El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) aprobó este viernes en una sesión extraordinaria el pliego que contempla las condiciones jurídico-económicas para la licitación de la nueva terminal ubicada en la ampliación norte del Puerto de València con una inversión pública de al menos 660 millones de euros.
Esta reunión se celebró sin comparecencia pública ante los medios de comunicación después de que la presidenta de la APV, Mar Chao, haya decidido suprimir las ruedas de prensa que desde hace años se venían haciendo después de cada consejo de administración y después de que el Gobierno de España haya dado autorización a la APV para aprobar el pliego que permitirá iniciar el expediente que conducirá a la construcción de la nueva terminal de contenedores.
“Nos hemos puesto manos a la obra, no hay un minuto que perder”, dijo Mar Chao, presidenta de la APV tras finalizar la reunión que ha sido telemática y que se ha celebrado a las 8.30 horas de hoy.
El anuncio de licitación se publicará en breve en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de España. El plazo de presentación de ofertas para todas las empresas que estén interesadas finaliza el próximo 6 de marzo de 2024 a las 13 horas.
El presupuesto base de licitación del proyecto constructivo de la nueva terminal (dragado, muelle y relleno consolidado) asciende a más de 660 millones de euros (IVA incluido).
El proyecto de nueva terminal al que se refiere el pliego aprobado recibió el visto bueno y aprobación del Consejo de Administración de la APV en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2022.
La licitación del proyecto se produce en plena caída del tráfico de contenedores. Según los últimos datos publicados por la APV, se prevé cerrar el año 2023 con 4,3 millones de contenedores (TEU) movidos en las instalaciones portuarios, un 8% menos que en 2022 y un 22% menos que en 2021.
El proyecto está envuelto en una polémica por su impacto sobre las playas del sur de València, recientemente regeneradas precisamente por la erosión generada por el efecto sombra del puerto, y por el hecho de ampararse en una declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 pese a las sensibles modificaciones que se han introducido y los efectos sobre la ciudad. Asociaciones ciudadanas y ecologistas, agrupadas en la Comissió Ciutat-Port se oponen a la ampliación, que ejecutará la naviera MSC.
En estos momentos hay tres demandas interpuestas por la plataforma vecinal y ecologista: una contra la validez de la DIA del año 2007 para el nuevo proyecto, otra contra el traslado de la terminal de cruceros motivada por los cambios en el proyecto, también sin informes ambientales, y otra contra la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que otorga a la APV la condición de órgano sustantivo y la capacidad por lo tanto de decidir sobre la DIA. Esta resolución ya ha sido suspendida cautelarmente por el TSJ de Madrid.
La Comissió Ciutat-Port acusa a la APV de ser “rehén de los lobbies portuarios”
La plataforma ciudadana Comissió Ciutat Port (integrada por asociaciones vecinales, ecologistas y sindicales de València y su área metropolitana) tras conocer la aprobación por la Autoridad Portuaria de València de los pliegos para la contratación de las obras del “Proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València”, ha advertido a la Autoridad Portuaria de València y a los grupos políticos que avalan este polémico proyecto, esto es PP, VOX y PSOE que este acuerdo, lesivo para los intereses de la ciudad, se adopta contraviniendo múltiples informes oficiales e ignorando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspende cautelarmente la capacidad de la APV para decidir si es necesaria una nueva DIA.
Desde la Comissió Ciutat Port han acusado a la Presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV) Mar Chao “de convertir el organismo público que preside en rehén de los lobbies portuarios, en detrimento de la salvaguarda del interés público al que su cargo le obliga”.
Además han acusado a los grupos políticos que apoyan el proyecto “de plegarse a los intereses del magnate naviero MSC como si en una república (o monarquia) bananera nos encontráramos”.