No hay sentencia firme. Así ha justificado el Partido Popular de Calp, junto a sus socios de gobierno Gent de Calp y Alternativa Popular para Calpe, el voto en contra a la propuesta de los tres grupos de la oposición (PSPV, Compromís y Sí se Puede Calp) de retirar las seis placas que loaban al “molt honorable” expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Las planchas están repartidas por todo el municipio, situadas desde en rotondas y plazas hasta en paseos, calles, dotaciones culturales o miradores.
La propuesta surgía en beneficio de la batalla social contra la corrupción, tras la detención del también exministro de Trabajo el pasado mes de mayo por blanquear 10,5 millones de euros procedentes de comisiones presuntamente cobradas en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002) y ocultados durante más de una década en el extranjero.
Pero tras la votación en pleno este viernes, con 8 votos a favor y 10 en contra, no ha prosperado. El gobierno local se ha amparado en la Ley de Transparencia y buen gobierno de 2015, que establece que las placas y condecoraciones que mencionan a personas imputadas se deben retirar cuando existe una sentencia condenatoria firme, cosa que la oposición ha criticado duramente.
“Un político no debería tener una placa en el pueblo por hacer su trabajo. Inaugurar infraestructuras que están en sitios públicos es su labor y no merece más reconocimiento”, ha afirmado el portavoz de Compromís, Ximo Perles, quien ha incidido en que mucho menos debería tener reconocimiento “una persona que está en prisión porque intentó blanquear 10 millones de comisiones, que al fin y al cabo es el dinero que pagamos todos los ciudadanos y que él ha robado”. Perles ha hecho referencia, además, a los indicios “más que considerables” de la culpabilidad de Zaplana, “partiendo de que está en prisión preventiva y que le han desestimado la libertad condicional incluso a pesar de su grado de enfermedad”.
En la misma línea se ha mostrado el secretario general del PSOE local, Marco Bittner. El socialista mantiene la convicción de que un político “debe mantener su imagen” y tras la imputación de Zaplana “no es defendible” la conservación de las placas, ya que “no es cuestión del color político que tenga”.