El aviso para navegantes de Giorgia Meloni

A la pretensión de la presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, de dar respuesta a la llegada masiva de inmigrantes provenientes del continente africano mediante la construcción de residencias para los mismos en Albania, se le ha puesto fin antes de que pudiera ser siquiera puesta en marcha, ya que el número de inmigrantes desplazados ha sido insignificante. 

La intervención de la judicatura italiana ha cerrado la puerta a la “ocurrencia” de la primera ministra, por un lado, y ha elevado, por otro, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que defina si la posición adoptada por el Gobierno Meloni tiene cabida dentro del derecho de la Unión Europea.

No cabe duda de que la experiencia italiana es un aviso para navegantes. La inmigración no va a dejar de ser un dato de la historia de la Unión Europea, que no van a poder desconocer ni los distintos países de la UE de manera individualizada, ni la UE a escala continental. Pero se trata de un dato al que no se le puede dar cualquier tipo de respuesta. El hecho de ser una comunidad jurídica le impone a la Unión Europea la obligación de no permitir que el tipo de respuesta no sea congruente con la naturaleza democrática que se le exige a cualquiera de los Estados miembros para formar parte de la Unión. La propia naturaleza jurídica de la Unión Europea impide dar por buena una respuesta que no sea compatible con la tradición jurídico-política que está en la base de su constitución y funcionamiento. La respuesta a la inmigración tiene que ser “consistentemente” democrática. Cualquier acto de cualquier país miembro en este terreno podrá ser impugnado ante el órgano judicial que sea competente en cada caso, pero será, en última instancia el TSJUE el que acabará unificando la doctrina aplicable y definiendo el común denominador de la misma.

La Unión Europea y los países miembros disponen de tiempo para diseñar una política de inmigración. No nos encontramos ante una situación de urgencia insoportable. El número de inmigrantes está creciendo de manera notable, pero la proporción que supone respecto de la población del conjunto de todos los países de la Unión, pone de manifiesto que no se trata de un problema políticamente inmanejable. Más bien todo lo contrario. Porque, además, la inmigración juega una función positiva importante en la respuesta a problemas estructurales de todos los países europeos sin excepción. 

La recepción con vocación integradora de la inmigración es una suerte de condición sine qua non para la propia supervivencia de la Unión Europea en general y de sus países miembros en particular. Sin inmigración el Estado social y democrático de derecho no va a ser viable en muy poco tiempo.

Para la Unión Europea la proximidad de África es una suerte. Si pusiéramos en una balanza los aspectos positivos y negativos, comprobaríamos con facilidad que los primeros superan a los segundos. No entiendo cómo nadie pueda pensar con el número de nacimientos y defunciones desde hace varias décadas en prácticamente todos los países europeos, que existe posibilidad alguna de supervivencia sin la inmigración.

El ejemplo de deportaciones masivas y de férreo control de la inmigración que fue una bandera de la campaña electoral de Donald Trump y que, como viene anunciando estos días con palabras y con la designación de los miembros de su Gobierno con competencias en la materia, va a ser otro punto de referencia para diseñar una política en la Unión Europea. 

Punto de referencia en primer lugar, para comprobar si es posible siquiera poner en práctica una política como la que viene anunciando el recién reelegido presidente americano. Sé que Estados Unidos no es Italia, pero también sé que la magnitud del problema no es la misma en un caso que en otro. Ya se están expresando muchas dudas acerca de la viabilidad “económica” de esa política de “deportación masiva”. Tanto en la parte “ascendente” de la misma, es decir, en la fase de detener primero y mantener encerrados después a los inmigrantes sin papeles a los que se pretende deportar, como en la parte “descendente”, es decir, en las consecuencias de esas “deportaciones masivas” en el mercado de trabajo.

Tal como está el país, en el que no es verdad que la victoria de Donald Trump ha sido demoledora, ya que su triunfo en porcentaje de voto ha sido el segundo más pequeño de toda la historia americana, no creo que se pueda descartar que a su política inmigratoria le acabe ocurriendo lo que le ha ocurrido a la de Meloni. 

Afortunada o desgraciadamente o ambas cosas a la vez, no vamos a necesitar mucho tiempo para comprobar si esa política inmigratoria brutal es una alternativa viable o no lo es. 

En este terreno pienso que se puede invertir el refrán de que nadie escarmienta en cabeza ajena. Tal vez sea por deformación profesional, pero el efecto positivo de experiencias jurídicas extranjeras en muy diversas áreas ha sido una constante en la historia de los países europeos. Forma parte de la enseñanza que se transmite a los alumnos en las Facultades de Derecho. Tanto cuando ha servido de manera positiva para incorporar al ordenamiento interno una respuesta ensayada fuera de nuestro país, como también cuando ha servido para descartar otra ante el descalabro producido en su aplicación.   

A la pretensión de la presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, de dar respuesta a la llegada masiva de inmigrantes provenientes del continente africano mediante la construcción de residencias para los mismos en Albania, se le ha puesto fin antes de que pudiera ser siquiera puesta en marcha, ya que el número de inmigrantes desplazados ha sido insignificante. 

La intervención de la judicatura italiana ha cerrado la puerta a la “ocurrencia” de la primera ministra, por un lado, y ha elevado, por otro, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que defina si la posición adoptada por el Gobierno Meloni tiene cabida dentro del derecho de la Unión Europea.