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Instalar placas solares en una vivienda unifamiliar es relativamente sencillo y rentable. En algunos casos, con la instalación de baterías es posible conseguir incluso que la casa sea energéticamente autosuficiente. Sin embargo, la mayor parte de la población en España vive en pisos y sufre las dificultades asociadas a las comunidades de vecinos.
Colocar paneles solares en una comunidad de vecinos es más complicado, pero en absoluto imposible, y puede representar un gran ahorro en la factura para los habitantes de un edificio, una mejora de su calidad de vida y una ayuda en la conservación del medio ambiente.
Entre los años 2015 y 2018 el llamado “impuesto al sol”, un peaje inventado por el ministro José Manuel Soria del gobierno de Rajoy, representaba un obstáculo para la instalación de estos sistemas, ya que su uso encarecía la factura de la luz en lugar de reducirla.
Afortunadamente esta regulación fue eliminada y ahora, por el contrario, la subvenciones de paneles solares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con los fondos europeos Next Generation disponibles hasta finales de 2023, son accesibles desde todas las CCAA y pueden ser solicitadas por particulares y empresas para ahorrarse alrededor del 50% del coste total de instalación.
El autoconsumo colectivo
La figura jurídica para las instalaciones de placas solares comunitarias se llama autoconsumo colectivo. Es un acuerdo entre los propietarios de una comunidad para repartirse la energía generada por una instalación. La Ley de Propiedad Horizontal requiere que un 33% de los vecinos estén de acuerdo con la instalación.
Quienes no lo estén, no estarán obligados al pago de la cuota, pero tampoco podrán disfrutar de la energía generada. Si más adelante quieren adherirse, tendrán que pagar la cuota actualizada con interés. La ley permite incluso compartir una instalación entre varios edificios, siempre que estén conectados a la misma central de transformación.
Lo siguiente es el acuerdo de reparto de energía, es decir, decidir cuál será la cuota de consumo de la energía generada para cada uno de los vecinos.
Por ejemplo, en una comunidad de cuatro vecinos, cada uno podría recibir un 25% de la energía, pero también es posible llegar a un acuerdo en el que un vecino tenga el 40% (y pague proporcionalmente por la instalación) y los otros tres reciban solo un 20% de la energía solar generada. El reparto de energía se realiza a través de los contadores de suministro, que enviarán la potencia correspondiente a cada vivienda.
El paso siguiente es decidir cómo se van a gestionar los excedentes de energía generados por la instalación. Por ejemplo, si al mediodía, las horas de más sol, los vecinos están fuera de casa en el trabajo, esa energía no se consumirá, y podría pasar a la red eléctrica de suministro.
Por el contrario, a no ser que la instalación disponga de baterías, por la noche no habrá generación de energía solar y será necesario usar la suministrada por la red eléctrica.
Una opción es vender estos excedentes de autoconsumo, con lo que se aplica a la comunidad de vecinos la misma legislación que a una central eléctrica, y que es la opción para aquellas instalaciones mayores de 100 Kw.
Sin embargo, para instalaciones menores hay una opción más fácil. Los excedentes generados se vuelcan a la red eléctrica y la compañía suministradora los convierte en un descuento sobre la factura del consumo para cada vivienda, de acuerdo con el porcentaje que les corresponda según el acuerdo mencionado anteriormente.
Aquí es conveniente hacer una comparación entre las distintas compañías, que pueden pagar diferentes precios por los excedentes e incluso ponerles un tope.
¿Puedes instalar paneles solares en tu edificio?
A continuación, hay que solicitar un estudio previo de la instalación, de lo que se ocupará generalmente la empresa instaladora. En el estudio se calcularán las necesidades de consumo y el tipo de instalación necesaria para satisfacerlos, el diseño de la instalación y su ubicación en el edificio, y los costes finales para la comunidad.
Hay que tener en cuenta que toda instalación requiere una serie de permisos: es necesario presentar la información en el ayuntamiento, informar a la empresa de suministro eléctrico y disponer de la confirmación de conexión a la red para los excedentes.
Además, hay restricciones adicionales si el edificio se encuentra protegido o cuando su altura implica una notificación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Si la comunidad quiere además acogerse a una de las subvenciones antes del fin de 2023, tendrá que presentar una justificación con las dimensiones del proyecto y la energía eléctrica proyectada ante la Comunidad Autónoma correspondiente.
Como puede verse, una instalación de energía solar no es un proceso sencillo. Por este motivo, las empresas instaladoras, o incluso las propias compañías eléctricas, que actúan como instaladoras, a menudo ofrecen también la planificación y tramitación de todos los pasos anteriores para la comunidad.
Los vecinos pueden ver reducida su factura de electricidad entre un 40% y un 80% cada mes, lo que supone unos 700 euros al año de media. Con estos ahorros, la instalación de energía solar comunitaria se amortiza entre siete y diez años, dependiendo de sus características.