Escocia: ¿se ha dicho la última palabra?

Da toda la impresión que sí. La sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido ha decidido de manera inequívoca que la competencia para la convocatoria de un referéndum de independencia en Escocia la tiene el Parlamento británico y que, sin su autorización, no se puede convocar ninguno. El precedente del referéndum de 2014, que fue posible porque el Parlamento británico cedió temporalmente la competencia al Parlamento de Escocia, encaja perfectamente con la doctrina del Tribunal Supremo. En lo que a la integridad territorial del Reino Unido se refiere, únicamente el Parlamento británico puede actuar unilateralmente. Y puede hacerlo sin tener que dar explicaciones de ningún tipo. Este es el derecho constitucional vigente en esta materia. 

Jurídicamente, pues, está dicha la última palabra. ¿También políticamente? ¿Podemos dar por seguro que la pretensión que ha manifestado Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia y presidenta del Partido Nacional Escocés, de seguir impulsando la convocatoria de un referéndum a través de las elecciones al Parlamento escocés, no va a tener posibilidad alguna de prosperar? ¿Podemos dar por hecho que la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias en Escocia tendrá el mismo resultado que la convocatoria de las elecciones catalanas tras los referéndums de 2014 y 2017?

Mi respuesta es que sí. Tras la catástrofe del Brexit, a la que todavía le queda recorrido, no veo que exista posibilidad de la convocatoria de un nuevo referéndum que pueda afectar a la integridad territorial del Reino Unido. No veo posible que un primer ministro británico decida permitir la convocatoria de un nuevo referéndum. La vacuna del Brexit va a ser efectiva por mucho tiempo.

Ahora bien, si Nicola Sturgeon hace efectiva la convocatoria de las próximas elecciones escocesas como unas elecciones plebiscitarias, vamos a asistir a un debate político de enorme interés. 

No podemos perder de vista que el referéndum de 2014 se convocó porque el Partido Nacionalista Escocés ganó con mayoría absoluta las elecciones con un programa en el que figuraba la convocatoria de un referéndum de independencia. Y que esta fue la razón por la que David Cameron entendió que debía permitir la convocatoria del referéndum. En esto Escocia se diferencia esencialmente de Catalunya, donde el nacionalismo está muy dividido y no muy bien avenido en esa división. 

La credibilidad que tiene el Partido Nacionalista Escocés para convocar unas elecciones plebiscitarias no la ha tenido nunca el nacionalismo catalán. Una candidatura que acudiera a las urnas con un solo punto en su programa, la convocatoria de un referéndum de independencia, y que alcanzara una mayoría absoluta muy amplia, generaría, sin lugar a dudas, un debate que sería muy incómodo para el Gobierno de Reino Unido. 

En cierta medida un resultado de esta naturaleza conectaría con la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá sobre las condiciones en que podría celebrarse un referéndum en Quebec. Si hay una mayoría clara a una pregunta clara acerca de la independencia, debe iniciarse una negociación de buena fe sobre los términos de la separación. Sería una exigencia democrática que no se debería desatender, decía el Tribunal Supremo canadiense. 

¿Pueden los resultados de las próximas elecciones en Escocia aproximarse a la hipótesis contemplada por el Tribunal Supremo de Canadá? 

No puede, por lo demás, perderse de vista que en la campaña del referéndum de 2014 a los ciudadanos escoceses se les bombardeó con la amenaza de que una Escocia independiente dejaría de ser miembro de la Unión Europea, ya que estados como España vetarían su ingreso por razones obvias. Si queréis permanecer en la Unión Europea, tenéis que votar no a la independencia. Tras el Brexit ha ocurrido lo contrario. Con una mayoría aplastante en Escocia para permanecer en la Unión Europea se ha quedado fuera. 

Jurídicamente todo está muy claro. Políticamente no lo está en absoluto. Es más que probable que asistamos a uno de los debates más interesantes sobre qué debe entenderse por democracia en el siglo XXI.

Da toda la impresión que sí. La sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido ha decidido de manera inequívoca que la competencia para la convocatoria de un referéndum de independencia en Escocia la tiene el Parlamento británico y que, sin su autorización, no se puede convocar ninguno. El precedente del referéndum de 2014, que fue posible porque el Parlamento británico cedió temporalmente la competencia al Parlamento de Escocia, encaja perfectamente con la doctrina del Tribunal Supremo. En lo que a la integridad territorial del Reino Unido se refiere, únicamente el Parlamento británico puede actuar unilateralmente. Y puede hacerlo sin tener que dar explicaciones de ningún tipo. Este es el derecho constitucional vigente en esta materia. 

Jurídicamente, pues, está dicha la última palabra. ¿También políticamente? ¿Podemos dar por seguro que la pretensión que ha manifestado Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia y presidenta del Partido Nacional Escocés, de seguir impulsando la convocatoria de un referéndum a través de las elecciones al Parlamento escocés, no va a tener posibilidad alguna de prosperar? ¿Podemos dar por hecho que la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias en Escocia tendrá el mismo resultado que la convocatoria de las elecciones catalanas tras los referéndums de 2014 y 2017?