Los 28 ultras procesados por las agresiones a los manifestantes participantes en la marcha en defensa del valenciano celebrada el 9 d'Octubre de 2017 se enfrentan a una petición de penas que alcanzan los 7,5 años por delitos contra los derechos y libertades, desórdenes, coacciones, lesiones y amenazas.
En el escrito de acusación remitido por la fiscal especializada en delitos de Odio, Susana Gisbert, al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, se detalla la participación de cada uno de los procesados en los referidas incidentes, tanto en la convocatoria como en las agresiones en sí, y se estipulan sus responsabilidades.
“La actuación de todas estas personas, que increpaban a los manifestantes y se abalanzaban hacia donde se encontraban, a pesar del cordón policial que hubo de formarse, hicieron que, finalmente, este cordón cediera, dando lugar a una estampida que hacía de todo punto imposible el normal transcurso de la manifestación convocada, llegando a perpetrarse las agresiones que se relatan”, expone la fiscal.