Un crimen “brutal y exageradamente cruel” por violencia vicaria (cuando el agresor utiliza a los hijos y llega incluso a matarles para hacer daño a la madre). Así califica la acusación particular el asesinato de Jordi, el niño de 11 años asesinado con 17 puñaladas por su padre, José Antonio A., en Sueca el 3 de abril de 2022. Se trata de uno de los peores casos de violencia vicaria registrados en España (medio centenar desde 2013, año en que se empezaron a contabilizar oficialmente).
El juicio, con un tribunal del jurado, se reanuda este martes tras la suspensión el pasado 18 de diciembre, cuando el acusado decidió romper el pacto de conformidad que había alcanzado inicialmente.
La letrada que representa a la madre del menor solicita, al igual que la Fiscalía, una condena a prisión permanente revisable para el acusado, así como la prohibición de residir en Cullera, la localidad de la madre.
El hombre ya había sido condenado previamente por maltratar a su esposa. José Antonio A. sometía a la mujer a una “situación de constante control y ejercicio de una posición de poder y dominio sobre ella”, según la acusación particular. La insultaba y la aislaba de su entorno social. El encierro durante la pandemia empeoró la situación.
En 2021, la mujer le anunció su intención de divorciarse y el hombre le puso un cuchillo en el cuello. La víctima logró quitárselo de las manos y huyó a Cullera.
El acusado siguió acosándola e incumplió varias veces la orden de alejamiento. También envió mensajes amenazantes a su entorno familiar. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2021 (poco más de un mes después de la condena firme por violencia de género) se produjo el divorcio de mutuo acuerdo con la custodia compartida del hijo común.
El hombre “tenía decidido” que iba a matar a su hijo
El 3 de abril de 2022, dos días después de que el pequeño Jordi cumpliera 11 años, el acusado cogió dos cuchillos de la cocina de su domicilio y le dijo a su hijo: “Voy a por ti”. El niño le escribió un mensaje a su madre para que lo recogiera. José Antonio A., “animado por el propósito de causar la muerte de su hijo, comenzó a acuchillarle”.
Antes de acabar con su vida, le dejó que respondiera a la llamada de su madre, alertada por el mensaje. La mujer escuchó al otro lado del hilo telefónico un “desgarrador grito” —“mamáaaaaa”— y la comunicación se cortó. Inmediatamente alertó al 112.
El hombre tuvo la intención de causar el “mayor daño posible” a su exmujer ya que sabía que “ella no iba a volver a su lado y que lo que más quería era a su hijo”, según la acusación particular. El niño recibió múltiples puñaladas y sufrió un gran dolor mientras se desangraba.
La madre ha estado en tratamiento psicológico y farmacológico desde entonces por las graves secuelas. La acusación particular alude a la “evidente desproporción física” y sostiene que el pequeño “nunca pudo esperar que su padre llevase a acabo el acuchillamiento debido al vínculo paterno”. De hecho, Jordi ni siquiera reaccionó ante el ataque.
El hombre, cuando su hijo entró en su casa de Sueca aquella fatídica jornada, “tenía decidido que iba a causarle la muerte, teniendo preparados los medios necesarios a tal fin y sabiendo que con su ataque sorpresivo, Jordi jamás se defendería ni podría pedir ayuda”, indica el escrito de conclusiones provisionales de la acusación particular.
Fallos del sistema de protección de las víctimas
El terrible crimen también propició un intenso debate sobre los mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género y cuestionó la coordinación entre los juzgados de lo civil y de lo penal.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Sueca otorgó la custodia compartida al padre, en el marco de un proceso de divorcio de mutuo acuerdo, poco más de un mes después de la condena por violencia de género. El asesinato del niño se produjo el 3 de abril de 2022.
La entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, lamentó que el sistema de protección de las víctimas no fuera capaz de detectar “el riesgo que corría esa mujer y, sobre todo, el menor”.
Bravo reunió a los agentes implicados en la acción contra la violencia de género para analizar las grietas del sistema judicial de protección tras el asesinato. Los municipios valencianos de Sueca y Cullera, por su parte, pidieron un endurecimiento de la legislación para evitar cualquier resquicio aprovechable por parte de los maltratadores.
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