“El presidente Ximo Puig desde el primer día que me nombró ya le dije que fuera buscando un sustituto y por lo tanto tiene mi nombramiento a su disposición desde el primer día, como es razonable porque son nombramientos de confianza. Si él piensa que hay que sustituirme, ningún problema”.
Así se ha pronunciado este martes el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), el socialista Aurelio Martínez, sobre la posibilidad de poner su cargo a disposición del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, quien le nombró máximo responsable del organismo portuario, como muestra de confianza del jefe del Consell hacia su gestión, tras conocerse que el proceso de permuta de las concesiones aprobadas al naviero y presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), Vicente Boluda, habrían incurrido en irregularidades, según ponen de relieve sendos informes de la Intervención del Estado y de la Abogacía del Estado, como avanzó elDiario.es.
Martínez, no obstante, descarta presentar su dimisión que han solicitado recientemtente la Comissiò Ciutat Port y Podem València: “Hemos seguido escrupulosamente los informes que nos ha suministrado la Secretaría General o la Abogacía del Estado y hemos cumplido meticulosamente todas sus indicaciones, no entiendo muy bien que se pida la dimisión, es algo que me llama la atención. Si hubiéramos cometido alguna irregularidad y hubiéramos tomado alguna decisión porque nos ha parecido así, pero sin tener ningún soporte que avalase nuestras decisiones, yo lo hubiera entendido, es más, me hubiera ido. Pero cuando estás cumpliendo la legalidad, cuando estás cumpliendo informes, cuando los has solicitado y aún así te piden la dimisión, sinceramente me suena a muy raro”.
El presidente de la APV se ha manifestado así tras dar cuenta de la aprobación del inicio de un procedimiento de lesividad, cuyo objetivo es anular el acuerdo del consejo de administración de la APV adoptado en 2019 por el cual se aprobó rescatar la concesión otorgada a Boluda en los astilleros de la Unión Naval, sin uso desde 2012 y que caducaba en 2027, compensándole con una nueva concesión de 35 años para la construcción de un edificio de oficinas de 13 plantas.
El objetivo es construir en los 90.000 metros de los antiguos astilleros la nueva terminal de cruceros, pendiente de adjudicar a Baleària, que ahora queda en el aire.
Según ha explicado Martínez, la APV eleva ahora este expediente de lesividad a Puertos del Estado y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige el socialista valenciano José Luis Ábalos, que a su vez lo llevará al Tribunal Superior de Justicia para que determine si la permuta de concesiones es lesiva para los intereses públicos y si se debía haber optado por la vía de la caducidad de la concesión de Unión Naval, sin coste para el patrimonio público, como sostienen la Intervención y la Abogacía del Estado.
El responsable del Puerto de València ha comentado que ha solicitado al Ministerio que permita que se pueda avanzar en la tramitación de la terminal de cruceros en los terrenos que no están afectados por la controversia, una petición a la que el ministerio puede contestar en un plazo máximo de seis meses. Hasta entonces, todo el procedimiento queda paralizado.
Como avanzó este diario, el informe de intervención considera que “la operación de rescate de las concesiones de Union Naval de Valencia presenta las suficientes lagunas para concluir que no se han defendido adecuadamente los intereses de la Autoridad Portuaria. A su vez existen suficientes dudas razonables sobre la legalidad de la misma”.
Según el documento, “no se han estudiado en profundidad otras alternativas a la elegida como podrían ser el incumplimiento de la concesión, el rescate parcial o el mero transcurso del tiempo hasta la extinción de la misma”.
La Intervención pone de relieve que no consta que Boluda, consejero de la APV, se ausentara de la primera votación relacionada con el rescate de su propia concesión, lo que puede suponer un conflicto de intereses, motivo por el cual en las sucesivas votaciones deja de participar. Martínez ha confirmado que este martes no ha participado en el punto del procedimiento de lesividad, que el propio Boluda podría recurrir como parte afectada.
La declaración de lesividad, o declaratoria de lesividad, es un trámite por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales un acto previamente dictado por ella misma, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia.
La operación de rescate de esta concesión viene como consecuencia de las modificaciones introducidas en el anteproyecto de la polémica ampliación norte del Puerto de València.
Entre esos cambios aprobados por el consejo de administración de la APV que preside Martínez figura el traslado de la terminal de cruceros de su ubicación actual en los diques de abrigo a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.
Martínez ha retrasado nuevamente el plazo de presentación del proyecto defitinitivo de los nuevos muelles de la ampliación norte del mes de julio al mes de septiembre “con el objetivo de justificar debidamente los puntos determinados por Puertos del Estado”.