La operación urbanística aprobada en 2005 por el PP de Rita Barberá que dio lugar a la conversión de Tabacalera en un edificio municipal a cambio de un pelotazo urbanístico para la promotora Guadalmedina, según las estimaciones del momento, de 75 millones gracias a la construcción de tres edificios en dos del las mejores zonas de la ciudad, sigue generando quebraderos de cabeza 17 años después.
Y es que, según informaron este miércoles fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige la vicealcaldesa, Sandra Gómez, la constructora ha solicitado la ejecución de la sentencia que declaró ilegal todo el plan, lo que devolvería toda la situación urbanística al momento anterior al año 2005, por lo que el edificio municipal volvería a su propiedad.
Esta situación, indirectamente, dejaría en una complicada situación jurídica los inmuebles de viviendas promocionados por Guadalmedina en su día en la plaza de América, un edificio hasta entonces de dependencias municipales, y el otro construido en la calle Micer Mascó, donde había una de las naves que fueron derribadas ilegalmente al estar protegidas. De ejecutarse la sentencia, estos dos inmuebles volverían a ser propiedad municipal. También el solar contiguo de Micer Mascó en el que la promotora iba a construir un tercer edifcio de viviendas que quedó paralizado tras a sentencia.
Para evitar todo este embrollo jurídico urbanístico, el actual Gobierno municipal, en concreto, la delegación de Desarrollo Urbano, aprobó una permuta de terrenos para trasladar la edificabiliad de esa parcela a un par de terrenos municipales ubicadas en las Calles Penya-Roja con Río Escalona y en la Calle 3 de abril de 1979 con el objetivo de evitar una indemnzación de 25 millones de euros en favor de Guadalmedina, en compensación por los metros cuadrados de edificabilidad que tiene reconocidos.
Estas parcelas estaban destinadas a uso educativo y a zona verde, por lo que la asociación de vecinos del barrio de Penya-roja denunció la recalificación al considerar que suponía la pérdida de suelo dotacional.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó parcialmente el incidente de ejecución interpuesto por los vecinos contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan General de València, relativa a la Antigua Fábrica de Tabacos, y anular parcialmente la recalificación de dos parcelas de suelo educativo y de zonas verdes en el barrio. Esta resolución quedó anulada por un defecto de forma, pero es cuestión de tiempo que se confirma.
Ante esta situación, Guadalmedina ha solicitado la ejecución de la sentencia del plan de Tabacalera como una forma de presionar al Gobierno municipal y de garantía para asegurarse el cobro de la edificabilidad.
Al respecto, fuentes de Urbanismo advirtieron que esta es “una las consecuencias jurídicas del Pelotazo del PP de Rita Barberá y que dan la razón a la concejalía al intentar llegar un acuerdo que evitara que el Ayuntamiento tuviera que pagar las consecuencias de este gran pufo”.
“La empresa que se benefició del pelotazo pide ahora que se le entregue el edificio de tabacalera en ejecución de la sentencia y en línea de lo que han venido reclamando PP y Cs, en perjuicio de la ciudad”, señalaron las mismas fuentes.
Además, advierten de que se “demuestra así que la solución que se aportaba desde Urbanismo era la más lógica y racional para el Ayuntamiento y para evitar un perjuicio económico que acabará perjudicando a los valencianos y valencianas”.
Ribó se compromete a buscar alternativas
El alcalde de València, Joan Ribó, comunicó este miércoles a la Plataforma Vecinal del barrio de Penya-roja, con la que se reunió, que el Ayuntamiento “buscará otra solución para la sentencia de Tabacalera que no les perjudique”. El máximo responsable de la ciudad explicó que el equipo de gobierno trabajará “en otra salida al follón urbanístico que provocó el PP”.
“Vamos a buscar otra salida en la sentencia de Tabacalera. Después del follón urbanístico que provocó el PP con la recalificación ilegal de Tabacalera, esto ha causado un perjuicio económico muy importante al Consistorio. Consideramos que la solución planteada se tendrá que resolver de otro modo que no suponga un agravio para los vecinos de Peña-roja”, aseguró Ribó al finalizar la reunión.
Cómo explicó el alcalde “la sentencia de Tabacalera obligaba al Ayuntamiento a compensar a la promotora por esta operación urbanística al considerar que la recalificación que llevó adelante el gobierno del Partido Popular fue ilegal después del derribo de varias naves protegidas”.
Antecedentes de una operación considerada expolio
La operación Tabacalera se fraguó en 2002 cuando Guadalmedina adquirió el 49% de la Tabacalera a Altadis, entonces propietaria del edificio, por ocho millones de euros. Cuatro años más tarde, en 2006, se recalificaron los terrenos y se permitió el derribo de las naves laterales del conjunto arquitectónico y la edificabilidad de los solares que se generaban.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó en octubre de 2015 el recurso presentado por la entidad cívica Salvem Tabacalera y declaró nulo por ser “contrario a derecho” el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de abril de 2005 que permitió la permuta de la antigua fábrica.
La sentencia considera que existen suficientes elementos en autos que acreditan que la fábrica formaba un conjunto integrado no solo por el edificio principal sino también por el conjunto de naves que la perimetran. Considera por ello el tribunal que las partes demolidas y desaparecidas, tras el acuerdo del gobierno local, constituían elementos característicos y formaban parte de un conjunto que merecía una protección “integral”, y que su conservación y preservación “se imponía como legado de nuestra historia industrial”.
Según señala el tribunal, todo el conjunto de edificios ubicados en la manzana de Tabacalera estaban protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia de 1988 con el nivel de protección 2.
Entiende el tribunal que la descatalogación de las dos naves lindantes con la calle Miscer Mascó no tuvieron por objeto “mejorar el conjunto protegido, ni su conservación, ni su equilibrio estético o arquitectónico, ni siquiera su observación”, sino la de “generar suelo, que permita un notable incremento de volumen edificatorio” para una operación “especulativa” y la obtención de plusvalías.