Ruth Rubio Marín es catedrática de Derecho Constitucional Comparado del Instituto Universitario Europeo de Florencia y profesora de Derecho en la Universidad de Sevilla. El año pasado, la sede de la Corte Penal Internacional anunció la instalación de un Mural de Legado a la Justicia de Género (Legacy Wall) para honrar a algunas mujeres y hombres que han contribuido los avances de la justicia con visión de género en los últimos 125 años.
Recientemente ha participado en el Congreso de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia, con varias ponencias sobre discriminación y violencia sobre las mujeres, donde atiende a eldiario.es.
Quería preguntarle en primer lugar por el Mural del Legado a la Justicia de Género en la Haya, ¿En qué consiste el reconocimiento?
El reconocimiento es colectivo por parte de un organismo de la sociedad civil que ha sido pionero en ayudar a que víctimas presenten denuncias ante la Corte, impulsar al justicia de género dentro de la arquitectura de la Corte Penal Internacional... Este grupo entendió que sería bonito hacer un reconocimiento colectivo a mujeres que hubieran tenido protagonismo, desde abogadas, víctimas, académicas... en articular la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la impunidad por la violencia de género y sexual en situaciones de conflicto.
Yo había hecho un trabajo en el tema de reparación e indemnización de las víctimas desde la perspectiva de género, un poco lo primero que se hizo sistemático en esta cuestión y ellos estimaron oportuno el reconocimiento.
Este año el Gobierno valenciano aprobó equiparar a las víctimas de violencia machista con las víctimas del terrorismo ¿Qué le parece la consideración?
Creo que es algo positivo y razonable. Una víctima de un tipo de delito que es estructural, se ceba en determinados sectores de población... Establecer una jerarquía entre las víctimas de un tipo de terrorismo respecto a las de otro tipo de terrorismo no tiene sentido. En ambos casos hay una estructura ideológica detrás; en una es el patriarcado, en otra es la causa política que dirige al movimiento terrorista en particular... El Estado tiene la obligación de no perpetrar la violencia y también de proteger a las víctimas que la sufren. Me parece un paso correcto.
Usted es profesora de Derecho con opción a cátedra en Sevilla... ¿Cómo se nota el techo de cristal en la universidad?
Bueno, como en todos los sitios. A medida que vamos avanzando en las escalas de toma de decisión y de poder vamos encontrando menos mujeres. Rectoras hay pocas, pero hay una diferencia brutal de género en el ámbito de los catedráticos.
¿Esas dificultades se deben a que la universidad impide el desarrollo de las mujeres o a que a las mujeres les cuesta más plantearse su crecimiento en la carrera?
La explicación viene por muchas causas, no es una sola. Pero una muy importante es el reparto de los cuidados. Teniendo en cuenta que las mujeres, también las académicas, tienen que dedicar más tiempo a otras tareas... Hablamos estadísticamente, siempre hay excepciones, pero los estudios dicen que, de media, las mujeres dedican más horas. Las universitarias no son una excepción. Hay una cantidad de obligaciones académicas a las que una no puede renunciar, que son las labores de docencia en función de los créditos, las cuestiones administrativas... Y luego hay un tiempo para la agenda de publicaciones de investigación, a las que la mujer puede dedicar menos tiempo. Últimamente se promueven investigaciones de fondo, articular grandes proyectos, que llevan una labor importante de gestión asociada a ellos... Si estás dando clase, haciendo publicaciones, tienes que coordinar un equipo, y además si estás cuidando a tus padres o a tus hijos... No llegas.
También hay un impulso de que nos internacionalicemos, que hagamos publicaciones en inglés o estancias de investigación en el extranjero... Pero las personas tienen cargas de dependencia. Las mujeres tienen muy difícil, de media, cumplir con eso.
Luego entran en juego una serie de roles. Cuantas menos rectoras haya, menos personas piensan que puedan aspirar a serlo, como en el escalón de los catedráticos. Son factores que se suman, que se conjugan, que al final explican el techo de cristal.
Por su trabajo ha vivido mucho tiempo en el extranjero y participado en organismos internacionales. ¿Se vive, se lucha igual en el movimiento de feminista en el ámbito internacional que en el local?
Yo pienso que el patriarcado, entendido como un sistema de normas que establece una subordinación de un sexo a otro y privilegios, es un sistema de normas en el sentido más amplio. Esas normas lo engloban todo: las normas culturales, tradiciones... Es un sistema legislativo y cultural. Los jueces, como seres humanos y parte de una cultura, de un contexto social, no están exentos de ello. Y las normas jurídicas, aunque las hayamos depurado de la discriminación más clara, en el fondo reflejan una cultura dominante que ha sido y es en muchas cuestiones patriarcal. Tanto por ser seres humanos imbuidos de una cultura, como por ser operadores jurídicos de unas normas, muchas en las cuales contienen en su ADN simentes patriarcales, hay una buena razón para pensar que estaría muy bien que como parte de la formación de los jueces haya una sensibilización de lo que es la perspectiva de género en el entendimiento y aplicación del derecho, porque los jueces no son superhombres, ni si quiera las mujeres jueces... Ellas también han heredado esos códigos culturales. De ahí a decir que todos los jueces son unos machistas empedernidos... Pues es una burda simplificación. Pero creo que ese no es el punto. El punto es que hace falta un análisis de género más profundo, de cuáles son los sesgos de género más ocultos del ordenamiento jurídico y los estereotipos de género que vician la aplicación del derecho.
