El PP descarta limitar los alquileres en València y anuncia una oficina antiocupas, un problema del 0,06% de las viviendas

Poner el foco en lo anecdótico y desviar la atención de lo que es un auténtico problema social. Esta es la política de vivienda a la que apunta la nueva alcaldesa de València del PP, María José Catalá, quien anunció este martes la puesta en marcha de oficinas antiocupas y descartó por el momento acogerse a la nueva Ley de Vivienda para limitar los precios de los alquileres, desbocados en la ciudad siguiendo la tendencia del resto de España.

Estas oficinas anunciadas por Catalá vienen a dar respuesta a un problema que, a tenor de los datos del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística (INE) es residual y está focalizado en su mayoría en viviendas de los fondos buitre, grandes tenedores y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

En concreto, según los datos ministeriales la ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana se elevó hasta los 1.874 casos denunciados (939 en València, 656 en Alicante y 279 en Castellón) durante el año 2022.

Teniendo en cuenta que la provincia de València, según el INE, cuenta con un parque de 1,4 millones de viviendas, el problema de la ocupación afectaría al 0,06% de las viviendas. En el caso de la Comunitat Valenciana, con un total de 3,2 millones, las ocupaciones ilegales afectan a un 0,05% de los inmuebles.

Además, según un informe elaborado por la delegación de Vivienda del Ayuntamiento de València con datos del pasado año, el 86% de los casos de ocupación ilegal de viviendas en la ciudad corresponden a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión, así como a grandes propietarios; y únicamente el 1% de estos casos se produce en viviendas de particulares.

Pese a todo, para Catalá es prioritaria la creación de oficinas antiocupas: “Queremos ofrecer un servicio para que las comunidades de propietarios tengan toda la información en el caso de que tengan a alguna persona ocupando una vivienda en su comunidad, generando problemas de convivencia, y a su vez debe de estar coordinado con la unidad de la Policía Local que vamos a recuperar para trabajar en esta materia tan importante para todos los valencianos y valencianas”.

Catalá comentó este martes que “la ocupación irregular es una cuestión a combatir, teniendo claro que hay competencias que son del Estado como endurecer las sanciones en el Código Penal, pero todo lo que dependa del Ayuntamiento se debe de hacer, por ejemplo dar de baja en el padrón municipal a las personas que estén ocupando una vivienda de forma irregular, algo que hasta ahora no se hacía”.

Sin embargo, para atajar el problema de los elevados precios de los alquileres de vivienda, lejos de optar a limitar los precios que solo en los últimos 12 meses han subido un 22%, la receta es construir más vivienda pública, muchas veces vinculada al desarrollo de grandes planes urbanísticos que reservan un pequeño porcentaje de metros cuadrados a la ejecución de viviendas protegidas, a pesar de que según el INE la ciudad cuenta con 36.000 viviendas vacías: “Estamos trabajando en las promociones que anunciamos en campaña, es importante que se pongan en marcha por parte de Aumsa las promociones en todos los terrenos municipales para ofertar vivienda de protección oficial y eso obviamente va a regular un poco la oferta y la demanda en una ciudad que en ocho años tan solo ha puesto una decena de viviendas públicas. Diez viviendas no resuelven el problema de la oferta y la demanda, pero ochocientas y pico que proponemos sí que pueden ayudar”.

Sobre la posibilidad de declarar València como zona tensionada para limitar los precios, Catalá comentó que “es una opción que da la Ley de Vivienda con la que no estamos muy de acuerdo y estamos ahora trabajando y reflexionando sobre esa cuestión” y añadió que está convencida de que en las próximas elecciones generales su partido tendrá una política distinta de vivienda por lo que “en este momento no se va a hacer esa declaración”.

Críticas de Compromís y el PSPV

El portavoz del Grupo municipal de Compromís por València, Joan Ribó, consideró este martes un “grave error” por parte del Gobierno municipal del PP renunciar a limitar los precios del alquiler en la ciudad. Por otra parte, recordó que existen datos, como los que ha aportado la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, que demuestran que casi el 80% de las viviendas ocupadas pertenecen a bancos o fondos de inversión y son muy pocas las que pertenecen a pequeños propietarios.

“Nos da la sensación de que el PP está pensando sólo en estas grandes empresas o ha hecho caso a la propaganda de determinadas agencias de seguridad y de extrema-derecha”. Para Joan Ribó “ésta no es la realidad que están viviendo la gran mayoría de las personas que necesitan pagar el alquiler. Por tanto, el gobierno del PP parece que está pensando en quien más tiene y no en las familias y jóvenes que necesitan una vivienda a precio asequible”.

La portavoz adjunta, Papi Robles, comparó esta situación con las políticas promovidas durante estos años por el Gobierno encabezado por Joan Ribó i Compromís donde la vivienda “sí ha sido una prioridad”. De hecho, puso como ejemplo, uno de los últimos acuerdos aprobados que fue multiplicar las ayudas al alquiler, pasando de 2,3 millones de euros a 4 millones, las más elevadas de la historia del Ayuntamiento. También se han dejado proyectadas 400 nuevas viviendas en construcción por parte de Aumsa y la rehabilitación de 140, entre otras medidas.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, advirtió de que la alcaldesa de València, María José Catalá, “ha asumido el discurso de Vox también en vivienda y ha abandonado a las familias y a quienes más dificultades tienen para acceder a la compra o al alquiler, como son los y las jóvenes”. En estos términos valoró la creación de unas oficinas antiocupas que calificó de “cortina de humo” porque recordó que “el problema real, al que se enfrentan los valencianos y las valencianas, es el de poder acceder a una vivienda” y emplazó a Catalá a “ser valiente y aplicar la Ley de Vivienda para declarar la ciudad zona tensionada”.

Además, señaló que “no es casualidad que estas declaraciones coincidan con la instalación de una nueva lona de odio en Madrid con el mismo mensaje que ha lanzado el Ayuntamiento de València pero sin necesidad de lona”. “El PP y Vox tienen el mismo discurso”, afirmó Gómez quien lamentó “profundamente el enfoque del gobierno de Catalá que cada día es más PPVox”. Así, hizo hincapié a que a “un problema objetivo como es el acceso a la vivienda está poniendo el foco en una cuestión que no afecta a la inmensa mayoría de los valencianos y valencianas, sino a los bancos y entidades financieras”.