La Agrupación de Interés Urbanístico del sector de Benimaclet, en la que se integra como principal propietaria de terrenos Metrovacesa, ha iniciado una peculiar batalla legal en la que viene a cuestionar el papel del Ayuntamiento como defensor y garante del interés general por encima de los derechos privados.
La promotora ha recurrido a la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la inadmisión que el Ayuntamiento acordó el pasado 1 de febrero del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet, una denuncia que ha sido admitida a trámite por el juzgado.
Sin embargo, las causas de inadmisión descritas por el Ayuntamiento son contundentes y van en la línea de la defensa de los intereses públicos frente a los privados y de planificar el urbanismo de la forma más sostenible y justa posible.
En base a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de la Comunitat Valenciana, considera que la propuesta de la Agrupación de Interés Urbanístico “no se adecua plenamente al interés general” y considera “irrenunciable que la nueva ordenación procure alinearse de forma más decidida con los objetivos de la Agenda Urbana 2030 de ciudades y comunidades sostenibles”.
En cocreto, la Consejalía de Desarrollo Urbano entiende que el proyecto de Metrovacesa “adopta soluciones edificatorias con tipologías que no se adaptan al entorno urbano consolidado del barrio de Benimaclet, por lo que no facilitan una transición natural y armónica con la ciudad existente” y añade que “dichas tipologías edificatorias conllevan la previsión de una excesiva superficie de espacios comunes de uso privado, en detrimento de una mayor superficie de espacios de uso público destinados a la convivencia y relación social, imprescindibles para mantener y potenciar el enorme dinanismo social que que caracteriza especialmente al barrio de Benimaclet”.
Además, abunda en este argumento al afirmar que “la indicada reducción de los espacios libres privados propuestos en favor de mayores reservas de suelo dotacional público permitiría también la construcción de equipamientos dotacionales residenciales, al objeto de incrementar la oferta de viviendas de protección pública en régimen de alquiler para personas menores de 35 años, con diversidad funcional o mayores de 65 años, más allá de la estricta reserva legal del 30% de la edificabilidad residencial con destino a viviendas de protección pública”.
El Ayuntamiento afirma también en su argumentación que el proyecto “prevé un excesivo número de plantas edificables en determinadas zonas, lo que puede ir en detrimento de una transición amable entre la ciudad y la huerta” y tampoco consigue “una adecuada integración en la urbanización de los caminos que históricamente facilitaban el acceso a la huerta”.
Po último, estima que la propuesta de la promotora “orienta el desarrollo del sector casi en exclusiva hacia el uso residencial colectivo, minimizando otro tipo de usos como los terciarios y los residenciales comunitarios, que a nuestro juicio inicidirían favorablemente en el objetivo de conseguir una ciudad compleja, con mayor mixticidad de usos, además de permitir dar respuesta a la creciente demanda que se detecta en la ciudad de suelo privado apto para albergar la construcción de centros educativos, sanitarios y asistenciales de una cierta envergadura”.
Sobre la denuncia de Metrovacesa, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, comentó recientemente; “Es el Ayuntamiento de València quien tiene las competencias para decidir el diseño de los nuevos desarrollos de la ciudad y en esa línea hemos abierto una negociación pública con la empresa que representa a la mayoría de propietarios, que es Metrovacesa, para mejorar e introducir cambios que para nosotros eran importantes”.
La vicealcaldesa recalcó en que para los socialistas es imprescindible que el diseño resultante gane zonas verdes, espacios comunes y permita conseguir nuevas dotaciones públicas.
“Para nosotros es muy importante que el nuevo diseño respete los enclaves históricos ligados a la huerta, rehabilitara caminos y acequias e hiciera una transición mucho más amable entre el barrio y su historia con la huerta. Propusimos esos cambios y ellos decidieron que fuera el Ayuntamiento quien asumiera la competencia en ese proceso de revisión. Y dado que hay una evidente situación de disparidad de opiniones dentro del barrio, creo que nos iba a ayudar mucho a llegar un acuerdo el hecho de que fuera el Consistorio quien liderara el proceso de diseño, de planeamiento, y eso pudiera acercar posturas entre las diferentes entidades y colectivos que son muy dispares dentro del barrio”, sostuvo.
La resolución del Ayuntamiento recurrida por Metrovacesa va también en la línea de lo comentado por el alcalde de València, Joan Ribó, en la entrevista concedida a elDiario.es: “La actual ley urbanística dice que los planes urbanísticos los gestionará en primer lugar la autoridad municipal, yo creo que debemos avanzar en esta dirección porque una gestión municipal siempre es una gestión que piensa más en todos que una gestión hecha por un empresario”, dijo Ribó.
Demandas contra los ocupantes de los huertos
La batalla judicial que ha iniciado Metrovacesa no solo se centra en el Ayuntamiento de València, sino también en los ocupantes de los huertos particulares a los que también ha demandado para expulsarlos, según advierte la asociación Cuidem Benimaclet, que oferece asesoramiento jurídico a los afectados.
La semana ha estado cargada de tensión en el barrio. Según denuncia la Asociación de Vecinos de Benimaclet, “en los últimos días Metrovacesa ha sorprendido con el vallado de una de las zonas que el vecindario del barrio utiliza para aparcar, y la amenaza de vallar 22 solares más”, lo que provocó que algunos vecinos trataran de tumbar las vallas y la correspondiente respuesta policial.
La entidad critica que lo hace argumentando “que es propiedad privada y que la Ley le obliga a vallar y mantenerlo limpio, cuando lo que realmente hay detrás de su actuación es una acción de chantaje, porque tanto el gobierno municipal, como los colectivos vecinales del barrio rechazan su proyecto de PAI”, al tiempo que recuerdan que “todos esos terrenos eran solares abandonados, que con el paso del tiempo se convirtieron, ante la dejación de los promotores, en auténticos vertederos y basureros que los vecinos y vecinas adecentaron dándoles uso como huertos urbanos, aparcamientos, zona de recreo y descanso, todo ello desde la autogestión vecinal”.
Para la entidad vecinal “es realmente vergonzoso que el vecindario tenga que aguantar este chantaje y provocación por esta promotora, cuyos mayores accionistas son el Santander y el BBVA, tras haber sufrido durante tantos años en la puerta de nuestras casas la basura y degradación causada por el abandono de estas parcelas”.
Por su parte, la promotora ha trasladado que tras el inicio de los trabajos de vallado en los suelos propiedad de Metrovacesa situados en el PAI de Benimaclet y atendiendo al actual contexto de tensión que se está generando en el barrio, “la empresa es propietaria de las parcelas desde el año 2017 cuando inició gestiones encaminadas al desarrollo del sector, de manera consensuada con el Ayuntamiento de Valencia y sobre la base de la Estrategia Integral de Participación Benimaclet és Futur, promovida por la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal”.
Desde hace unos días “se están llevando a cabo determinados trabajos de limpieza y vallado, dando cumplimiento así tanto a sus obligaciones como propietaria como a los distintos requerimientos que en tal sentido se han hecho por parte del Ayuntamiento”, han afirmado.
La intención de la compañía “no ha sido en ningún momento y bajo ningún concepto, causar molestias a los vecinos del barrio, mucho menos utilizar esta acción como medida de chantaje o presión”. No obstante lo anterior, de haberse producido, lamentan “las posibles molestias puntuales (e inevitables) que estos trabajos de vallado de los terrenos pudieran ocasionar”.
Por otro lado, “desde el total respeto a la discrepancia y la manifestación libre de las opiniones, Metrovacesa condena firmemente los actos violentos que han tenido lugar en los últimos días, que se han traducido en daños materiales y altercados que requirieron de la actuación de la Policía”.
Por último, “Metrovacesa manifiesta nuevamente su voluntad de seguir trabajando en el desarrollo del PAI de Benimaclet de manera colaborativa en cuanto la Administración fije los criterios dentro del marco de la legalidad vigente, tal y como viene desarrollando la compañía durante sus más de 100 años de historia a lo largo de toda la geografía nacional”.