Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, y Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', han unido sus estrategias de defensas en el juicio de la pieza B del 'caso Taula' relativo a la contratación de trabajadores zombis en la empresa pública Imelsa de la institución provincial. El objetivo prioritario de Rus y Benavent pasa por intentar tumbar los audios que el 'yonqui del dinero' grabó en secreto durante años, y que suponen una auténtica historia oral de la presunta trama de corrupción. Es el último cartucho que les queda a los dos principales acusados, sentados muy cerca en el banquillo, ante los pactos de conformidad que han alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción una decena de acusados.
Mariano López, el exsuegro de Benavent, entregó en 2014 las grabaciones a Rosa Pérez Garijo, entonces diputada provincial y actual consellera de Transparencia de la Generalitat Valenciana, que denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público obtuvo así dispositivos de almacenamiento y un ordenador, entregado por Mariano López, que permitieron a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tirar del hilo y desmadejar la trama, articulada en una decena de piezas separadas.
“Estos elementos informáticos dan origen al 'caso Taula' en global”, ha recordado en la fase de cuestiones previas el abogado de Alfonso Rus durante el inicio del segundo juicio de la causa. La estrategia de intentar tumbar los audios —diez horas de grabaciones de reuniones, trapicheos y conversaciones comprometedoras— ya afloró en el primer juicio de la pieza separada J del 'caso Taula', celebrado durante mayo y junio del año pasado, y aún pendiente de sentencia por parte de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.
Si caen los audios, cae toda la causa, según anhelan las defensas. Sin embargo, las pesquisas de la UCO permitieron confirmar todas y cada una de las subtramas. El letrado de Rus pretende aportar un informe pericial sobre los dispositivos de almacenamiento que contenían los audios y que acabaron en manos de Anticorrupción, tanto por parte de la denunciante Rosa Pérez como del exsuegro, que además aportó un ordenador portátil de Benavent que permanecía en su vivienda.
La defensa ha insinuado que el 'pen drive' de Mariano López nunca fue analizado por la UCO, por lo que considera que no está “legalizado” ni su volcado autorizado, lo cual comprometería tanto los sucesivos informes policiales como los interrogatorios de los imputados en la fase de instrucción.
Además, también ha acusado a Rosa Pérez Garijo de manipular el dispositivo un día antes de su entrega a la Fiscalía. “Hace una selección de los grandes éxitos”, ha dicho en referencia a los audios más comprometedores. Idéntica acusación ha hecho respecto a Mariano López. “Todo lo que ha trabajado la UCO no se hace sobre un 'pen drive' legalizado”, ha incidido.
El abogado ha pedido la nulidad de toda la causa, una solicitud que el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha denegado de plano. El presidente del tribunal ha dicho que “no encuentra motivo ninguno” para la nulidad de la causa. El letrado también ha cuestionado la cadena de custodia de las principales pruebas que obtuvo Anticorrupción y que dieron el pistoletazo de salida a las pesquisas de la UCO.
Si durante casi siete años el autor de las grabaciones confirmó la veracidad de los audios y colaboró con el Ministerio Público y con los investigadores del Instituto Armado, su repentino cambio de letrado propició un llamativo volantazo de su estrategia de defensa. Marcos Benavent sostiene desde hace un año que manipuló los audios y que incluso los agentes de la UCO le hicieron un suerte de guión para obtener una declaración teledirigida.
“El mas tonto de los abogados no habría permitido jamás que Marcos Benavent prestase declaración, con acogerse al derecho a no declarar no habría 'caso Taula' pero se le vende que todo es perfectamente legal”, ha dicho el letrado de Rus en referencia al primer abogado del 'yonqui del dinero' que pilotó toda la estrategia de colaboración con Anticorrupción.
Juan Carlos Navarro, el penalista que se ocupa actualmente de la defensa del 'yonqui del dinero', ha calificado la pericial anunciada por el letrado de Rus como “novedosa e inesperada” y ha pedido la declaración como testigos de Rosa Pérez Garijo y de Mariano López. El abogado ha argumentado que los dos dispositivos de almacenamiento no contienen la misma cantidad de archivos. Navarro ha pedido que se requiera a la UCO el “resultado del volcado y el análisis” del ordenador “porque las consecuencias pueden ser diferentes” y ha argumentado que la deriva de la causa principal del 'caso Taula' ha provocado “injerencias de derechos fundamentales” en el resto de piezas separadas.
