La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, Isabel Rodríguez, y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce tienen la investigación contra la trama Erial que lidera el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Para amarrar las acusaciones, los investigadores han contado con la colaboración de la pieza clave del entramado financiero internacional, el testaferro Fernando Washington Belhot -implicado también en otros escándalos de blanqueo a nivel global- y Beatriz García Paesa, familia del conocido espía de los fondos reservados, que ayudó en la constitución de empresas en Luxemburgo.
La operación Erial se mantuvo en secreto casi tres años porque los investigadores han querido asegurar el dinero que a su vez ha sido el canal para poder llegar hasta sus presuntos propietarios, el propio Zaplana y sus amigos y testaferros Miguel Barceló y Juan Francisco García y el asesor financiero del político Francisco Grau. El propio fiscal Anticorrupción tuvo que viajar a Uruguay y la jueza cursar una orden de busca y captura para llegar un acuerdo con Belhot que cuando fue imputado puso muchas trabas a la justicia, según revela el sumario al que ha tenido acceso eldiario.es.
Tras aquella conversación, Belhot ha colaborado de manera activa con los investigadores y a través de una declaración por videoconferencia como testigo ha ayudado a aclarar todos los movimientos del dinero presuntamente propiedad de Eduardo Zaplana. Es más, ha ayudado a asegurar 6,3 de los millones que administraba por distintos países y que serían del expresidente de la Generalitat.
Según el escrito presente en el sumario, el fiscal se comprometió con Belhot a “realiza las gestiones necesarias para que dicha declaración en calidad de testigo se realice de la manera más rápida posible, así como la obtención del dinero en metálico que se encuentra oculto en el extranjero. Asimismo, el representante del Ministerio Fiscal se compromete a que el señor Belhot declarará en calidad de testigo en España, para la ratificación en el plenario de la declaración que preste inicialmente por videoconferencia”.
Por su parte, el testaferro se comprometió, primero a reconocer ser “el gestor profesional de fondos y patrimonio de Eduardo Zaplana a través de Miguel Barceló y de Francisco Grau, los cuales le fueron presentados por su mediación” y a “realizar una declaración en calidad de testigo por videoconferencia, para relatar con detalle los extremos de la gestión patrimonial efectuada, poniendo a disposición de las autoridades españolas el patrimonio oculto en el extranjero de las indicadas personas, que asciende en metálico a 6,7 millones de euros y a 3,3 millones de euros en diferentes inversiones”.
Además de estos diez millones, los investigadores han podido retener los 2,3 millones que Juan Francisco García, presunto testaferro de Zaplana y expresidente de Estudiantes, regularizó a través de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro de 2012. Creen los investigadores que este dinero sería de las mordidas cobradas en Luxemburgo por las adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico.