El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado este viernes que el Gobierno municipal del PP y de Vox que dirige la alcaldesa María José Catalá “sigue dando pasos para entregar completamente la política urbanística de esta ciudad a las empresas que quieren hacer negocio con la vivienda a costa de los vecinos y vecinas de València”.
Sanjuan ha hecho referencia de esta manera a la moción que ha aprobado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, para librar a las promotoras y constructoras del canon que se paga habitualmente para poder quedarse con el suelo municipal en régimen de concesión donde estaba previsto construir viviendas de protección pública “a pesar de que admite que conseguirán un 297% de rentabilidad”, es decir, unos 155 millones de euros por la explotación de los alquileres durante 65 años.
Sin ir más lejos, el pabellón Roig Arena que construye Juan Roig sobre suelo municipal abonará un canon anual al Ayuntamiento de cerca de medio millón de euros en concepto de tasa durante los 50 años de la concesión, tal y como se acordó con el anterior ejecutivo municipal, entonces formado por Compromís, Pspv y València en Comú.
Como ha informado elDiario,es, en este caso se trata la constitución de un derecho de superficie sobre cuatro parcelas municipales. La empresa que resulte adjudicataria asume todos los gastos de la construcción de 221 viviendas que gestionará directamente durante 65 años como viviendas de protección pública destinadas a alquiler asequible, con posibilidad de ampliarse por otros 10 años. Una vez transcurrido ese plazo, las viviendas pasarán a formar parte del parque público de Viviendas de Protección Pública de la Ciudad.
“Qué casualidad que, después de que se incorporase al expediente la evaluación económica para la cesión de suelo público en València que Catalá dejó en manos de un comisionista inmobiliario, el resultado sea que el concejal de Urbanismo haya decidido que no es necesario cobrarle el canon a las empresas constructoras que quieren hacer negocio con las viviendas de nuestros vecinos y vecinas”, ha subrayado el portavoz socialista.
Sanjuan ha advertido de que esta es la primera consecuencia directa de la adjudicación de Urbanismo que desvelaron ayer los socialistas a una comisionista inmobiliaria para que redacte las condiciones por las que los promotores y constructores puedan acceder a quedarse con suelo público.
“Justo después de conocer esta situación que ha denunciado el propio interventor porque ningún funcionario público ha podido supervisar el documento, hemos podido comprobar que el concejal de Urbanismo, en base a los cálculos económicos que ha hecho este comisionista inmobiliario, ha decidido que no es necesario cobrarle el canon a las promotoras y constructoras”, ha incidido Sanjuan.
Y es que, tal y como ha explicado el responsable socialista, este informe es clave para la redacción de los pliegos técnicos que regirán la licitación puesto que los funcionarios deben basarse en sus conclusiones para elaborar el documento definitivo.
Ante esta situación, Sanjuan ha denunciado que todos estos movimientos del Gobierno de Catalá con la política de vivienda es parte de “una operación montada para que las constructoras ganen mucho dinero con el suelo público de los valencianos y valencianas. Un plan que pasa por renunciar a construir vivienda pública como estaba haciendo el anterior gobierno progresista para dejarla en mano de quienes hacen dinero con ella”, ha finalizado.
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha comentado: “Cada vez que escucho al Partido Popular hablar de colaboración público-privada me pongo a temblar. De hecho, no hace mucho que tuvieron el Caso Colegios, dentro del caso Azud, en el que el Partido Popular lo que hacía era cambiar la clasificación de suelo escolar para regalárselo a empresas que eran constructoras y especuladoras. El urbanismo es un epicentro de movimiento de dinero y de oscuridad muy peligroso en el que el Partido Popular se maneja muy bien. Y mientras tanto, el Partido Popular, de brazos caídos, con una ejecución de las inversiones en vivienda del 3,9%, prácticamente en octubre. Por tanto, corrupción es lo que están intentando volver a incluir dentro de nuestro Ayuntamiento”.
El PP rechaza las críticas
El portavoz municipal del PP, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que “lo que le molesta a la izquierda es que ha quedado en evidencia su gestión durante los últimos ocho años en materia de vivienda, ocho años en los que se incrementó el precio de la vivienda y del alquiler y en los que la única solución que daban a los ciudadanos que querían vivir en València era que se fueran fuera porque no tenían oportunidades para lograr una vivienda”.
Caballero ha criticado que la izquierda tan solo fue capaz de construir 14 viviendas de protección oficial en ocho años y sobre el informe del interventor ha comentado que el mismo documento informa favorablemente sobre la cesión del derecho de superficie y que el informe de viabilidad económica no estipula nada más que un valor estimativo y que luego son las empresas las que hacen sus números y harán una oferta al Ayuntamiento.