Catalá abre la puerta por primera vez a aplicar límites a los alquileres en València tras dispararse los precios un 17% en un año

La escalada de precios de la vivienda de alquiler sigue imparable en València, lo que hace muy complicado hoy en día acceder a un piso en la capital, donde se cerró el mes de diciembre con un coste medio de 14,55 euros el metro cuadrado, un 17,1% más que en diciembre de 2022. La subida media interanual en la Comunitat Valenciana fue del 14,6% y en España del 5,7%, según el portal inmobiliario Fotocasa, especialista en el mercado de vivienda de segunda mano y de alquiler.

El aumento de los precios sigue la tendencia registrada en los últimos años, lo que propició que en mayo del pasado año, pocos días antes de las elecciones autonómicas y locales, el entonces vicepresidente segundo y conseller de Vivienda de Unides Podem, Héctor Illueca, firmara la resolución por la que se iniciaba el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en el ámbito de la Comunitat Valenciana en virtud de la nueva Ley de Vivienda. El entonces alcalde de Compromís, Joan Ribó, confirmó poco después que había solicitado a la conselleria que se considerara a València zona tensionada para así limitar los precios del alquiler, según lo previsto en la legislación.

Sin embargo, tras las elecciones y la llegada de la derecha y la extrema derecha al Ayuntamiento de València y a la Generalitat, se paralizó el procedimiento. Preguntada al respecto tras su victoria electoral, la nueva alcaldesa del PP, María José Catalá, descartó la aplicación en València de la ley estatal de Vivienda que permite limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas.

Este martes, sin embargo, Catalá cambió por primera vez su discurso. Ante la publicación en febrero por parte del Gobierno del Índice de Precios de Referencia de Alquiler para la declaración de zonas tensionadas y preguntada de nuevo si València podría plantearse declarar tensionado algún barrio, comentó: “Es posible, vamos a trabajar con el ministerio, vamos a aportar todo el conocimiento que tiene el Ayuntamiento para trabajar sobre esas cuestiones”.

La alcaldesa no profundizó más y en este punto volvió a su argumentario habitual, el de la construcción de vivienda para generar más oferta, una opción que, sin embargo, no tiene efectos inmediatos por los plazos que requiere: “Sabéis que mi política económica no es intervencionista, pero sí entiendo que el problema de la vivienda en València es un problema real, es un problema que hay que abordar desde distintas iniciativas. Este tipo de iniciativas (zonas tensionadas) que son más intervencionistas son solo una solución puntual como cuando se limitaron las subidas de los alquileres, y una vez han desaparecido esas limitaciones, volvemos a tener el problema. Para mí la solución real es hacer vivienda pública y vivienda de alquiler social”.

Para ser considerada como áreas tensionadas, hay dos requisitos que marca la ley de vivienda. El primero es que, en la zona, la carga mediana de la hipoteca o del alquiler, más los suministros, supere el 30% de los ingresos medios de un hogar. El segundo consiste en que el precio del alquiler haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Solo se deberá dar una de las dos condiciones.

La ley de vivienda establece que, en aquellas zonas declaradas tensionadas, los arrendatarios podrán acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. En los nuevos contratos, también se limitará el precio a la renta del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. Además, en el caso de los grandes tenedores (diez o más viviendas en propiedad, aunque la Generalitat aprobó bajarlo a cinco), la renta no podrá exceder el límite máximo fijado por el índice de precios de referencia que el ministerio se ha comprometido a aprobar en febrero, lo que según los casos podría suponer bajadas de precio.

Como excepción, podrá haber un incremento de hasta el 10% en el caso de que se haya rehabilitado el inmueble. En general, los precios no podrían subir en las zonas tensionadas más que un 2% en 2023, un 3% en 2024, y lo que establezca después el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler que se ha encargado que elabore el Instituto Nacional de Estadística (INE).