La búsqueda de soluciones para los entuertos urbanísticos heredados del PP en la ciudad de València está suponiendo auténticos quebraderos de cabeza tanto para Joan Ribó al frente del Ayuntamiento (con el apoyo del PSPV) como para Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana (con el apoyo de Compromís y Podem).
Seis años después del cambio de color político en ambas innstituciones, la capital valenciana sigue mostrando importantes heridas heredadas de años de gobiernos populares, desde 1991 en el caso del Consistorio y desde 1995 en el caso del Gobierno autonómico.
Infraestructuras y grandes edificios abandonados o con las obras paralizadas, para los que en algunos casos ya se ha logrado una solución, pero en otros cuentan con pocos visos de salir adelante a corto plazo.
Entre aquellas a las que se ha podido dar viabilidad destacan la línea 10 de tranvía que unirá los barrios de Russafa y de Natzaret en la primavera del año que viene, cuyas obras se reiniciaron en junio de 2019 tras permanecer ocho años paralizada; la puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo de la Plaça de Bruges en diciembre de 2018 tras 11 años paralizado, o el Ágora de la Ciutat de les Arts de Santiago Calatrava que carecía de un uso definido más allá de acoger algún evento puntual pese a costar casi 100 millones de euro, hasta que a finales del año pasado, tras invertir miles de euros en diferentes reparaciones, se cedió a Caixabank, entidad que habilitará un CaixaForum a lo largo del año que viene, con una inversión de 19 millones euros.
Otras instalaciones permanecen abandonadas y enmarañadas en conflictos jurídicos y administrativos que dificultan una solución:
Nuevo estadio del Valencia CF, 12 años con un futuro incierto
25 de febrero de 2009. Han pasado 12 años desde aquel día en que el Valencia CF se vio obligado a paralizar las obras del nuevo estadio ubicado en la avenida de las Cortes Valencianas, atenazado por las deudas y por la falta de liquidez ante la imposibilidad de vender la parcela de Mestalla, una vez había estallado la crisis inmobiliaria en 2007. Desde entonces han pasado por el club seis presidentes y el proyecto inicial de estadio cinco estrellas, diseñado con todo lujo de detalles y con pista de atletismo retráctil, se ha visto sometido a dos revisiones para abaratar costes. La presentación de la maqueta original tuvo lugar en noviembre de 2006 en la Ciudad de las Ciencias en un acto protagonizado por el entonces máximo dirigente de la entidad, Juan Soler, quien estuvo acompañado por Francisco Camps, presidente del Consell en aquel momento, y por la entonces alcaldesa, Rita Barberá. Ahora, siete años después de que Peter Lim, a través de Meriton Holdings, se hiciera con la mayoría accionarial en los que no ha movido un dedo para reiniciar las obras, la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se aprobó para añadir 40.000 metros de suelo comercial a la recalificación de 75.000 metros cuadrados de uso residencial aprobada previamente por el Ayuntamiento en los terrenos de la avenida de Aragón, está a dos meses de vencer, puesto que el 15 de mayo debería de estar finalizado el coliseo de Cortes Valencianas. Como avanzó elDiario.es, la vicealcaldesa Sandra Gómez ya ha anunciado que si antes de esa fecha el club no retoma la tramitación de la licencia de obras, iniciará el proceso para solicitar la nulidad de la ATE, lo que implicaría para el club la pérdida del suelo comercial. Mientras el Valencia CF se ha limitado a solicitar a las autoridades políticas prórrogas para retrasar los plazos sin aportar ni un solo documento que evidencie un interés real de finalizar el estadio, cuya finalización quedará en el aire si finalmente se anula la ATE. Esta actitud, agotó la paciencia del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, quien afirmó tras su última reunión con el presidente del club, Anil Murthy, que “la credibilidad de Meriton en la sociedad valenciana está bajo mínimos”. Murthy respondió con un disparatado comunicado criticando al Consell por la gestión de la pandemia.
La estación fantasma de la línea 10 de tranvía bajo el aparcamiento del Mercat Central.
La segunda fase de la línea 10 de tranvía (antes llamada T2), el faraónico proyecto ideado por el Consell de Francisco Camps en la época de vacas gordas, debía unir la estación ubicada en la calle de Alacant (Russafa), con la actual estación del Pont de Fusta, atravesando todo el centro histórico en subterráneo. Sin embargo, como avanzó elDiario.es, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha descartado este tramo por el inasumible coste que tendría. El trazado cuenta incluso con la estructura de una de estación fantasma, construida en el sexto sótano del aparcamiento del Mercat Central hace ya más de 11 años. La gerente de FGV, Anaïs Menguzzato, explicó: “En algún momento es verdad que tendremos que plantear qué se puede hacer con ese agujero, pero sinceramente en este momento los esfuerzos van más enfocados a desarrollar la línea 10 y sus prolongaciones que el agujero que el PP dejó”.
