La izquierda española y ERC

La repetición de las elecciones el 10N, nos ha permitido confirmar algo que la mayor parte de los analistas políticos sospechaban: la relación de fuerza entre los distintos partidos políticos es la que es y no la que el Presidente del Gobierno en funciones soñaba que iba a ser. Dicha relación se prefiguró en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y se ha ido confirmando en todas las elecciones posteriores, las de julio de 2016 y las dos de 2019.

Ha habido cambios significativos tanto en el interior del espacio de la derecha como en el de la izquierda, pero el cuadro general ha sido el mismo: equilibrio entre las derechas y las izquierdas españolas y papel determinante de los nacionalismos catalán y vasco en la formación del Gobierno.

Entre 2015 y 2018 el cordón sanitario que el PP consiguió imponer sobre el nacionalismo catalán hizo imposible que ese cuadro general se tradujera en la formación de un gobierno con mayoría no de investidura alcanzada mediante la abstención, sino con mayoría parlamentaria de Gobierno. Con la moción de censura en 2018 se levantó el cordón sanitario al nacionalismo catalán y se pudo constituir un gobierno con mayoría absoluta. Una mayoría absoluta plural, pero mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta se reprodujo en las elecciones del 28A y se ha vuelto a reproducir el 10N.

Desde que se rompió de manera inequívoca con el bipartidismo imperfecto en 2015, el marco general en el que es posible la formación de un Gobierno de verdad, con mayoría parlamentaria para poder gobernar, está claro. Es una mayoría que no puede ser de derecha. Únicamente puede ser de izquierda y únicamente puede serlo con el concurso de ERC. Obviamente, en este momento.

Esta es la realidad que no puede ser desconocida. No hay salida que no pase por hablar entre todos los que pueden formar gobierno. Los protagonistas de la negociación no deben ser solo los representantes del PSOE y de ERC, sino que deberían participar también los de Unidas-Podemos, PNV, Más País y todos los demás  que estén dispuestos a contribuir a la investidura primero y a la gobernabilidad después.

Estamos en el momento inaugural de una nueva época. Tenemos la misma Constitución que hemos tenido durante cuarenta años, pero esta Constitución es distinta desde 2015 de como lo era en las décadas anteriores. Formalmente es la misma. Materialmente no lo es. En los años posteriores a 2015, a diferencia de lo que había ocurrido durante casi 40 años, no se ha podido garantizar la gobernabilidad del país con dicha Constitución. Los partidos mayoritarios del bipartidismo del pasado no han sabido interpretar la nueva situación y adaptarse a ella. Tengo la impresión de que han seguido pensando que se trataba de un paréntesis, que se cerraría en más o menos tiempo. Los nuevos partidos también se han hecho ilusiones de sorpasos, que no eran más que espejismos que se han desvanecido en el contacto con la realidad. Esto nos ha conducido a un bloqueo permanente, en el que todavía estamos.

La Constitución de momento no se puede reformar y, por tanto, los partidos, todos, tendrán que moverse en el perímetro que la misma delimita. En esas condiciones hay que ensayar fórmulas de gobernabilidad. El pasado no se puede olvidar, pero no  podemos quedar prisioneros del mismo. Hay que dejarlo atrás y saber que lo que se va a hacer es nuevo y comporta riesgos. Pero más riesgos comporta no intentarlo.

Puesto que la izquierda es la única que puede formar Gobierno con la composición del Congreso de los Diputados, es a ella a quien le toca tomar la iniciativa. Para ello el PSOE tiene que dejar de considerarse Gobierno y empezar a comportarse como un partido más, el más importante y el único que podrá encabezar el Gobierno, pero como un partido más que tiene que definir con los demás que estén disponibles el programa que se quiere poner inicialmente en marcha en esta nueva era.

En la definición de ese programa debería estar presente ERC. Por aquí hay que empezar si se quiere salir del círculo vicioso que conduce inexorablemente al desgobierno.

Lo que vale para el Estado vale también para la Comunidad Autónoma de Catalunya. No hay salida para el desgobierno en que está instalada Catalunya desde 2012, sin reconocer que hay que sentarse a negociar con los partidos de izquierda de ámbito estatal presentes en Catalunya. El desgobierno de Catalunya anticipó el desgobierno del Estado. La recuperación de la gobernabilidad en el Estado debe anticipar la recuperación de la misma en Catalunya. Ese tiene que ser el objetivo de la legislatura.

El objetivo inmediato tiene que ser, en definitiva, restaurar la “normatividad” de la Constitución, que está ausente desde 2015. Desde 2015 la Constitución española es una Constitución “nominal”, pero no “normativa”. La distancia entre lo que ocurre en el sistema político español y lo que la Constitución prevé es notable. Incluso muy notable. Eso debe ser corregido de manera inmediata.  Una vez restaurada la “normatividad”, si se consigue hacerlo, habrá que plantearse la reforma de la misma. Pero la reforma no puede ser objetivo de esta legislatura.

La repetición de las elecciones el 10N, nos ha permitido confirmar algo que la mayor parte de los analistas políticos sospechaban: la relación de fuerza entre los distintos partidos políticos es la que es y no la que el Presidente del Gobierno en funciones soñaba que iba a ser. Dicha relación se prefiguró en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y se ha ido confirmando en todas las elecciones posteriores, las de julio de 2016 y las dos de 2019.

Ha habido cambios significativos tanto en el interior del espacio de la derecha como en el de la izquierda, pero el cuadro general ha sido el mismo: equilibrio entre las derechas y las izquierdas españolas y papel determinante de los nacionalismos catalán y vasco en la formación del Gobierno.