Juan Carlos de Borbón está chuleando a Felipe VI y al pueblo español

Está pasando lo que tenía que pasar. Juan Carlos de Borbón, como explicó insuperablemente Carolina Bescansa en “Contra la Monarquía”, ha ejercido las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas La Corona de manera incalificable. Pero las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional con legitimidad para hacer una investigación sobre su conducta durante toda su ejecutoria, se ha negado en todo momento a ponerla en marcha. 

Ante la pasividad del representante del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, el “estado profundo” ha actuado para poner fin a cualquier responsabilidad que pudiera exigírsele a Juan Carlos I ante los tribunales de justicia, confirmando una vez más, por si hacía falta, que la justicia no es igual para todos, por no decir que, cuando se ve afectada una persona como él, se aproxima a la calificación que de ella hizo Pedro Pacheco. 

Una vez concluida esta tarea, las Cortes Generales han dado un paso más, permitiendo que Juan Carlos de Borbón continúe usando el título de rey con carácter honorífico, mantenga el tratamiento de “majestad” y haya pasado a ser Capitán General de las Fuerzas Armadas en la reserva y que, a pesar de ello, pueda establecer su residencia fuera del territorio del Estado español y dejar de ser contribuyente ante la Hacienda Pública. 

Esto es abiertamente anticonstitucional. Una persona que continúa usando el título de Rey, aunque sea con carácter honorífico, que mantiene el tratamiento de “majestad” y que continúa siendo Capitán General de las Fuerzas Armadas, aunque sea en la reserva, no puede establecer su residencia fuera del territorio del Estado ni sustraerse unilateralmente a sus obligaciones tributarias. Juan Carlos de Borbón no ha pasado a ser un ciudadano español más, como lo somos todos los demás y, en consecuencia, su posición jurídica no le permite hacer lo que está haciendo. O renuncia de manera real y efectiva al título de rey, a la condición de “majestad” y de Capitán General de las Fuerzas Armadas o no puede no ya establecer su residencia fuera del territorio del Estado, sino ni siquiera “entrar y salir libremente” de España.

Juan Carlos necesitaría autorización de las Cortes Generales para poder hacerlo. Los demás ciudadanos podemos ejercer el derecho reconocido en el artículo 19 de la Constitución de la manera que nos parezca apropiada. Él no puede. Porque no es un ciudadano más, sino que tiene un estatus jurídico distinto y único para él. El principio de igualdad no le es de aplicación. 

Ante la inacción de Felipe VI y de las Cortes Generales está pasando, como decía al comienzo del artículo, lo que tenía que pasar. Está chuleando a Felipe VI y a las Cortes Generales, es decir, a todo el pueblo español en ellas representado. 

La acción de chulear es definida en el diccionario de la RAE como “acción indecorosa, propia de gente de mala educación o ruin condición”. Me parece perfecta para definir las andanzas del rey emérito. 

Ni el rey ni las Cortes pueden tolerar que esa conducta se mantenga. La falta de respeto a la Jefatura del Estado y al órgano en el que reside la soberanía nacional no es tolerable en ningún Estado democráticamente constituido. Y menos cuando dicha falta de respeto viene de quien ha tenido y sigue teniendo una posición de privilegio. 

Está pasando lo que tenía que pasar. Juan Carlos de Borbón, como explicó insuperablemente Carolina Bescansa en “Contra la Monarquía”, ha ejercido las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas La Corona de manera incalificable. Pero las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional con legitimidad para hacer una investigación sobre su conducta durante toda su ejecutoria, se ha negado en todo momento a ponerla en marcha. 

Ante la pasividad del representante del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, el “estado profundo” ha actuado para poner fin a cualquier responsabilidad que pudiera exigírsele a Juan Carlos I ante los tribunales de justicia, confirmando una vez más, por si hacía falta, que la justicia no es igual para todos, por no decir que, cuando se ve afectada una persona como él, se aproxima a la calificación que de ella hizo Pedro Pacheco.