“Recomendamos que se conteste de manera clara, directa, completa y motivada a la siguiente pregunta formulada con fecha 6/3/2024 sobre la compatibilidad de la alcaldesa con el ejercicio de una actividad privada: ¿Cuántas horas de docencia, del total para las que tiene concedida la declaración de compatibilidad la señora alcaldesa, ha consumido desde el inicio del curso académico 2023-2024 a los efectos de verificar que efectivamente cumple los requisitos fijados en la mencionada autorización?”. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, se pronuncia en estos términos en la resolución publicada el pasado 25 de junio (documento completo al final de la información) en respuesta a una queja planteada por la concejala de Compromís Eva Coscollá, al considerar que se habían vulnerado sus derechos a la obtención de información al haber dirigido la mencionada pregunta a alcaldía sin haber obtenido la información requerida.
La pregunta pretende fiscalizar si la alcaldesa de València, María José Catalá, con una compatibilidad en vigor para dar clases en la Universidad Internacional de València (VIU) que privatizó en su etapa como consellera de Educación, cumple con las horas de docencia que tiene autorizadas según esa compatibilidad que le permite mantener el 100% de su sueldo como primera edil.
Ante esa situación, Coscollá se dirigió al Síndic que ha reconocido su derecho a obtener los datos solicitados, en contra del criterio de los servicios jurídicos municipales: “Esta institución, dicho sea con todos los respetos, no comparte la interpretación municipal mantenida en el sentido de que el recurso de amparo no cabe en el caso de las preguntas porque están reguladas en otro capítulo del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) diferente al capítulo I del título I, concretamente, en el capítulo II del título VII. Hay que tener en cuenta que las preguntas, además de perseguir otras finalidades, también pueden tener por objeto acceder a la información pública. Dicho en otras palabras, que el derecho de información reconocido a los cargos electos en el artículo 11 del ROP también puede ser ejercido a través de las preguntas, no solo mediante la presentación de solicitudes de acceso”.
Por este motivo, el defensor del pueblo valenciano recomienda también que, “de conformidad con el principio que consiste en efectuar una interpretación favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, el derecho de amparo de la alcaldía tutele y proteja el derecho de información de lo concejales ejercido a través de la presentación de solicitudes o de preguntas cuando en estas se solicitan datos e informaciones preexistentes”.
“Lealtad con las instituciones”
La concejala de Compromís Eva Coscollà espera que “esta vez por fin la alcaldesa sea leal con las instituciones y ejerza sus funciones con respeto y responsabilidad y conteste de manera clara, directa, completa, y motivadamente, a la pregunta que formulamos en su momento y que ha sido ignorada hasta ahora, sobre la compatibilidad que tiene concedida para el ejercicio de la docencia como profesora de la Universidad Internacional Valenciana (VIU)”.
Según Coscollà, “simplemente tiene que comunicar cuántas horas ha consumido del crédito de horas de docencia en la universidad que privatizó cuando era consellera de Educación y para las cuales tiene concedida la compatibilidad por parte del Ayuntamiento. Es muy sencillo, son unos datos concretos que a buen seguro constan en el expediente administrativo y que son necesarios para garantizar el correcto cumplimiento de la ley”.
La concejala de Compromís ha considerado que “esta actitud no haría más que asimilar a la señora Català con la actitud contumaz que viene practicando el portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, y sus contestaciones a una institución estatutaria como es la Sindicatura de Greuges”. Y ha añadido: “Desde Compromís confiamos en que todavía quede un pequeño margen de diferencia con su socio ultraderechista”.
Desde la coalición valencianista no entienden el “encabezonamiento de la alcaldesa, que está torciendo y forzando toda la maquinaria administrativa del Ayuntamiento, para negar una información a la cual la ciudadanía tiene derecho a acceder y que, de una manera u otra, se llegará a saber”, ha dicho Coscollà.
Catalá siempre ha evitado hacer público su sueldo como profesora de la VIU, más allá de remitirse a lo publicado por este medio en relación a los 7.300 euros que cobran otros profesores con su misma dedicación.
Como informó este diario, como consellera de Educación en 2013, Catalá vendió el 70% de la VIU por cuatro millones de euros tras haber invertido el Consell desde su creación 34 millones de euros y su valor se multiplicó a los pocos días de seleccionar la oferta del grupo Planeta Planeta tras aprobar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) nuevas titulaciones.