El presidente de la junta rectora del Parque Natural del marjal de Pego-Oliva, Salvador Tarín, organismo de participación pública que vela por el buen estado del paraje, presentó este miércoles su dimisión ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio que dirige ahora Salomé Pradas (PP).
En su carta de renuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha agradecido la oportunidad que le brindó hace siete años la Generalitat Valenciana de contribuir a la mejora del parque, pero ha advertido de que “este es un territorio sometido a presiones urbanísticas y de consumo imprudente de recursos hídricos”.
Además, ha añadido que “la paralización de la concentración parcelaria durante más de 20 años y la lentitud del trámite reiniciado por el anterior gobierno, paralizan la solución de los problemas del marjal” y ha reseñado que “en el parque se respira un desentendimiento patológico entre las administraciones publicas implicadas”, en concreto, “la Confederación Hidrográfica, Ayuntamientos y Consejerías divergen en acciones y soluciones, lo que es mala noticia en tiempos de emergencia climática”.
Tarín ha mostrado su descontento por la falta de transparencia ya que “las administraciones niegan, retrasan y omiten información a la junta rectora y sus miembros”. De hecho, la Comisión del Agua que se celebra este jueves contará con la ausencia de los representantes de la Confederación Hidrográfica y tampoco asistirá el portavoz de Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro, a modo de protesta por la falta de información y documentación por parte de las administraciones, lo que desvirtúa el funcionamiento del organismo.
Precisamente Navarro ha interpuesto una denuncia que ha supuesto la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de de la Audiencia de Madrid por un presunto expolio que se estaría dando en el río Bullent que alimenta el marjal de Pego-Oliva.
Como informó elDiario.es, el escrito de denuncia está basado en diversos documentos, entre ellos el estudio hidrológico y agrónomo del Parque Natural elaborado por el Centro Valenciano de Estudios del Riego de la Universidad Politécnica de València para la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valencianal.
En el mencionado escrito se detalla que “el sistema de abastecimiento a los complejos turísticos al sur del Río Bullent, se abastece de dos sondeos contiguos, situados en el Port de les Aigües, contiguos a la carretera CC-3318”. Estos sondeos “explotan el acuífero de Almirante-Mustalla en el lugar más fácil, junto a los manantiales del Río Bullent, apenas a unos pocos metros del límite del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva” y su efecto hidrológico sobre el río “es directo e inmediato”.
Independientemente de que el año sea más o menos húmedo, “a principios de julio, las extracciones de los acuíferos agotan el caudal del Bullent durante dos meses el cual ”disminuye exageradamente su caudal en julio y agosto lo cual obliga a suplementar la dotación del arrozal y de la marjal“.
Otra extracción de efectos claros es “el abastecimiento a la Playa de Oliva desde el pozo de la empresa Aguas del Bullent SA. Las extracciones para la playa, se concentran en verano, directamente sobre los manantiales. La detracción es directa en el momento más comprometido”.
Además, afirma que Aguas del Bullent SA, contrata del Ayuntamiento de Oliva, excedió sus extracciones de agua para la zona de la playa en 6,6 millones de metros cúbicos entre los años 2012 y 2021.
“Conviene no olvidar que el marjal de Pego-Oliva es el final del sistema y por lo tanto, todos los desajustes, sobreexplotaciones y errores de gestión repercuten directamente sobre ella. Es el elemento más frágil”, dice el escrito trasladado a la Fiscalía.