El secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha destituido de todos sus cargos a Jorge Rodríguez. El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent había puesto su cargo a disposición del partido, según han confirmado fuentes de Ferraz a eldiario.es. Rodríguez ha sido detenido este miércoles, junto a otros miembros de su equipo, en el marco de la 'Operación Alquería', desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
“Tras un día difícil, en el que he compartido reflexiones con muchos compañeros y compañeras, voy a proponer al secretariado del PSPV la suspensión de todos sus cargos de Jorge Rodríguez”, ha asegurado Ximo Puig, quien ha apuntado que la detención de un presidente de la Diputación “es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianas estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP”.
Aún así, ha puntualizado que los socialistas valencianos confían en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez: “serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta”. “El PSPV siempre ha sido contundente ante todos los casos de posibles irregularidades, cualquiera que sea su naturaleza y así lo seguirá siendo”, ha proseguido.
Además, para garantizar la estabilidad en la Diputación, el líder del PSPV-PSOE va a proponer a la ejecutiva que el actual vicepresidente, Toni Gaspar, sea el candidato a la presidencia de la corporación provincial.
La dirección del Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) tenía previsto reunirse este miércoles para tomar una decisión respecto al futuro de Rodríguez en el partido. Esta misma tarde el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya avanzó que el detenido no podía seguir en el cargo.
'Operación Alquería'
Junto con el presidente de la Diputación, han sido detenidos el asesor Manuel Reguart, el jefe de gabinete, Ricard Gallego, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de la empresa pública Divalterra, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes de la misma, Xavier Simó y Agustina Brines.
Se ha puesto en marcha la operación por una causa que se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.