La amnistía es una deuda del PSOE

Nunca podremos saber qué hubiera pasado si, en lugar de dimitir de su posición como secretario general del PSOE y de abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se hubiera mantenido en ambos, aceptando la abstención del partido exclusivamente para la investidura, pero manteniéndose al frente de la oposición a la acción de Gobierno. Es el ejemplo perfecto de futurible, de lo que pudo haber pasado, pero no pasó, es decir, de lo radicalmente imposible.

Pero pasó lo que pasó, que el presidente de la comunidad autónoma de Asturias se puso al frente de la gestora del PSOE hasta el momento en que se convocara un Congreso extraordinario para la elección de un nuevo Secretario General. A este “gestor”, designado en 2016, no solamente le tocó gestionar la abstención en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, sino que le tocó, además, gestionar la participación del PSOE en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya en el otoño de 2017.

Resulta imprescindible recordar esta circunstancia para entender lo que ocurrió. Un PSOE, cuyo concurso era imprescindible para la aplicación del artículo 155, se encontró en ese momento decisivo sin dirección política y sin capacidad, en consecuencia, de analizar la situación y decidir cómo tenía que enfrentarse con el problema que la aplicación del artículo 155 suponía. Hizo lo mismo que en la investidura: abstenerse, como si el asunto no fuera con él. El error que cometió fue mayúsculo.

El error es humanamente entendible, el “gestor” estaba ya de retirada y no estaba en condiciones de enfrentarse con un problema de la complejidad como el que representaba la relación de Catalunya con España en los meses de septiembre y octubre de 2017 y la cantidad de matices que había que tomar en consideración para darle una respuesta. Se encogió de hombros y dejó que Mariano Rajoy hiciera lo que le diera la gana.

Pero el que un error sea entendible en términos humanos, no quiere decir que no sea un error mayúsculo en términos políticos. Error que se convierte, además, en error de todo el partido.

Un mínimo análisis de las circunstancias en que se iba a aplicar el artículo 155, hubiera conducido a un partido con la trayectoria histórica del PSOE, de haber tenido una dirección digna de tal nombre, a una conclusión inequívoca, de una claridad meridiana. Sí al 155, pero con la condición de que Mariano Rajoy hubiera ordenado al Fiscal General del Estado que no pusiera en marcha actividad alguna contra los miembros del Govern o de la Mesa del Parlament hasta que no se hubieran celebrado las elecciones y elegido el presidente de la Generalitat. Si Mariano Rajoy no daba garantías de que iba a ser así, el PSOE se opondría a la aplicación del artículo 155.

El PSOE estaba en condiciones de exigir esa garantía y el presidente del Gobierno no hubiera tenido más alternativa que darla. Con ello se habría empezado a recorrer el camino del retorno al ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya sin dirigentes en las cárceles, acusados nada menos que del delito de rebelión, sin un expresident de la Generalitat trasladando su residencia a Bélgica y poniendo en entredicho, mediante su defensa jurídica, la actuación de la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En Bélgica, en Alemania, en Italia, en Suiza…situación en la que todavía nos encontramos.  

El destrozo que se ha producido como consecuencia de la participación del PSOE en la aplicación del 155 sin exigir garantías de la forma en que iba a ser aplicado ha sido monumental. Mientras dicho destrozo no sea reparado, es imposible iniciar siquiera una estrategia de retorno a la normalidad de las relaciones entre Catalunya y el Estado.

Dado que el PSOE es corresponsable directo de dicho destrozo y de que, a pesar de ello, el nacionalismo catalán ha contribuido decisivamente a que el PSOE con Pedro Sánchez como secretario general haya recuperado la dirección del Estado, es obvio que tiene que implicarse directamente en la reparación del destrozo.

Y eso exige inexcusablemente una ley de amnistía. Es la única forma que tiene el PSOE de saldar la deuda contraída con su “participación abstencionista” en la aplicación del artículo 155. El PSOE debe avergonzarse de lo que hizo en 2017, pero debe defender orgullosamente la ley de amnistía que se tiene que aprobar para reparar el error inmenso que cometió entonces.

La Ley de amnistía no es una opción, sino una necesidad. Para hacer posible un replanteamiento en este 2023 de la integración de las “nacionalidades y regiones” en el Estado, tras la experiencia, positiva fundamentalmente, pero también con elementos negativos, incluso muy negativos algunos de ellos, de estos algo más de cuarenta años. No depende solamente del PSOE, pero sí fundamentalmente de lo que la dirección del partido, por un lado, y el Gobierno de la Nación por otro, decidan.

Nunca podremos saber qué hubiera pasado si, en lugar de dimitir de su posición como secretario general del PSOE y de abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se hubiera mantenido en ambos, aceptando la abstención del partido exclusivamente para la investidura, pero manteniéndose al frente de la oposición a la acción de Gobierno. Es el ejemplo perfecto de futurible, de lo que pudo haber pasado, pero no pasó, es decir, de lo radicalmente imposible.

Pero pasó lo que pasó, que el presidente de la comunidad autónoma de Asturias se puso al frente de la gestora del PSOE hasta el momento en que se convocara un Congreso extraordinario para la elección de un nuevo Secretario General. A este “gestor”, designado en 2016, no solamente le tocó gestionar la abstención en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, sino que le tocó, además, gestionar la participación del PSOE en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya en el otoño de 2017.