Privatización y pérdida de autonomía para planificar lo que la ciudad considere en unos espacios que son de facto de la propia ciudad. Esa ha sido la mejor solución que ha encontrado la alcaldesa, María José Catalá, como alternativa para gestionar la Marina de Valencia tras el enredo jurídico en el que quedó sumido el Consorcio Valencia 2007, el órgano integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ) que lo administra desde su creación en el año 2003 con motivo de la celebración de la Copa América.
El Consorcio está en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente. La salida de uno de los socios del organismo obligó a iniciar su liquidación en un proceso que está previsto que finalice este verano y que podría abocar al paro a una docena de empleados.
Como informó este diario, tras acordar con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la privatización de un 47% del espacio (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y la Marina sur, Catalá se dispone a firmar un convenio con el organismo portuario para la creación de un nuevo ente que en la práctica supondrá la pérdida de la autonomía de la que hasta ahora gozaba la ciudad para desarrollar y promover actividades en los espacios que quedan fuera de la zona privatizada, principalmente los tinglados, las bases y el edificio Veles e Vents. Dicho de otra forma, todo lo que decida la ciudad deberá contar con el visto bueno de la APV.
Sin duda se trata de un paso atrás con respecto a la gestión unitaria y pública que existía hasta ahora del 100% de la Marina de la mano del Consorcio cuya presidencia ha ostentado el alcalde o alcaldesa de la ciudad. Además, supone un importante retroceso con respecto a lo que consiguió la anterior alcaldesa del PP durante 24 años, Rita Barberá, también gracias a un trabajo previo iniciado en la época del socialista Ricard Pérez Casado, quien comenzó las negociaciones para devolver a la ciudad aquello que le correspondía respecto al uso de la dársena histórica.
El propio borrador del convenio que firmarán Catalá y la presidenta de la APV, Mar Chao, recuerda textualmente que “mediante Orden del Ministro de Fomento de 31 de mayo de 1999 y otras posteriores, de 19 de febrero de 2003 y 30 de octubre de 2012, se desafectaron del dominio público portuario estatal los terrenos de la zona de servicio del Puerto de Valencia circundantes con la denominada Dársena Interior del Puerto, con una superficie total estimada de 237.261 metros cuadrados”, es decir, que estos terrenos pasaron a ser de titularidad del Ayuntamiento, después de largos años de debates y reivindicaciones.
El documento prosigue: “Tras esa desafectación, el 26 de abril de 2013, el Ayuntamiento de València acordó aprobar un Convenio de cesión a suscribir con la Autoridad Portuaria de Valencia, cuyo texto quedó incorporado al acuerdo como Anexo y aceptar, libres de cargas y gravámenes (...) los bienes objeto de dicho Convenio. En virtud de este convenio la APV cedió una serie de inmuebles desafectados al Ayuntamiento de València”, en concreto, los mencionados anteriormente (los tinglados, las bases y el edificio Veles e Vents), un total de 160.000 metros cuadrados de terrenos e infraestructuras adicionales.
La finalidad de este acuerdo de 2013 era que el Consorcio lograra los recursos necesarios mediante la explotación de la Marina para la devolución del crédito de 380 millones. Sin embargo, tras asumir el Estado esta deuda en 2021, la APV inició una estrategia para recuperar el control del espacio cuya titularidad cedió en su día a la ciudad. Mediante un polémico informe de la Abogacía del Estado, advirtió al Ayuntamiento de que en esos terrenos y bienes cedidos ya no cabían actividades con ánimo de lucro y solo se podían dedicar a un fin de utilidad pública. De lo contrario, el Puerto de València podría reclamar la recuperación de todo el espacio.
Lejos de adoptar una postura reivindicativa como alcaldesa y desoyendo a sus propios servicios jurídicos que contradecían al informe de la APV, Catalá claudicó y siguió el criterio de la Abogacía del Estado renunciando a exigir autonomía para decidir sobre el futuro de toda la Marina de València, como un espacio más de la ciudad que es, algo que su antecesora Rita Barberá siempre reivindicó, lo mismo que Joan Ribó, quien advirtió a la APV de recursos judiciales si finalmente optaba por recuperar los terrenos desafectados, precisamente basándose en los informes del secretario municipal que Catalá ha obviado.
El Puerto, más acostumbrado a comerle terreno a la ciudad que a cederlo, como sucedió con las desaparecidas playas de Natzaret y La Punta, hoy recubiertas de hormigón, grúas y contenedores tras la ampliación sur, recupera así lo poco que en su día cedió, pero que nunca acabó de soltar.