El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha confirmado este viernes que planteará un recurso judicial en el contencioso administrativo contra el decreto del trasvase Tajo Segura, tal y como ya avanzó en la sesión de control del Parlamento Valenciano el pasado 25 de enero.
Puig ha asegurado en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER que se ha emitido en Alicante que “la Abogacía de la Generalitat ya está estudiando el texto que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para comprobar si ha habido cambios con respecto al que se aprobó en el consejo de ministros, y por supuesto que todos los artículos que se consideren lesivos para la Comunitat Valenciana y, en concreto, para la provincia de Alicante serán recurridos”.
La publicación del decreto en el BOE es una condición necesaria para que cualquier decisión del Gobierno pueda ser recurrida en los tribunales.
Como informó elDiario.es, el texto aprobado por parte del Consejo de Ministros que regula el trasvase mantiene el recorte de agua escalonado, aunque con matices, lo que llevó a Puig a anunciar que la Generalitat subvencionará el agua desalada para compensar el recorte. El Consell financiará el precio del agua a los regantes con 10 céntimos por metro cúbico, dejando el precio en 24 céntimos en lugar de los 34 que marca el Gobierno.
El decreto incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027, lo que en implica que en el peor de los escenarios la reducción máxima de agua trasvasable estará entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.