“Me fue asignado un abogado contratado por el PSPV-PSOE con una estrategia más dedicada a exculpar a otros inculpados”. Así se ha expresado el acusado Francisco Javier Cañizares en un escrito leído por el presidente del tribunal del 'caso Taula' al inicio de la segunda sesión. El 'zombi', que cobró 108.344,60 euros de la empresa pública Imelsa a pesar de trabajar para el partido, sostiene que sufre una “pérdida de confianza total” de su letrada. “Actualmente sufro una indefensión absoluta y no siento que mis intereses se estén protegiendo”, argumenta el hombre.
El hombre ha pedido un abogado del turno de oficio para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, tal como han hecho una decena de acusados. “Llevo varios años sufriendo esto y quiero que esta pesadilla termine cuanto antes”, reza el escrito del acusado.
El acusado fue contratado durante el mandato de Alfonso Rus como asesor del socialista Antoni Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia. Sin embargo, tal como reconoció en la primera sesión del juicio, en realidad se dedicaba a tareas de mantenimiento para el PSPV-PSOE.
Su actual letrada ha anunciado que tiene intención de pedir amparo al Colegio de Abogados de Valencia. La abogada ha tildado las manifestaciones de su cliente de “muy graves” y ha destacado que se trata de una situación muy complicada. “No voy a venir cada día a defenderlo”, ha anunciado.
La insólita situación ha provocado un debate en el seno del tribunal e incluso uno de los letrados ha planteado la posibilidad de asumir la defensa del hombre temporalmente. Finalmente, el tribunal ha optado por la formación de una pieza separada para enjuiciar exclusivamente a Cañizares, aunque también ha afirmado que la manifestación del acusado es “muy tardío”.
El fiscal se ha mostrado de acuerdo con la solución propuesta y el letrado de la Abogacía de la Generalitat Valenciana ha recordado que en el 'caso Emarsa' se dio una situación similar que fue avalada por el Tribunal Supremo.
Mientras que el presidente del tribunal ha dicho que la alternativa de la pieza separada “no genera situaciones perjudiciales” ni indefensión para Cañizares o para el resto de acusados, algunas defensas han planteado reparos. Sin embrago, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido aceptar la renuncia de la defensa, pedir al Colegio de Abogados un letrado de oficio y formar una pieza separada para no perjudicar el normal desarrollo del calendario del juicio.
El magistrado ha advertido de que la suspensión temporal del juicio supondría un coste económico para las “arcas estatales”. Finalmente, el tribunal ha autorizado a Cañizares a abandonar la sala. Así, el magistrado ha salvado una situación singular y compleja que a punto ha estado de poner en riesgo la normal celebración del juicio.