El jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), José Manuel Díez Orejas, ha presentado este lunes los objetivos que persigue el nuevo Plan Estratégico que la entidad prevé licitar este mismo mes por un importe de 511.514 euros (IVA incluído).
El proyecto deberá tener un horizonte temporal con vistas al año 2030, ampliable hasta el 2050, y tal y como ha confirmado Díez Orejas “parte de la cituación actual en la que está en desarrollo la terminal norte, debe integrar todas las piezas”.
El plan, por tanto, cuenta con la ejecución de la polémica macroampliación pese a que su ejecución está condicionada a lo que determine el Ministerio de Transportes con respecto a la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En caso de que resuelva que se debe tramitar otra DIA que sustituya a la de 2007, habida cuenta de las importantes modificaciones que se han realizado sobre el proyecto original, la viabilidad de la ampliación dependerá del resultado de esa nueva evaluación ambiental.
Precisamente, llama la atención el especial énfasis que hace el Plan Estratégico en todo lo relacionado con el medio ambiente al destacar uno de sus objetivos la “transición energética, descarbonización y lucha contra el cambio climático”, mientras la APV se niega a tramitar una nueva DIA que evalúe las posibles consecuencias de los cambios realizados en el proyecto de la ampliación sobre el medio ambiente.
Otro de los aspectos en los que incide el Plan es en el de la participación ciudadana y la transparencia. Precisamente, la comisión Ciutat-Port, integrada por Per l’Horta, Acció Ecologísta Agró, Ecologistas en Acción, asociació de veïns i veïnes de Natzaret y la Plataforma el litoral per al poble (PELPAP), tuvo que presentar un recurso de alzada ante el consejo de administración de la APV por falta de acceso a información relevante durante el periodo de exposición pública abierto para presentar alegaciones a alegaciones a la propuesta de la firma Terminal Investment Limited (TIL), filial del grupo MSC, para equipar y gestionar por medio de una concesión de 50 años la futura terminal de contenedores que debe construir la APV.
La comisión, criticó que no se le facilitara esta documentación pese a haberla solicitado para realizar sus alegaciones ya que se le niega la condición de entidad interesada.
Entre la documentación que no se hizo pública los portavoces de las entidades vecinales y ecologistas enumeraron el plan comercial y de desarrollo de negocio, el plan de operaciones, el plan de Conservación y Mantenimiento, el plan de organización, el plan de Calidad, el plan financiero o la propuesta económica.