Más millones de euros de las arcas públicas para la ampliación del Puerto de València que beneficiará a la multinacional MSC, naviera que mueve algo más del 50% de los contenedores del recinto.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tiene previsto aprobar este martes la actualización presupuestaria del proyecto constructivo de los nuevos muelles. La infraestructura se aprobó en diciembre de 2022 con los votos en contra del entonces alcalde, Joan Ribó, y del representante del Gobierno valenciano por parte de Compromís, Iván Castañón, por un importe de 542,6 millones de euros.
Tras su aprobación, se remitió al Consejo de Ministros ya que al tratarse de una inversión pública superior a 15 millones de euros necesita del refrendo del Gobierno. Sin embargo, aún no se ha producido, principalmente por la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que devuelve la condición de órgano sustantivo del proyecto y por tanto la decisión final sobra la validez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 a Puertos del Estado, unido a la oposición de Podemos (ahora de Sumar) y al adelanto electoral.
Un año después, ese coste se debe actualizar y será mucho mayor debido al incremento del precio de los materiales de obra. Como avanzó elDiario.es, un informe de la terminal pública CSP Iberian Valencia que declara la ampliación como “no viable” cifró el coste actual de la obra en 868 millones, un 60% más. Además, la propia MSC, que deberá construir la terminal sobre los muelles, ya advirtió recientemente de que su proyecto se había encarecido entre un 50% y un 60%, pasando de los 1.000 millones previstos a entre 1.600 y 1.700 millones.
Privatización de parte de la Marina de València
El consejo de la APV, al que asistirá también como consejera la alcaldesa de València, María José Catalá, tiene previsto también aprobar el pliego de bases y pliego de condiciones para el otorgamiento de una concesión administrativa de ocupación con destino a instalaciones náutico-deportivas, en la zona norte del Puerto de València.
El concurso para la gestión de los 950 amarres viene motivado por una sentencia que obliga a que sea un tercero y no la propia administración el que preste el servicio. Hasta ahora, era el propio Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de la Marina integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), el encargado de gestionar los amarres de las embarcaciones deportivas.
Tal y como avanzó este lunes Las Provincias, el concurso podría incluir, además de los amarres, el varadero a construir en la parte sur, una enorme explanada industrial, ahora usada como zona de acopio, de 55.000 metros cuadrados que dispone también de edificabilidad en parte de los terrenos con una altura máxima de 14 metros. Según otras fuentes consultadas consultadas por elDiario.es, el pliego también podría incluir la gestión de las antiguas bases de la Copa del América. De confirmarse, estaríamos ante la privatización de una parte importante de la Marina de València que ahora es 100% pública.
Tal y como adelantó elDiario.es, el retraso de la APV de casi dos años para licitar este concurso implica que el Consorcio, en fase de liquidación, no se pueda extinguir hasta que se adjudique el contrato, puesto que es la entidad que en la actualidad gestiona los amarres y así lo seguirá haciendo en virtud de un nuevo permiso que también otorga este martes el consejo de la APV.