La Autoridad Fiscal pide recortes al Ayuntamiento de València tras la rebaja fiscal que benefició más a las rentas altas

“De acuerdo con las actuales estimaciones de la AIReF para 2024 existe un elevado riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 10 de las grandes ciudades analizadas, entidades en las que el aumento previsto para este año del gasto computable se sitúa por encima del doble de la tasa permitida. Son los ayuntamientos de Madrid, València, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante/Alacant, Gijón/Xixón, las Diputaciones Provinciales de Barcelona y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife y la Diputación Foral de Araba/Álava”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se pronuncia en estos términos en su último informe publicado el pasado 11 de abril. En el escrito viene a solicitar un recorte de gasto a las mencionadas administraciones con el agravante de que, tal y como destaca, algunas como es el caso de Madrid o València han aprobado rebajas de impuestos que merman los ingresos.

En concreto, afirma que los ingresos fiscales “se ven influidos por la comunicación de algunas medidas de reducción de la presión fiscal adoptadas en el año por algunos de los grandes ayuntamientos como son el de Madrid, por importe estimado de casi 40 millones de euros y el de València de cerca de 60 millones de euros”.

En el caso del Consistorio de València que gestionan el PP y Vox, con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza, el gasto computable se sitúa en 986 millones de euros, lo que supone un incremento del gasto del 7,5% respecto al año anterior, por lo que casi triplica la tasa de referencia (2,6%) y supera en 45 millones de euros el gasto que tendría permitido el consistorio para cumplir.

La AIReF recuerda que “la tasa de referencia de la regla de gasto se sitúa en el 2,6% para 2024, lo que resulta de obligado cumplimiento para la Administración Central, las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y las Corporaciones Locales (CC. LL.) sin que, a diferencia de los objetivos de estabilidad y de deuda, sea necesaria su aprobación parlamentaria” y añade: “más allá de las consecuencias legales que pudieran derivarse del incumplimiento en 2024, en la medida que estos aumentos del gasto se consoliden a futuro, su materialización supondría un deterioro de la sostenibilidad de las finanzas de las entidades afectadas a medio y largo plazo”.

Por este motivo, la AIReF recomienda “a los ayuntamientos de Madrid, València, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante/Alacant, Gijón/Xixón, las Diputaciones Provinciales de Barcelona y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife y la Diputación Foral de Araba/Álava que vigilen la ejecución de su presupuesto y adopten las medidas que estimen pertinentes para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto y evitar así el deterioro estructural de sus cuentas a medio y largo plazo”.

Tras conocer el informe, el concejal socialista Borja Sanjuán denunció que la AIReF “ha desmontado el presupuesto de Catalá y ha alertado de la enorme irresponsabilidad presupuestaria que está llevando adelante con su gestión en el Ayuntamiento de València”.

Sanjuán manifestó que “Catalá tiene que recortar o dejar sin ejecutar 45 millones de euros del presupuesto porque perdonó 70 millones de euros del IBI a los grandes propietarios”.

“Por culpa de la estafa fiscal de Catalá para beneficiar a las grandes fortunas y a las grandes superficies, el Ayuntamiento va a tener que dejar de gastar 45 millones de euros en inversiones públicos para la ciudad”, dijo.

El edil inisistió en que, bajo esta advertencia de la AIReF, el Ayuntamiento no puede aprobar la modificación de crédito que quedó pendiente en el último pleno municipal como consecuencia de la nueva crisis que se abrió entre el PP y Vox. “El informe les avisa de que la modificación de crédito que no están consiguiendo aprobar, además de vergonzosa por lo que ha ocurrido con sus socios de Vox, es absolutamente ilegal”. Sanjuán ha recordado que sin esa modificación de crédito el Ayuntamiento no podrá disponer de los 37 millones de euros con los que el gobierno de Catalá pretendía pagar inversiones cofinanciadas, el millón de víctimas para el incendio de Campanar o las ayudas sociales que Servicios Sociales necesitaban urgentemente para atender los pagos hasta septiembre.

La portavoz del Grupo municipal de Compromís per València Papi Robles mostró su preocupación ante el informe: “Durante el tiempo que Compromís gestionó València conseguimos ser un ejemplo de ayuntamiento saneado y de buena gestión. Ahora, en tan sólo 8 meses de Catalá al frente del consistorio demuestra que no sabe gestionar y la consecuencia es que la AIReF le da un estirón de las orejas señalando que: el ayuntamiento tiene un elevado riesgo de incurrir en déficit, que tiene también un elevado riesgo de incumplir la regla de gasto y que la materialización del presupuesto supondría un deterioro de la sostenibilidad de las finanzas del ayuntamiento”.

Según Robles, “la señora Catalá le regala dinero a los más ricos y endeuda a toda la ciudad siendo una profunda irresponsable con las finanzas públicas; ya dejó Torrent con un agujero de 60 millones de euros, más que duplicó la deuda durante su alcaldía”.

El PP defiende los presupuestos

Tras las acusaciones de Compromís y el PSPV a cuenta del informe de la AIReF, la concejala de Hacienda del PP, María José Ferrer Sansegundo, comentó que la calificación definitiva del estado presupuestario ha de verificarse al tiempo de la liquidación del presupuesto: “no ahora como se está haciendo por Compromis y el PSOE generando una confusión y alarmismo interesados, cuando en todo momento este equipo de Gobierno ha indicado en los plenos, que vamos a ir haciendo un seguimiento exhaustivo de la ejecución y las normas que resulten finalmente aplicables, durante todo el ejercicio, para adaptarnos al escenario que comunique el Gobierno de España, cuando lo haga, y sobre todo para que el resultado final sea equilibrado y satisfactorio”.

La edil emplazó a la oposición al momento de la liquidación del presupuesto e insistió en que “es tramposo poner la nota final del curso en el primer trimestre, cuando además es el propio gobierno del PSOE quien ha incumplido su responsabilidad de proporcionar la tasa de referencia”.