El pleno del Consell ha dado el visto bueno al proyecto de Ley del Juego en la Comunitat Valenciana, que como principales novedades refuerza las medidas dirigidas a impedir el acceso de los menores a los salones de juego y contempla que lo recaudado por sanciones a este sector sea destinado a poner en marcha acciones de prevención y ayuda frente a la ludopatía.
Esta nueva normativa prevé sustituir la actual, que data de 1988, una actualización que la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha justificado por la irrupción de nuevas modalidades de juego de la mano de las nuevas tecnologías y la nueva realidad social. Además, la nueva norma se adapta así a la ley estatal sobre el juego, aprobada en 2011, y a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado de 2013.
El texto incorpora también las novedades fiscales sobre el juego que se introdujeron en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2018, de modo que el sector contará con un único texto regulador en el que se incluirán tanto aspectos legales como fiscales.
Entre las novedades figuran las medidas encaminadas a reforzar la protección de los menores y de las personas con ludopatía. Para ello, la ley establece un control de acceso a pie de calle en todos los locales de juego.
Esta medida afecta principalmente a los salones de juego, puesto que la ley vigente hasta ahora únicamente establece un control de acceso a la parte acotada del salón en la que existan máquinas que dan mayores premios (3.000 euros) pero no fija un requisito de control de acceso en la entrada al salón, algo que se incorpora con la nueva ley. La norma contempla un período de adaptación de tres meses tras su entrada en vigor.
Con la nueva regulación, el acceso a los locales de juego de menores y personas inscritas en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego pasa de considerarse una falta grave a falta muy grave. Por ello, las multas impuestas por el incumplimiento de esta infracción serán superiores a 6.001 euros (en las calificadas como graves el límite inferior fijado será de 3.001 euros).
Además, esta infracción podrá conllevar la suspensión de la autorización y cierre del local por un plazo de hasta cinco años, revocación de la autorización y cierre definitivo del local, e inhabilitación para ser titular de la autorización por un plazo máximo de cinco años.
La recaudación que se obtenga revierta en la prevención, asistencia y demás actuaciones que se desarrollen en materia de juego patológico por parte de las consellerias competentes en materia de salud y bienestar social.