El Valencia CF ha demandado al Gobierno valenciano por caducar de forma antipicada la actuación territorial estratégica (ATE) en una resolución aprobada por el pleno del Consell a finales de julio del pasado año.
Tras aquella resolución, que incluyó el mantenimiento de los beneficios urbanísticos en las condiciones que estableciera el Ayuntamiento de València en virtud de la aprobación de un nuevo convenio, el club presentó primero un recurso de reposición por la vía administrativa que la Generalitat desestimó, y posteriormente presentó un recurso ante el contencioso administrativo.
La presentación de esta demanda el pasado miércoles 24 de mayo ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) viene a formalizar el mencionado recurso. En ella el Valencia CF una vez más achaca el incumplimiento de los diferentes compromisos establecidos en la ATE, principalmente el pabellón polideportivo de Benicalap y la finalización del nuevo estadio, a la inacción del Ayuntamiento de Valencia y a otras circunstancias ajenas al club como la pandemia.
Además, en una ampliación de la demanda, el club acusa directamente a la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, de querer paralizar el proyecto para forzar la salida del máximo accionista, Peter Lim.
A la judicialización del proceso y a las casi inexistentes relaciones entre el club y las instituciones, a expensas de lo que pueda pasar en las elecciones de este domingo, se une otra circunstancia.
Y es que, según han informado a elDiario.es fuentes de toda solvencia, las negociaciones entre Atitlan, la firma de Aritza Rodero y de Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, y el Valencia CF para la adquisición por parte de la mercantil de la parcela aledaña al nuevo estadio, que cuenta con una edificabilidad de 41.700 metros cuadrados de terciario repartidas en dos torres, se han enfriado considerablemente.
De hecho, este podría ser uno de los motivos que ha empujado a Lim a interponer la demanda, unido también a que la antigua ATE no establece condiciones a la hora de poder vender el terciario y el suelo del viejo Mestalla. Sin embargo, con el convenio que propuso hace meses el Ayuntamiento al club, condiciona la venta de los activos a que construya primero el polideportivo y a que finalice el estadio después.
Con todo, las negociaciones que estaban en una fase muy avanzada no están rotas, puesto que el interés por el suelo sigue existiendo a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos a nivel jurídico y político. Por su parte, fuentes del club sostienen que la situación no ha cambiado y que las conversaciones siguen abiertas.
Tal y como informó este diario, la operación, que podría reportar al club unos 35 millones de euros, estaba condicionada a que el Valencia CF firmara con el Ayuntamiento el convenio que establece las condiciones que debe cumplir el nuevo estadio y a que este se finalice, puesto que será en ese momento, una vez comience la actividad en el recinto, cuando se podrá rentabilizar la inversión.