“El acuerdo que se tomó en mayo de 2022 por el cual se decidió liquidar el Consorcio Valencia 2007 no es correcto a nuestro entender porque si se liquida es porque no se va a seguir con la actividad y en este caso, va a ser una empresa la que va a seguir con la misma actividad por lo que estamos ante una sucesión de empresas”, señala el abogado, Manuel Mata, exsíndico del PSPV en las Corts al explicar los recursos que ha planteado en representación de la decena de empleados del Consorcio Valencia 2007 que los liquidadores del ente pretenden despedir en septiembre para dar entrada en octubre a la UTE formada por las empresas Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar para gestionar la Marina de València. “Los trabajadores deberían de ser subrogados a la nueva empresa. Pero es que además el acuerdo de liquidación no se publicó como es preceptivo. Por lo tanto entendemos que en base a esto, todos los acuerdos que se tomaron posteriormente a esa fecha, entre ellos la adjudicación de la concesión para la gestión de la Marina, son nulos”, añade.
Según el recurso planteado el pasado mes de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, “no se distingue a qué modalidad de liquidación se ha sometido el Consorcio, siendo especialmente grave la no publicación del acuerdo hurtando el debate administrativo y judicial de contratistas, trabajadores y ciudadanos”. Y continua: “Por la vía de los hechos, que no por la vía del acuerdo del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, se ha sometido a la entidad pública, a un proceso fraudulento de disolución 'con liquidación', cuando también por la vía de los hechos, todas y cada una de las actividades del Consorcio han seguido desempeñándose con normalidad hasta el momento, sin haber llegado cumplir con los objetivos marcados en sus Estatutos, siendo además, que tales actividades, también, van a seguir siendo ejercidas por el resto de entidades consorciadas, como si de una disolución 'sin liquidación' se tratase”.
El Consorcio Valencia 2007, la entidad creada en 2003 para la gestión de la Marina con motivo de la Copa América, está participada por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ). El ente está en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre él. La salida de uno de los socios del organismo obligó a iniciar su liquidación, ahora recurrida.
Tal y como acordaron la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, una vez liquidado el Consorcio será una empresa la que gestione un 47% del espacio (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y la Marina sur, mientras el resto del espacio quedará bajo control del Ayuntamiento de València y de la APV, perdiendo así la ciudad el control unitario de la Marina y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades de los espacios. Para tal efecto se convocó un concurso del que resultó adjudicataria la unión temporal de empresas (UTE) formada por Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar. Está por ver si el recurso planteado retrasa la liquidación del Consorcio, prevista para este mes de septiembre, y por lo tanto la entrada de las empresas a la gestión de la Marina.