están paralizados o en suspensión pero tienen posibilidad de desarrollarse en el futuro, la consellera ha indicado que se ha planteado que “se reduzcan las unidades de ejecución” y se dé un plazo de diez años para desarrollarlos.
Sin embargo, para los PAIs que tienen un carácter “más antieconómico y no encajan en el modelo de ordenación del territorio del nuevo Consell” se ha propuesta su reparcelación inversa para “reducir las cargas fiscales y urbanas a los propietarios”, ha explicado Salvador.
“Con estas modificaciones damos un paso valiente frente al inmovilismo del antiguo gobierno que miró hacia otro lado y es el responsable de esta situación y damos una solución y seguridad jurídica con tal de abordar, diseñar y resolver las problemáticas del urbanismo”, ha indicado la titular de Obras Públicas.
Por otro lado y cuestionada sobre si su departamento ha intentado simplificar la burocracia administrativa en las tramitaciones, Salvador ha lamentado que se trata de una cuestión “difícil” porque atañe a diferentes administraciones.
No obstante, ha señalado que su departamento ha hecho “un esfuerzo” por “agilizar y facilitar las tramitaciones”, pero ha admitido que es “muy difícil” atajar esta situación porque “los tiempos de la administración están muy lejos de ser razonables para la ciudadanía”.