El Juzgado de Instrucción Número 19 de València ha citado en calidad de investigado al concejal de Comercio y Relaciones con los Medios del Ayuntamiento de València al estimar una denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos relativos a la prestación del servicio de comunicación en redes sociales y gestión de la web de este área del consistorio.
En un auto fechado el pasado 4 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda citar como investigado al edil el próximo 10 de septiembre para que preste declaración sobre los hechos descritos en una denuncia presentada por el asesor del grupo municipal popular Luis Salom y tras recibir el informe emitido por el Ministerio Fiscal al respecto.
En la denuncia que origina este procedimiento, consultada por Europa Press, se expone un posible fraccionamiento de contratos adjudicados por la concejalía que dirige el regidor de Compromís Carlos Galiana. El denunciante explica que se adjudicó un contrato mediante procedimiento negociado sin publicidad a una empresa para que se encargara de la “asistencia técnica para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de València”.
En concreto, el escrito señala que el 29 de septiembre de 2016 el concejal de Relaciones con los Medios ofreció, mediante una moción, un contrato para este fin por un importe de licitación inicial de 29.500 euros más IVA (35.695€), una cifra que seis días después aumentó hasta los 32.900 euros más IVA (47.432€). El contrato ofertado era de un año, pero contemplaba una prórroga de seis meses por la que el valor estimado del contrato ascendía a 58.800 euros más IVA (71.148€).
A esta oferta se invitó a tres empresas, pero “no consta en el expediente administrativo el acuse de recibo de dos de las tres empresas invitadas, constando únicamente el de la firma que resultó ser finalmente la adjudicataria, según indica la denuncia, que puntualiza también que esta posible adjudicación sí se publicó en el anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. Sin embargo, no se presentó ninguna otra mercantil.
Finalmente, el contrato se adjudicó el 23 de febrero de 2017 con una baja ofertada por la empresa del 10%, 35.280 euros más IVA (42.688€). Incluida la prórroga, el importe ascendía a 52.929 euros más IVA (64.033€).
Otro contrato menor
La denuncia también se refiere a otro contrato menor consistente en la prestación del servicio del Plan de comunicación de redes sociales y gestión de la web de la delegación de Comercio del consistorio valenciano, firmado el 13 de octubre de 2016 por un importe de 5.580 euros más IVA (6.751€). Además, también se pone en cuestión un segundo contrato menor a la misma persona adjudicataria del primero con el mismo fin, firmado el 26 de enero de 2017, con una duración desde ese mismo día hasta el 31 de diciembre de ese año y un importe de 17.500 euros más IVA (21.175€).
Tras la prestación de estos servicios, el denunciante apunta que el Servicio de Comercio no dispone de ningún contrato vigente para la prestación de estos servicios de comunicación, aunque “las redes sociales siguen funcionando con normalidad”. Preguntado por este punto en pleno, Galiana afirmó que ahora gestiona él personalmente las redes de su concejalía y que está estudiando la adjudicación de un nuevo contrato menor, según se indica en la denuncia.
En suma, el denunciante sostiene que el concejal Carlos Galiana ha adjudicado “cuatro contratos sin concurso público por importe global de 113.377 euros, incluida la prórroga de seis meses del contrato vigente de la Oficina de Publicidad”. Asimismo, censura que se encadenaron dos contratos con la misma persona y con el mismo servicio prestado en dos años consecutivos, sin procedimiento abierto, por lo que considera que se habría producido un fraccionamiento al superar los 18.000 euros del contrato menor al mismo proveedor y objeto.
Respuesta de Galiana
Tras conocer la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 19 de València, desde el departamento que dirige Carlos Galiana se ha criticado que “esta es una más de las al menos 15 denuncias que, a destajo, ha interpuesto el asesor imputado del grupo municipal popular Luis Salom contra los concejales del equipo de gobierno”. “Además de esta quincena de denuncias, ha interpuesto otras contra varios consellers e incluso las ha hecho extensivas, además de a la Fiscalía, a otras instancias como la Oficina Antifraude, el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo...”, han agregado.
En este sentido, han sostenido que estas denuncias, “en sede judicial, se han ido archivando una detrás de otra, y solo persiguen continuar ensuciando la imagen de València, instrumentalizando la justicia por puro interés partidista”.
Desde el departamento de Galiana han recordado que el juzgado “ya ha archivado recientemente” denuncias interpuestas contra él, “en el archivo de las cuales se destacaba una temeraria utilización del procedimiento penal para fines no acordes a la tutela judicial efectiva”. Esta denuncia, han continuado, “entra en esta dinámica de intentar ensuciar la tarea de un concejal a través de titulares que luego quedan en nada”.
Asimismo, han puesto de relieve que el grupo popular tiene “nueve de sus diez concejales imputados por corrupción, así como gran parte de sus asesores e incluso el mismo partido en el marco del caso Taula”, por lo que ha acusado al PP de “intentar hacer ver que todos son iguales”.
“El concejal Galiana no está investigado por corrupción, como sí lo están estos concejales y asesores, hasta llegar a más de 50 personas vinculadas con el grupo municipal popular. Esta denuncia contra el concejal llega después de las sentencias condenatorias al PP por la Gürtel valenciana, por Emarsa, de las investigaciones de Taula, etc. No es casualidad”, han denunciado.
Además, han señalado que “el asunto administrativo por el que el PP interpone una denuncia considera una misma unidad administrativa a dos concejalías completamente diferentes”, la de Comercio y la de Relación con los Medios de Comunicación, por lo que consideran que “tiene un error de concepción de fondo”.
Sobre el asesor del PP que ha denunciado estos hechos, han destacado que “ya presentó la misma denuncia interna, que fue contestada en tiempo y forma por los servicios municipales”. Igualmente, han resaltado que los trámites administrativos a los que se refiere la denuncia “fueron avalados por la firma de hasta dos secretarios municipales, que como habilitados nacionales son quienes indican qué pasos se deben dar, así como también están avalados por los dos jefes de servicio y una jefa de oficina de las áreas en cuestión”.
El alcalde de València, Joan Ribó, también ha criticado este martes el uso partidista de la Justicia que está realizando el PP tras la imputación del concejal de Compromís. Para Ribó, este uso de la Justicia “no es el mejor camino”.