El mes de julio se antoja decisivo para la candidatura de València como una de las posibles sedes del Mundial de 2030 y por extensión para que se conozca el camino que tomará el PP como principal partido de Gobierno del Ayuntamiento para desatascar el reinicio de las obras del nuevo estadio del Valencia CF.
Fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) han informado a elDiario.es de que en estos momentos el equipo de trabajo conformado para analizar las diferentes candidaturas está analizando la información aportada por València para comprobar si cumple los condicionantes para tratar de sumar alguna sede más a las 11 que ya se habían definido. En este sentido, han comentado que están en conversaciones con Portugal y Marruecos para lograr que acepten la inclusión de hasta dos ciudades más si ambas cumplieran con todos los requisitos, ya que además de València, también Vigo cuenta con opciones. Las 11 que ya están confirmadas son el Camp Nou, Stage Front Stadium del Espanyol, San Mamés, Reale Arena, Santiago Bernabéu, La Cartuja, Metropolitano, La Romareda, La Rosaleda, Gran Canaria y Riazor.
Las mismas fuentes han explicado que antes del 31 de julio deben remitir un dosier a la FIFA con toda la documentación cumplimentada por las sedes seleccionadas por cada país y que el organismo internacional deberá ratificarlo el próximo mes de diciembre.
Según el CSD, el pasado jueves, antes de la reunión en Agadir por el tema de las sedes de cada país, se elevó consulta a la FIFA para ver si era posible que España sumara una sede, en este caso para Vigo. La FIFA aceptó siempre y cuando estuviera de acuerdo Portugal y Marruecos. No fue hasta el viernes a mediodía, con la reunión ya iniciada, cuando llegó un correo del Valencia CF comunicando aceptaba las condiciones de la FIFA, sujeto a ciertas dudas sobre los costes a asumir por los clubs. Fue en ese momento cuando València volvió a contar con opciones, gracias al interés del CSD y de la Federación Española de Fútbol.
Sin embargo, para que València pueda colarse en el mencionado dosier deberá resolverse a nivel político el futuro del nuevo estadio del Valencia CF. Como informó este diario, el equipo de Gobierno formado por el PP y Vox tenía la semana pasada casi cerrado un acuerdo para exigir al club garantías financieras por el importe total de las obras a ejecutar para finalizar el coliseo, como requisito para aprobarle las llamadas fichas urbanísticas, es decir, el planeamiento urbanístico por el cual recuperaría la edificabilidad que contemplaba la actuación territorial estratégica (ATE). En concreto, 40.000 metros cuadrados de terciario en la avenida de las Cortes Valencianas y 75.000 metros cuadrados de residencial y 15.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón, con cuya venta el Valencia CF pretende financiar gran parte de la operación.
Sin embargo, a medida que avanzaba la semana las posturas se fueron alejando por la disparidad de criterios en cuanto a las garantías a exigir al Valencia CF. En este sentido, Vox exige avales bancarios del máximo accionista, Peter Lim. De no alcanzarse un acuerdo entre populares y ultras, la alcaldesa, María José Catalá, tan solo tendrá dos vías: o buscar un acuerdo con Compromís y el PSPV (o con uno de los dos) o trazar una arriesgada hoja de ruta posterior al 3 de agosto, cuando el club podría recuperar de nuevo los derechos urbanísticos al cobrar de nuevo vigencia el planeamiento de la ATE. Una tercer vía que hasta ahora no se ha contemplado sería la sustitución del promotor, es decir, que el Ayuntamiento sacara a concurso la finalización de las obras, una opción contemplada en el ordenamiento jurídico pero que acarrearía un sinfín de recursos judiciales que dilatarían aún más la solución final.