En Castellón, hace unas semanas, cuatro de las funcionarias que trabajan en el juzgado de violencia de género pidieron el traslado por la sobrecarga de trabajo y argumentaban la presión que se ejerce sobre ellas al dictar medidas cautelares. ¿El Estado Español dota de suficientes medios a la Justicia y a la Policía para proteger y atender a las víctimas?
Es mucho más fácil aprobar una ley que acompañarla presupuestariamente de forma debida. Cuando el acento se pone en la víctima y no en el perpetrador, nos damos cuenta de que es más costoso, que hay que atender a las necesidades de todo tipo de la víctima para tener seguridad, rehacer su vida, para su rehabilitación material y emocional... Abordar la violencia de género pensando que la mejor respuesta es simplemente aumentar las penas es una visión revanchista y simplona y no da con la solución. Poner a la víctima como sujeto de la oración y atender sus necesidades y las de quienes dependen de ella, poner los medios para que rehaga su vida y actúe con normalidad es mucho más difícil y cuesta más dinero, pero ahí es como se ve el compromiso real con estas cosas. Si lo único que hacemos es tomar medidas más o menos llamativas, con carácter simbólico, pero no las acompañamos de los medios suficientes nos quedamos en un feminismo de pacotilla. Es en el compromiso presupuestario donde se ve la capacidad transformadora de estas medidas. Los recursos son escasos, pero recursos hay; la pregunta es dónde los invertimos.
Usted ha trabajado como consultora en defensa de víctimas. En Marruecos entrevistó a los miembros de la Comisión de la verdad, ¿No necesitaríamos un proceso similar en España?
Creo que sí. El problema es que cuanto más se anquilosen estas cuestiones en el tiempo, más difíciles son de abordar. Es verdad que la Guerra Civil, el franquismo, han sido periodos muy estudiados, pero desde la sociedad civil no se ha hecho un esfuerzo colectivo por hablar, por escuchar, por que cada parte cuente lo que sintió, lo que sufrió... O reconocer que hubo un régimen legal que fue ilegalmente derrocado, por llegar a algún tipo de entendimiento común. No quiere decir compartido al cien por cien, pero si marcar una línea de un antes y un después, del antes del que nos queremos separar para crecer como democracia. Ese diálogo colectivo no se ha dado, y sin que se dé en la sociedad, es complicado creer que se pueda dar en comunidades o familias. Creo que hay mucho silencio de la ciudadanía y mucha polarización de los grupos políticos que son el legado de ese silencio. Se ha estudiado, pero no se ha hablado.
Cuando fui a Marruecos, el taxista hablaba de los testimonios de las víctimas que habían salido en televisión. Eso permea en la sociedad y permite que las personas que han vivido la represión en distintas situaciones entiendan y empaticen con el otro. Creo que eso nos falta y estamos sufriendo las consecuencias en los fallos estructurales de nuestro sistema político.
¿Cree que podríamos tener un sistema legal verdaderamente inclusivo si las mujeres no aparecemos nombradas en la Constitución?
Pensar que el texto de la Constitución de 1978, después de todos los avances y las conquistas del feminismo, debe ser el mismo... chirría. Creo que el lenguaje inclusivo es importante, pero hay muchas otras cosas que se deberían cambiar. Los derechos sexuales y reproductivos deberían estar en la Constitución, la democracia paritaria debería ser una seña de identidad del Estado, el cuidado y la corresponsabilidad deberían anclarse como derechos y deberes...
Hay un aspecto que me llama la atención al comparar lo que sucede en España con otros países que han tenido un proceso participativo de las mujeres en su proceso constituyente. Parece que en España hay mucha agenda académica sobre el constitucionalismo de género, pero que la sociedad civil, los colectivos feministas, no han reclamado en el debate, quizá porque todavía no lo hay, que el proceso de reforma debería ser muy participativo, donde la sociedad tuviera un rol activo, que el debate social permeara el debate constituyente. Abrir el debate incentivaría que los colectivos de mujeres se pensaran como constituyentes y no solo los académicos.
¿Cuál es el texto legal que más empodera a las mujeres?
Es difícil elegir uno. La constitución de Sudáfrica de 1994 contiene aspectos maravillosos. Creo que es la primera que al tiempo que desprecia la esclavitud como régimen, condena el patriarcado como régimen. Hace un esfuerzo importante por incorporar la interseccionalidad, las discriminaciones... Las asociaciones de mujeres tuvieron un rol muy activo.
Respecto al constitucionalismo más reciente, sin perjuicio de que sean democracias más o menos consolidadas, en Bolivia y Ecuador hubo una participación muy activa. Ofrecen cosas muy interesantes, desde Bolivia que declara la paridad en los poderes hasta Ecuador, que declara los cuidados un deber. Creo que algunos aspectos nos llevarían bastante más allá de donde estamos.