Un nuevo caso de presunta financiación ilegal envuelve a Vox, esta vez en la agrupación de la provincia de València cuya gestora preside el líder autonómico, José María Llanos. El caso se suma a otras denuncias similares puestas por militantes o exmilitantes en Elche o El Campello.
Una militante del partidode extrema derecha en la provincia de València ha presentado un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que denuncia la existencia de una caja B de la que eran conocedores tanto Llanos como el secretario general del partido a nivel nacional, Javier Ortega Smith.
Según relata la denunciante en el documento al que ha tenido acceso eldiario.es, “como quiera que la única cuenta donde se ingresaban las donaciones esta en Madrid, y no se disponía de autorización, VOX Valencia, llevaba una Caja B manejada por Joaquin Diaz (mano derecha de Llanos) la que se pagaban los eventos, comidas, salidas; este metálico lo portaban en sobres los reseñados, e incluso de estos sobres, se efectuaron distintos ingresos en la cuenta del partido por indicaciones de Llanos y a efectos de su lavado”.
De esta forma, según la denuncia, “en una única cuenta aperturada en Madrid, se ingresan las donaciones, la lotería y los préstamos, y muchas de las donaciones proceden de ingresos de los propios afiliados del efectivo metálico que el señor Llanos va entregando; ello unido a esa caja B de la que no se conoce la procedencia de los ingresos, obliga al menos indiciariamente a tener sospechas fundadas de presunto delito de financiación ilegal”.
El escrito hace referencia a la denuncia puesta al partido en Elche, la cual investiga la Fiscalía de Alicante: “Ante la denuncia que se interpuso en Alicante los mismos responsables del partido en Madrid, alegaron desconocimiento, lo que en Valencia es imposible de aducir, dados los correos de la firmante y la denuncia ante el Comité de garantía”.
En este punto, la militante acusa a Ortega Smith de ser “conocedor de todo lo relatado en relación a la caja B, y las aportaciones como donaciones que responden a un lavado de esta para lo que no dudaron en involucrar, con mala fe y abuso, a los propios militantes, abusando de la ilusión de éstos en el proyecto”.
La denunciante asegura finalmente que es “una víctima de riesgo” y afirma sentir “miedo” por lo que interesa del Ministerio Fiscal el que se adopten “las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 19/1994 de Protección a los testigos”.