Hotel Sidi Saler, el 'algarrobico' valenciano ubicado en un parque y cerrado desde 2011
El complejo de lujo ubicado en el Parque Natural de l'Albufera lleva nueve años cerrado y dos y medio paralizado desde que obtuvo la renovación de la concesión para uso hotelero por un plazo de 30 años, prorrogable a otros 30 más, otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica. Como informó elDiario.es, en los próximos días el Ayuntamiento va a notificar a la propiedad la apertura de un expediente de caducidad de la licencia de actividad apoyándose en un informe del servicio de Devesa-Albufera en el que se pone de relieve que el hotel permanece cerrado desde el año 2011 y que, además de encontrarse en un entorno natural de máxima protección, está fuera de ordenación. De culminarse el proceso, no sería posible que el hotel volviera a operar como tal. De esta forma, estaría por ver si se alcanza un acuerdo con la propiedad para adaptar el inmueble y la actividad al entorno, teniendo en cuenta que el edificio se encuentra fuera de ordenación y que, según el planeamiento, en su ubicación solo cabe una edificación de planta baja más una altura. Con todo, el posicionamiento político del actual equipo de Gobierno es favorable al derribo de todo el inmueble para recuperar toda la zona como espacio natural.
Circuito Urbano de Fórmula 1, que costó 89,7 millones y paraliza el PAI de El Grau
Casi 9 años después de que se disputara el último Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en el circuito urbano construido en València, las arcas públicas de la Generalitat Valenciana siguen abonando elevadas cantidades económicas, pese a que el expresidente del Gobierno valenciano que apostó por traer la prueba a la ciudad, Francisco Camps (imputado en la causa que investiga la condición de avalista de la Generalitat en la organización del evento deportivo), insiste siempre que se le pregunta en el “coste cero” del trazado. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio se pagaron 7,5 millones de euros correspondientes a un crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para abonar los costes de construcción del circuito urbano y aún quedan 22,5 millones de euros por pagar correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. El circuito y las instalaciones vinculadas, sin embargo, tuvieron un coste total de 89,7 millones de euros. Actualmente el trazado está sin uso y abandonado en la zona recayente al Grau. A esto se suma la rémora que ha supuesto para el futuro desarrollo urbano del barrio, lo que ha sumido la zona en una profunda degradación. En el momento de la ejecución del trazado, la Generalitat y el Ayuntamiento suscribieron un convenio para el desarrollo del circuito en el ámbito del Plan de Actuación Integrada (PAI) de El Grau. En virtud de este acuerdo, la Generalitat abonaba las obras de asfaltado del trazado y el Ayuntamiento se comprometía a devolverle el dinero una vez desarrollara el PAI a través de las cargas urbanísticas, puesto que en la práctica el circuito se convertiría en viales residenciales. Sin embargo, el Consistorio estima que tan solo podrá repercutir en torno a 40 millones de euros a los promotores por las cargas urbanísticas ,es decir, la mitad del coste total del circuito. El PAI se presentó hace dos años y desde entonces sigue en tramitación. El Ayuntamiento mantiene conversaciones con los propietarios sobre las cargas urbanísticas, principal obstáculo del plan.
Sociópolis, el faraónico proyecto de Blasco paralizado en 2012
De todos los entuertos urbanísticos, es el que más cerca está de salir adelante. La macrourbanización Sociópolis fue impulsada entre los años 2003 y 2006 por el entonces conseller de Vivienda Rafael Blasco (PP), condenado a prisión por el desvío de fondos destinados a actuaciones en países del tercer mundo ('caso Cooperación'). Ubicado en el barrio valenciano de La Torre, el proyecto preveía la construcción de 2.800 viviendas, 2.300 de ellas de protección oficial, de las que finalmente solo se construyeron unas 200. El pasado mes de febrero, el vicepresidente y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, anunció que a finales de año se reactivarán las obras del edificio, cuyo esqueleto lleva ocho años presidiendo la urbanización como uno de los símbolos de la crisis económica durante el Gobierno del PP. De este inmueble saldrán en torno a 189 viviendas protegidas destinadas a alquiler social. En total, una vez finalizada toda la urbanización, se prevé la creación de unas 2.000 nuevas viviendas de protección pública y otras 600 de alquiler social.