Se trata, en definitiva, de la continuación calcada de la misma estrategia de defensa que en el anterior juicio de la pieza J, en el que Benavent atacó sin miramientos a Anticorrupción, l a UCO y a su anterior letrado. Por su parte, en el mismo juicio, el exsuegro Mariano López negó haber manipulado las grabaciones. Los agentes del Instituto Armado encargados de las pesquisas también explicaron detalladamente el análisis de las grabaciones y refrendaron que Benavent reconoció en todo momento ser el autor de los registros sonoros.
En este segundo juicio se ha repetido el argumentario aunque se han sumado nuevos personajes en el banquillo de los acusados. Así, el letrado de Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Alfonso Rus, también ha ahondado en la misma línea al alegar una supuesta vulneración al derecho a las comunicaciones y a la intimidad ya que “no consta” que Marcos Benavent “prestase su consentimiento” a su exsuegro para que entregara los audios almacenados en su ordenador.
También ha insinuado que lo hizo “para garantizarse algún tipo de impunidad” (el exsuegro está procesado en la pieza D del 'caso Taula', relativa al ruinoso 'call center' de la Diputación de Valencia, cuyo juicio empieza el próximo mes de abril). “En lugar de ser un seguro de vida, esas grabaciones han operado para arruinarle la vida”, ha dicho en referencia a Marcos Benavent.
Conclusiones “erróneas”, según Anticorrupción
El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha tildado las conclusiones de las defensas de “totalmente erróneas” y ha defendido que la cadena de custodia estuvo plenamente “garantizada”. Ponce ha relatado que el ordenador y los dispositivos de almacenamiento fueron precintados “para preservar que no hubiera manipulación” alguna. El representante del Ministerio Público también ha recordado que el 'yonqui del dinero' declaró “en numerosas ocasiones” que los audios los grabó él personalmente y en secreto, y que nunca los manipuló.
Ponce ha asegurado que los dos 'pen drive' “son idénticos” y ha rechazado la pericial que propone la defensa de Alfonso Rus. El fiscal ha explicado que cuando se introduce un 'pen drive' en un ordenador cambia la fecha de su último uso que, por otro lado, coincide con la de entrega del comprometedor material a la Fiscalía Anticorrupción.
No existe “ninguna tacha de ilegitimidad de los audios por parte de la persona que los hace [Marcos Benavent]”, ha destacado. El fiscal ya desgranó en la fase de conclusiones del primer juicio del 'caso Taula' la jurisprudencia del Tribunal Supremo que apuntala el valor de los audios como prueba capital de la causa, además de la cronología de la cadena de custodia y las pesquisas de la UCO.
Reaparece el testaferro de Marcos Benavent
Otro personaje protagonista del juicio de la pieza J ha reaparecido en el banquillo de los acusados. Se trata de José Estarlich, el blanqueador confeso del 'yonqui del dinero' de los fondos públicos de la empresa Imelsa que fueron utilizados en la compra de un apartamento en la localidad alicantina de Xàbia a través de una empresa pantalla.
Tras ejercer de hombre de paja y padecer un severo bache económico, fue contratado en Imelsa por Marcos Benavent “como premio” por su papel de testaferro, según declaró en el juicio anterior en el que el 'yonqui del dinero' se vengó de Estarlich, marido de su secretaria en la empresa pública, echándole la culpa de la compra del apartamento.
El testaferro, que en ambas piezas separadas ha logrado un pacto de conformidad con Anticorrupción, ha recibido un inesperado flotador precisamente de la defensa de Marcos Benavent, que ha solicitado la declaración como testigo de Juan Enrique G. F., director de la Escuela Taller en la que supuestamente trabajó el acusado. “Queremos demostrar que Estarlich sí que ha trabajado para Imelsa”, ha dicho el letrado de Benavent.
El letrado del blanqueador confeso ha aceptado la declaración testifical. Muchos personajes del 'caso Taula' se repiten juicio tras juicio pero a veces, inopinadamente, se echan un cable para apuntalar sus defensas.