La Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret, barrio ubicado a espaldas del Puerto de València, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denuncia el traslado de la terminal de cruceros que pretende llevar adelante la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de su actual ubicación, en el dique norte, a los antiguos astilleros de Unión Naval, a escasos metros de las viviendas, y todo ello sin ningún tipo de informe ambiental sobre las afecciones ambientales que podría implicar este cambio de ubicación para los residentes por la contaminación ambiental y acústica que pueden generar tanto los buques como el tráfico de vehículos asociado.
La ejecución de la terminal de cruceros en los antiguos astilleros de Unión Naval viene como consecuencia de los cambios introducidos en la ampliación del Puerto de València por parte de sus actuales responsables, con el presidente Aurelio Martínez a la cabeza. El proyecto original que obtuvo declaración de impacto ambiental (DIA) en el año 2007 preveía la terminal en su ubicación actual, es decir, en el dique norte, una zona mucho más alejada del casco urbano.
En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la entidad vecinal lamenta que “en plena emergencia climática declarada por el gobierno de España el Puerto de Valencia pretende aprobar la nueva terminal de cruceros junto al barrio amparándose en la DIA de 2007” pese a existir “apreciables diferencias entre el proyecto que obtuvo la DIA favorable en 2007 y el que se pretende llevar adelante en la actualidad”.
Según la denuncia, “dicho traslado no estaba previsto en el proyecto inicial de 2007 y, en consecuencia, no está amparado por la DIA de ese mismo año ahora totalmente desfasada”.
La entidad alerta de que “el amarre de grandes buques portacontenedores, ferrys y cruceros turísticos junto al casco urbano de la ciudad, y especialmente en el barrio de Natzaret, en la Punta, El Grau y la Marina de València son una grave fuente de contaminación atmosférica y acústica, debido a la gran potencia de los motores, a la carga y descarga de contenedores, y a que utilizan combustible de baja calidad con alto porcentaje de azufre”.
Como medida de precaución “los amarres de dichos buques deberían alejarse de los muelles más cercanos al casco urbano”. Sin embargo, la asociación lamenta que se pretende hacer “todo lo contrario con la mencionada terminal”, por lo que reivindican “el derecho a respirar aire limpio”.
“Pese al evidente impacto ambiental que implica el traslado de la terminal de cruceros junto al casco urbano por las emisiones que generan tanto los buques como el tráfico de vehículos que generará, el director general de la Autoridad Portuaria de Valencia, Francesc Sánchez, ha asegurado que esta infraestructura no requiere de una DIA, según la legislación”, prosigue la denuncia al Defensor, que añade una cita del propio Sánchez: “Es como si se construye un edificio de oficinas”.
El escrito también recoge que “el presidente de la Autoridad Portuaria Aurelio Martínez insistió en que en ningún caso está dispuesto a solicitar una nueva DIA y que dimitirá antes que pedir otra declaración de impacto ambiental para la ampliación del puerto”.
Además, afirma que “la APV no ha respondido aún a las alegaciones planteadas a la nueva terminal por la Comissió Ciutat Port, de la que forma parte este colectivo vecinal, ni tampoco a los informes municipales que avalan la necesidad de una nueva DIA”.
A continuación, la queja detalla un cronograma de las diversas agresiones que ha sufrido Natzaret como consecuencia de la expansión del Puerto: “La ampliación sur de 1986 ya se hizo sin declaración de impacto ambiental. El 19 de mayo de dicho año se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto Autónomo de Valencia para la ordenación urbanística del entorno portuario. Acuerdo para la ampliación sur del Puerto que supuso la destrucción de las playas de Natzaret, la Punta y parte de Pinedo, así como la regresión de la línea de costa sur de Pinedo y el Saler”.
Dicho convenio, “a pesar de las protestas de esta asociación, se aprobó con muchas prisas para eludir la declaración de impacto ambiental contemplada en el Real Decreto Legislativo de 28 de junio 1302/1986 de Evaluación de Impacto Medioambiental”. En aquel convenio se decía que “en el diseño del canal y debido a su integración en el Jardín del Turia se contemplarán expresamente las soluciones técnicas que hagan posible una adecuada conservación de las aguas de este canal evitando su contaminación”.
Sin embargo, la asociación pone de relieve que “cuatro décadas después aún no hay solución hidráulica para evitar los vertidos contaminantes cada vez que llueve con cierta intensidad”.
Y en 2004, añade, “se desvió la desembocadura original del Turia sin declaración de impacto ambiental. El 3 de septiembre de aquel año se nos inundó el barrio por las obras del Puerto sin DIA para desviar bajo una indigna rotonda la desembocadura del cauce histórico del Turia; el Puerto recuperó en Natzaret el suelo que cedió para la Copa América”.
Y en 2007 “el Puerto tapó el río entre dicha rotonda y el mar, lo que supone un aumento del riesgo de inundación en la zona, y lo hizo sin limpiar los lodos tóxicos y contaminados depositados en el lecho del cauce”.
Investigación judicial por el traslado de la terminal
Baleària ha sido adjudicataria de la nueva terminal de cruceros que se construirá en los astilleros de Unión Naval, propiedad de Vicente Boluda, quien además forma parte del consejo de administración de la APV.
Para hacer efectivo el traslado de la terminal de cruceros de su actual ubicación en el dique norte a las instalaciones de la Unión Naval, la APV aprobó el rescate de la concesión otorgada en su día al naviero, para lo que se le compensó con una nueva concesión para la construcción de un edificio de oficinas, una maniobra que investigan el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción.
La propia APV se vió obligada a dejar sin efecto la permuta de concesiones tras sendos informes desfavorables de la Intervención y de la Abogacía del Estado, al considerar que no procedía una compensación por el rescate de la primera (la de Unión Naval), una cuestión que se dirirmirá en los juzgados.
Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contra la resolución, de 30 de marzo pasado, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.