¿Estallará el 13 de febrero el sistema electoral de la Transición?

El sistema electoral español fue definido preconstitucionalmente mediante la Ley para la Reforma Política de 1976 y el Real Decreto-ley de marzo de 1977 dictado por el Gobierno presidido por Adolfo Suárez. No elegido por los ciudadanos, sino designado por el Rey. Con un Congreso de los Diputados con 350 escaños, la provincia como circunscripción electoral, el mínimo de 2 diputados por provincia y 1 para Ceuta y Melilla, la distribución de los 248 escaños restantes en función de la población con un sistema de “resto mayor”, la asignación de los escaños a la diferentes listas de los partidos que habían participado en el proceso electoral con un sistema de “media mayor” (D'Hondt) y la barrera electoral del 3% se celebraron las elecciones del 15 de junio de 1977 y se han seguido celebrando todas las demás hasta el día de hoy. Las Cortes Constituyentes “hicieron suya” la decisión preconstitucional sin introducir modificación de ningún tipo. Lo mismo haría la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985.

La finalidad de dicho sistema era configurar un sistema bipartidista, que permitiera la alternancia en el poder de manera regular de dos grandes partidos estatales. Y la finalidad se alcanzó de manera ininterrumpida en las diez primeras elecciones constitucionales, desde 1979 hasta 2011. A partir de 2015 empezarían a producirse grietas en el sistema, aunque la tendencia hacia el bipartidismo seguiría haciendo acto de presencia. Sigue haciendo acto de presencia. La renovación de los órganos constitucionales es un buen ejemplo de ello.

En realidad, las grietas en el sistema bipartidista se manifestaron por primera vez en las elecciones europeas de mayo de 2014. La abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI sería la consecuencia más importante de la presencia de tales grietas. Aunque desde la perspectiva del ejercicio del poder las elecciones europeas no tuvieron ningún impacto excepto el que acabo de mencionar, el resultado de dichas elecciones fue interpretado como una suerte de fin de ciclo. Nada cambiaba de momento, pero nada sería igual de ahora en adelante. Las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y las generales de diciembre de ese mismo año vendrían a confirmarlo. El sistema electoral sigue intacto desde el punto de vista normativo. El sistema de partidos resultante de dicho sistema electoral es sensiblemente distinto desde 2015. No solo en el nivel estatal de nuestra fórmula de gobierno, sino también en los niveles autonómicos y municipal. Todo esto es lo que anunció el resultado de las elecciones europeas de 2014.

¿Pueden las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero tener un impacto parecido al que tuvieron las elecciones europeas de mayo de 2014? Obviamente, se trata de una consulta electoral muy distinta. No es fácil, por ello, establecer una concomitancia entre ambas.

Excepto en una aspecto, que, en mi opinión, es de suma importancia o, mejor dicho, puede ser de mucha importancia. El resultado de las elecciones de 2014 agrietó el corsé del sistema electoral de La Transición y por esas grietas se colaron diversos partidos como Podemos, Ciudadanos, Vox y otros menores. ¿Pueden las elecciones an Castilla y León ensanchar las grietas que ya se han abierto e incluso introducir algunas de nuevo cuño?

Las circunscripciones electorales en Castilla y León son relativamente pequeñas y no es fácil penetrar en el sistema electoral. Pero tampoco es excesivamente difícil, como ocurre con el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Conseguir escaños en algunas de las provincias castellanas y leonesas no parece tarea imposible para nuevas opciones políticas.

Sobre todo porque llueve sobre mojado. El resultado de las europeas de 2014 fue posible por el “hartazgo” de “bipartidismo” de la ciudadanía. En mi interpretación de tales elecciones, lo que se produjo fue una “huida del bipartidismo” por una parte significativa de la ciudadanía, que se refugió en las nuevas ofertas electorales.

La huida del bipartidismo y la presencia de nuevas opciones electorales ha relajado la presión del corsé electoral de la Transición, pero sigue existiendo una insatisfacción con el statu quo en buena parte del territorio español que ha encontrado su expresión en lo que ha venido a denominarse la España vacía o la España vaciada. Castilla y León es una de las comunidades autónomas en la que se concentra un buen número de provincias de esa España vacía o vaciada, en las cuales van a presentarse ofertas electorales con dicha denominación.

¿Hasta dónde pueden ensancharse las grietas en el sistema electoral de la Transición sin que acabe descomponiéndose? Si las candidaturas de la España vacía o vaciada consiguen escaños en diversas provincias, ¿qué impacto puede tener en las próximas elecciones autonómicas en Andalucía este mismo año y, sobre todo, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 y en las generales de finales de dicho año?

Alfonso Fernández Mañueco y Pablo Casado han decidido convocar elecciones anticipadas con el resultado de Madrid en la cabeza. Pero entre Madrid y Castilla y León la diferencia es enorme. El propio resultado de Madrid puede provocar una reacción en sentido distinto e incluso opuesto en Castilla y León. Madrid puede ser el detonante de la rebelión de las provincias. ¿Estallará en la noche del 13 de febrero el sistema electoral de la Transición?

El sistema electoral español fue definido preconstitucionalmente mediante la Ley para la Reforma Política de 1976 y el Real Decreto-ley de marzo de 1977 dictado por el Gobierno presidido por Adolfo Suárez. No elegido por los ciudadanos, sino designado por el Rey. Con un Congreso de los Diputados con 350 escaños, la provincia como circunscripción electoral, el mínimo de 2 diputados por provincia y 1 para Ceuta y Melilla, la distribución de los 248 escaños restantes en función de la población con un sistema de “resto mayor”, la asignación de los escaños a la diferentes listas de los partidos que habían participado en el proceso electoral con un sistema de “media mayor” (D'Hondt) y la barrera electoral del 3% se celebraron las elecciones del 15 de junio de 1977 y se han seguido celebrando todas las demás hasta el día de hoy. Las Cortes Constituyentes “hicieron suya” la decisión preconstitucional sin introducir modificación de ningún tipo. Lo mismo haría la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985.

La finalidad de dicho sistema era configurar un sistema bipartidista, que permitiera la alternancia en el poder de manera regular de dos grandes partidos estatales. Y la finalidad se alcanzó de manera ininterrumpida en las diez primeras elecciones constitucionales, desde 1979 hasta 2011. A partir de 2015 empezarían a producirse grietas en el sistema, aunque la tendencia hacia el bipartidismo seguiría haciendo acto de presencia. Sigue haciendo acto de presencia. La renovación de los órganos constitucionales es un buen ejemplo de ello.