El interventor del Ayuntamiento de València no permite el uso de tarjetas prepago como las que viene utilizando el grupo municipal de Vox desde diciembre del año 2021 y cuya existencia y uso, así como los pagos efectuados con ella, se ha ocultado.
Tal y como ha avanzado elDiario.es,, en 2022 constan cargos con la mencionada tarjeta en la cuenta del grupo por valor de 5.389 euros y entre enero y junio de 2023, periodo en el que se encuadra el informe de la Intervención que reclama la devolución de 16.874,18 euros sin justificar, 6.042,71 euros.
Además, según el certificado bancario, al que ha tenido acceso esta redacción y que se expidió el pasado 14 de septiembre, queda acreditado que a fecha 16 de junio de 2023 el saldo en la cuenta del grupo era de tan solo 1.800 euros, lo que se contradice con la versión oficial de la formación de extrema derecha: “Es cierto que no se han justificado 16.874,18 euros en gastos, pero lo es por la sencilla razón de que ese dinero no se ha gastado y se encuentra, como el propio informe de la Intervención recoge, en la cuenta corriente del grupo municipal (11.799,51 euros) y en caja (5.022,08 euros)”, dijeron, algo que se contradice con la documentación.
El concejal del PSPV Borja Sanjuán ha afirmado que “de la cuenta del grupo municipal, que solo puede ser una legalmente, no se pueden tener tarjetas prepago, está prohibido, por lo tanto, si reconocen que tienen una tarjeta prepago han hecho un uso indebido de recursos públicos”.
El edil socialista ha añadido que “el problema no es solo que falte el dinero, que falta, el problema ahí es que con ese dinero no pueden haberse financiado, no basta con que devuelvan el dinero. Si se demuestra que con ese dinero se han financiado gastos electorales, aunque luego lo devuelvan, están utilizando el dinero público del Ayuntamiento destinado al grupo municipal como si fuera un prestamista y el dinero no está para eso”.
Según la información publicada por esta redacción, el exconcejal de Vox Vicente Montañez asegura que “el grupo municipal recibía los pagos del Ayuntamiento por una única cuenta y nunca existió una caja”, y añade que “para los pequeños gastos se disponía de una tarjeta recarga que tenía Jerome Garris, secretario del grupo municipal, por orden expresa de la dirección de Vox en Madrid”. Por tanto, advierte de que “existe trazabilidad de todos los gastos en los que ha incurrido el grupo así como de quien ha dispuesto de dicha cantidad a través de los extractos de la cuenta bancaria y de los extractos de la tarjeta recargable”.
Al respecto, Sanjuán denuncia que “el secretario municipal que lleva las cuentas sigue siendo el mismo en este mandato porque es un enviado de Madrid, según ha dicho el exconcejal; las cuentas estaban visadas por el anterior portavoz que sigue siendo concejal y el otro día el señor Badenas, actual portavoz, se quitó de en medio diciendo que era algo del pasado, por lo que no se entiende que mantenga al mismo responsable de cuentas que ha hecho desaparecer 16.000 euros y que tenía una tarjeta prepago, que eso en terminología de la Intervención del Ayuntamiento es como tener una tarjeta en B.Mantiene al mismo responsable de las cuentas, mantiene a un concejal del anterior grupo al que no ha pedido responsabilidades, a día de hoy aún no ha reintegrado el dinero, no dicen dónde está, no lo han justificado ni han dicho en qué se lo han gastado y si de repente aparece ese dinero y lo tienen para devolver, la única explicación legal aunque sea un poco raro, es que ese dinero esté en el grupo municipal en billetes, es la única explicación si no está en la cuenta y no está gastado”.
El exedil de Vox Montañez también asegura que “la contabilidad que se aporta era realizada por Fran Egea, asesor del grupo asignado a José Gosálbez y supervisada por el entonces portavoz del Grupo Municipal José Gosálbez y reportada a Madrid a Juan Sevilla del Área de Gestión de la Vicesecretaria Nacional de Organización, quien también tenía acceso como supervisor a las cuentas bancarias del grupo”. Esto forma parte, según ha comentado, “del procedimiento establecido por la Dirección del Área Intermunicipal de Vox en Madrid y a la que estaban todos los miembros del grupo sometidos”.
El exconcejal afirma que “la persona designada por Madrid e impuesta por la Vicesecretaria Nacional de Organización para el control del grupo y la operativa bancaria y supervisión de la misma era Jerome Garris, persona de la máxima confianza de la dirección y de Santiago Abascal y que, por dicho motivo, ocupaba la secretaría del grupo”. Y ecuerda que fue el propio Montañez quien destapó “las presuntas irregularidades en la gestión de las asignaciones a los grupos municipales mediante escrito remitido a la Fiscalía y del que se hicieron eco en su día los medios de comunicación”.
Por último, revela: “En fecha 27 de julio de 2023 procedí a denunciar ante la Agencia Valenciana Antifraude las irregularidades detectadas y dicha denuncia fue ampliada con la aportación de más pruebas y documentación en fecha de 11 de diciembre de 2023. Además el pasado 18 de diciembre solicité en el Ayuntamiento por registro de entrada poder intervenir en el último pleno del miércoles 20 de diciembre por ser persona afectada por estos informes, para poder explicar y argumentar todo esto, lo que me fue impedido por parte del secretario del pleno”.