Cobro de comisiones por parte de empresas constructoras a cambio de mediar en recalificaciones o de adjudicaciones previamente amañadas en el seno del Ayuntamiento de València, durante la etapa de la fallecida Rita Barberá como alcaldesa. Esta es la presunta práctica delictiva que investiga el juzgado de instrucción número 13 de València en el marco del 'caso Azud', que este jueves levantó parcialmente el secreto de sumario, “quedando afectadas por dicho secreto las piezas separadas núm. 2, 3, 4, 5 y 6 así como toda la documentación intervenida en soportes y dispositivos de almacenamiento masivo de información”, según recoge el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
Según la jueza, “se justifica el secreto parcial en relación a estas actuaciones en primer lugar porque parte de ellas tienen que ser objeto de comprobación e investigación por la Policía Judicial y en parte de ellas afectando a la causa principal se están realizando diligencias esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción”.
De esta manera, se ha citado a partir del próximo 26 de abril y hasta el 4 de mayo a las partes implicadas con un total de 58 personas investigadas, varias decenas de ellas funcionarios vinculados sobre todo a las áreas de Patrimonio y Planeamiento del Consistorio.
Además, entre los investigados (antes imputados) destacan el vicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, su cuñado, José María Corbín, su hermana, Asunción Barberá, además de las tres hijas de estos, una de las cuales se incorporó el pasado año como asesora de la portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá. También figura como investigado el exportavoz municipal del PSPV y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio.
En esta causa se investigan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal en la época de Rita Barberá como alcaldesa, principalmente entre los años 2005 y 2010.
Grau está acusado de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, pudo haberse llevado un millón de euros y el socialista Rubio, otros 300.000 por guardar silencio y dejar de poner denuncias al respecto.
La primera fase del 'caso Azud' se desarrolló en 2019 y se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas.
Durante la segunda fase de la causa desarrollada a mediados del pasado año ingresaron en prisión de forma provisional Rafael Rubio. Alfonso Grau y uno de los presuntos cabecillas de la trama, el empresario Jaime Febrer. También ingresaron en prisión provisional los empresarios Mónica Montoro y Joaquín Pastor. Todos ellos están ya en libertad.
Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y Febrer.
Además, los agentes de la UCO detuvieron a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, la exalcaldesa de Xixona y un exconcejal de ese municipio alicantino.