En abril de 2019 era detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá (fallecida en noviembre de 2016 en Madrid), en el marco de la 'operación Azud', que investigaba una presunta una trama de mordidas relacionadas con el urbanismo en la capital valenciana en época de Barberá al frente del Consistorio. El pasado jueves, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenían -en una operación desarrollada en València, Alicante, Madrid, Ibiza y Tomelloso- a catorce personas en una segunda fase de esta misma operación. Entre los arrestados, además de Corbín, el subdelegado del Gobierno en València, el socialista Rafael Rubio, o el que fuera mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento, el popular Alfonso Grau.
La jueza enviaba este sábado a prisión, comunicada y sin fianza, a Rubio, Grau y a tres empresarios arrestados siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Los otros ocho detenidos quedaban en libertad con medidas cautelares. La magistrada, que considera a los arrestados grupo criminal, investiga los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Pero quién es quién en el último caso de corrupción destapado en València.
Políticos
Alfonso Grau.- El que fuera mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València está acusado de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. Podría haber llegado a cobrar por este concepto alrededor de un millón de euros. El exvicealcalde de València (80 años), fue condenado a cuatro años de cárcel en 2019 por cohecho y blanqueo, al haber aceptado como regalo de un empresario relojes de lujo que cambió por otros de mayor valor y pagó la diferencia en metálico para “ocultar el origen ilícito” de los obsequios.
Rafael Rubio.- El que hasta este mismo jueves era subdelegado del Gobierno en València -fue destituido de manera fulminante por la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y suspendido de militancia en el PSPV cuando se conoció su arresto- pudo haberse llevado unos 300.000 euros por mantener silencio respecto a las mordidas, tal y como avanzaba la Cadena Ser de fuentes de la investigación el pasado viernes. Rubio, un histórico de los socialistas valencianos que ha ocupado distintos cargos institucionales, entre ellos el de concejal en el Consistorio valenciano, está también procesado en una de las piezas del caso Taula que investiga la colocación de asesores 'zombis' en la Diputación de Valencia.
José Luis Vera.- Un histórico abogado socialista que actualmente es jefe de los servicios jurídicos de Divalterra -la empresa pública de la Diputación de Valencia en proceso de disolución y heredera de la extinta Imelsa, relacionada con prácticas corruptas en la época de Alfonso Rus al frente de la institución provincial-. Este lunes está previsto que la dirección de la mercantil decida sobre el futuro de Vera en la sociedad. El abogado, colaborador de la Fiscalía Anticorrupción en los casos Taula y Alquería y que ha sido puesto en libertad con cargos, pudo haber actuado de intermediario entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer.
Rosa Verdú.- Exalcaldesa popular del municipio alicantino de Xixona. No ha comparecido ante la jueza por su delicado estado de salud y ha quedado en libertad con cargos con la obligación de acudir al juzgado cuando la instructora lo ordene. A Verdú se le investiga por haber favorecido presuntamente a Febrer en la adjudicación de un PAI que contemplaba la recalificación de más de siete millones de metros cuadrados y que nunca se llegó a realizar. La operación urbanística fue denunciada por el PSPV y Verdú ya tuvo que responder en 2007 a las preguntas de la Fiscalía provincial de Alicante.
Francisco Doménech.- Exconcejal del equipo de gobierno de Xixona con Verdú como alcaldesa (responsable de Medio Ambiente o Hacienda, entre otras delegaciones). La magistrada ha decretado la libertad con medidas cautelares para Doménech, al que se le investiga por las mismas actuaciones que a Verdú.
José María Cataluña.- El histórico dirigente del PSPV, responsable de finanzas de los socialistas valencianos con Joan Lerma y Joan Ignasi Pla, aparece como investigado en la causa, aunque no se encuentra entre los detenidos. Agentes de la Guardia Civil practicaron registros en su casa en la localidad de Gilet en busca de pruebas sobre su posible participación en la trama de mordidas relacionada con adjudicaciones urbanísticas. Se le vincula con el empresario Jaime María Febrer.
Empresarios
Jaime María Febrer.- El constructor valenciano, especializado antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en grandes proyectos urbanísticos, está considerado el 'corruptor' en la causa, responsable de los sobornos a políticos y funcionarios, entre quienes supuestamente repartió regalos por valor de miles de euros. Sería el vínculo entre los detenidos. La magistrada, titular del juzgado de Instrucción número 13 de València, ha decretado, como en el caso de Grau y Rubio, su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.
Joaquín P.R.- Está considerado como el 'ingeniero fiscal' de Febrer y se habría encargado del blanqueo de las mordidas abonadas por el constructor valenciano. Posee varias gestorías y otras empresas en Alicante que habrían elaborado facturas falsas procedentes de empresas existentes que habrían cobrado el importe de la factura, el IVA, los impuestos y la correspondiente comisión. Para él también se ha decretado prisión comunicada y sin fianza.
Federico Ferrando.- Socio fundador de las constructoras Gesfesa y Edifesa, el empresario valenciano es hermano del expresidente de la patronal Rafael Ferrando y fue arrestado en el marco de la operación policial el pasado jueves. Tiene intereses en el PAI del Grau, en València, investigado en la causa de las mordidas urbanísticas del caso Azud. Se le atribuye el supuesto pago de sobornos.
José María Corbín.- Una investigación de Hacienda al abogado, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberà, es la que desencadenó las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los resultados del bufete de Corbín, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, muestran unos beneficios crecientes durante los años del mandato de su cuñada y un paulatino declive hacia el final de la era Barberá. Aunque en estadística la correlación no significa causalidad, la instrucción del 'caso Azud' pretende determinar precisamente si el entramado empresarial de Corbín sirvió de peaje para el empresariado que optaba a adjudicaciones públicas o proyectos urbanísticos. Corbín, junto a su socio Diego Elum, también arrestado en la operación Azud, podrían haber cobrado hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales procedentes de contratistas del Consistorio valenciano entre 2005 y 2015.
El resto de detenidos
Entre los arrestados e investigados se encuentran la empresaria Mónica Montoro, relacionada con operaciones urbanísticas vinculadas a Jaime María Febrer se le imputa un presunto delito de soborno, así como la hija del exvicealcalde de València Sofía Grau, o la mujer y las hijas de Corbín. Precisamente una de las hijas del abogado, Asunción Corbín Barberá, ha sido fichada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, cuyo nombramiento fue ratificado el pasado viernes, cuando ya se conocía que su nombre se había visto salpicado por la operación desarrollada por los agentes de la UCO el día anterior.