“Para nosotros era importante incorporar una cláusula para que el futuro concesionario de las instalaciones náutico-deportivas tenga siempre la obligación de colaborar con aquellos eventos transcendentes a futuro y concretamente con la Copa América. El concesionario tendrá la obligación de colaborar activamente en la realización de la Copa América”. La alcaldesa de València, María José Catalá, se pronunció así el pasado 5 de diciembre tras la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en la que se aprobó la privatización de un 47% de la Marina de València. Catalá siempre se ha mostrado partidaria de volver a traer la competición náutica a aguas valencianas e incorporó una cláusula al pliego de condiciones para que la futura empresa gestora del espacio asumiera esta posibilidad.
Un mes más tarde, el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, se sumó a esta reivindicación: “La Generalitat Valenciana luchará para que la Copa América vuelva a casa”, dijo el pasado 23 de enero en un coloquio en el duodécimo Foro Exceltur,
Mientras todo esto sucedía, se ha gestado el despido de 13 de los 26 empleados del Consorcio Valencia 2007, precisamente los primeros empleados que tuvo el organismo organizador del evento en las ediciones en las que se celebró en València. Se trata de ingenieros, arquitectos y abogados, quienes acudieron a la convocatoria de empleo público desde diferentes puntos de España y a los que ahora con una media de edad de entre 55 y 57 años y con una dilatada experiencia en la gestión, no solo en la organización de la Copa del América, sino en todos los eventos que se han desarrollado desde entonces en la Marina de València, se van a quedar en la calle.
Según han trasladado los propios afectados a elDiario.es, el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, les comunicó el pasado lunes 5 de febrero que en marzo se procederá a su despido ya que, según afirman los trabajadores, Olano les trasladó que no está previsto crear un nuevo ente de gestión pública para el espacio que queda sin privatizar. ya que pasará a depender directamente del Ayuntamiento.
Los otros 13 empleados, más vinculados a la gestión náutica, seguridad o mantenimiento, los asumirá en primera instancia la APV y posteriormente la empresa que entre a gestionar el espacio de 235.000 metros cuadrados que ha salido a concurso.
Hasta ahora, era el Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de la Marina integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), el encargado de gestionar los amarres de las embarcaciones deportivas, así como el resto de los terrenos, instalaciones y actividades, de manera que se garantizaba una gestión unitaria de todo el entorno, algo que se romperá con este concurso.
El Consorcio sigue enredado en una maraña jurídica y en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente. La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar su liquidación, pero finalmente quedó paralizada hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor que al parecer finalmente no se creará.
“¿Cómo puede operar la subrogación sólo para ciertos trabajadores? ¿Es ese el trato del nuevo equipo de Gobierno para los trabajadores públicos?”, se preguntan los empleados quienes siguen a la espera de que la Generalitat Valenciana “dé señales de vida en todo este asunto, ya que ostenta el 40% del Consorcio y, hasta la fecha, ni siquiera ha hecho amago de buscar una solución a los trabajadores, siendo que dispone de un sector público instrumental donde podrían tener cabida (al igual que el Ayuntamiento)”, afirman.
Según explican, “a estas alturas, la única realidad es que el menos la APV, sí ha mostrado una predisposición a alcanzar una solución, primero, haciéndose cargo de la mitad de la plantilla (si bien pasando ésta al ámbito privado), y segundo, haciéndose cargo de las contratas de servicios que hasta ahora dependían del Consorcio” y añaden: “Por lo que respecta al Ayuntamiento y a la Generalitat, su propuesta de solución -hasta la fecha-, es el despido colectivo de los trabajadores de la Marina”, lamentan.